“Artículo 6º. “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
“Artículo 7º. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”
La legislación ahí está. Nuestro derecho a la libertad de expresión es una garantía constitucional. Los dos artículos que la consagran han sido actualizados para que se adecuen a la vida moderna.
Solamente falta, siempre ha faltado, una verdadera ley que reglamente y haga claros los mecanismos bajo los cuales se debe y puede ejercer aquel derecho.
Desde que el presidente José López Portillo envió en octubre de 1977 la iniciativa para garantizar la libertad de expresión, los periodistas democráticos de México -en aquel entonces encabezados por el recordado Miguel Ángel Granados Chapa- empezaron a exigir que los dos artículos constitucionales fueran seguidos de la Ley del Derecho a la Información, cosa que se quedó pendiente debido a que los dueños de los medios se opusieron -y lo siguen haciendo- a que hubiera una normatividad que pusiera freno al libertinaje en medio del cual se han manejado siempre.
Así, ni cómo hacerle.
Segundo momento:
Por toda la geografía nacional pululan este día las celebraciones que hacen, ya sea los gobiernos de cualquiera de los tres niveles o algunas asociaciones dizque de periodistas. Son por lo general eventos rimbombantes, en los que hay discursos muy amenos y originales en los cuales algunos funcionarios o representantes o directivos de agrupaciones nos vienen a decir a los periodistas que en México hay libertad de prensa, como si fuera una dádiva que graciosamente conceden y no como lo que es realmente: una conquista de tantos compañeros que han sufrido y se han inmolado por el elusivo derecho a decir su verdad.
Y en esas celebraciones, los hombres del poder y los sedicentes representantes de los comunicadores invitan a los reporteros a frugales desayunos, a comilonas o a portentosas cenas-baile en las que todos éstos tienen oportunidad de ver cómo aquéllos departen ¡con quienes no son periodistas! Es decir: dueños de periódicos u otros medios que en su vida han escrito una línea, pero que sienten que lo que sus empleados publican es de su autoría.
Esos reporteros, esos verdaderos periodistas, que debían ser los agasajados, ven de lejos cómo se celebran unos y otros por el trabajo que ellos hacen.
Bueno, este día en Veracruz ya ni desayuno hubo. La emergencia económica…
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