Así, desde la perspectiva de un proyecto propio del actual gobierno, colocar los reflectores sobre el secretario de hacienda, abre el abanico de las posibilidades de cuadros sólidos para la candidatura del tricolor hacia la Presidencia de la República en 2018.
Hasta el momento los postulados o autopostulados para ser candidatos a la Presidencia de la República son secretarios de Estado, en esta lista podemos apreciar al secretario de Gobernación, al de relaciones exteriores, al de Educación, al de Agricultura, y al de Turismo, queriendo auto postularse como si se tratara de un sistema político de dinastía, como sucedía en China hace más de 10 años.
Faltan cuadros dentro de la administración pública que puedan ofrecer alternativas sólidas y proyectos congruentes para las elecciones del próximo año, que si bien se inspiran en las ocurridas en el estado de México, pueden ser igual o más reñidas que en la entidad vecina a la capital del país.
La noticia de mayor impacto y que exige de la atención de toda la población tiene que ver directamente con la sanción a los ex gobernadores expuestos a la luz de la justicia para servir de ejemplo y no se repitan conductas como las de Javier Duarte, en Veracruz, o de Tomás Yarrington, en Tamaulipas.
Del castigo a éstos y otros ex gobernadores dependerá, en gran medida, el triunfo electoral del PRI, porque a partir de su ejemplar sentencia se mostrará si el actual gobierno federal quiere poner un límite a los excesos que el poder otorga, podrá hacerlo.
Ahí están ex gobernadores que se creyeron virreyes y que sólo provocaron la ira de los gobernados y el desprestigio de un partido político que no estaba dispuesto a poner límites a sus militantes distinguidos.
El gobierno federal encuentra en la investigación fiscal a esos ex gobernadores a través de la secretaría de hacienda, el método más seguro para encontrar culpables sin dudas de coartadas o fueros.
Así como Eliot Ness le hiciera con el mafioso de Brooklyn, que operaba en Chicago, Al Capone, buscar el rastro del dinero, que deja siempre una huella, la secretaría de hacienda, encontrará, sin duda, pruebas suficientes para encarcelar a muchos de los que ahora están en proceso como, Luis Armando Reynoso, el panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León.
O bien, a quienes son investigados como César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz, quien renunció al consulado de Barcelona para venir a defenderse de Miguel Ángel Yunes, según dijo al dejar el cargo, y Gabino Cué, de Oaxaca.
Y, además, se reforzarán sentencias a los cuatro ex gobernadores encarcelados: los priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, y el panista Guillermo Padrés, de Sonora.
Pero como no son todos los que están, ni están todos los que son, falta por añadir a dos a quienes les pisan los talones, Humberto Moreira, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas. Tal vez en estos días pudiera añadirse algún otro que por el momento considera que la impunidad es la madre de todos los fueros.
La audiencia de Javier Duarte ante el juez que le informará que fue detenido y encarcelado con fines de extradición a petición del gobierno de México y que debió cumplirse con toda puntualidad; sin embargo, quedan muchas dudas sobre el paradero de todos sus cómplices que están distribuidos entre los diferentes ramales de impunidad, tales como
Antonio Tarek Abdalá, quien fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz.
Adolfo Mota Hernández, diputado federal del PRI en la actual legislatura y, por tanto, con fuero. Fue secretario de Educación en Veracruz en la administración de Duarte, cuando dicha dependencia entregó casi 325 millones de pesos a compañías fantasma que ya fueron inhabilitadas por el SAT.
Edgar Spinoso Carrera, diputado federal del Partido Verde Ecologista, fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es decir, se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia.
Noemí Guzmán Lagunes encabezó la Secretaría de Protección Civil en Veracruz de 2010 a 2015.
Alberto Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por mayoría relativa, con fuero, desde luego. Fue secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su administración la dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos con empresas fantasma. Al dejar la dependencia asumió la coordinación general del Comunicación Social del gobierno de Duarte y en 2015 también fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz.
Vicente Benítez González, llamado también el señor de las maletas, diputado local, goza de fuero. Fue colaborador de Duarte en 2009, cuando éste fue diputado federal. También fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la administración de Duarte, en 2012 renunció al cargo luego de que la Policía Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales que no pudieron explicar el origen y destino del dinero.
Daniel Cordero Gálvez, fue el notario que dio fe de la constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario Israel Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.
Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de Sedesol de Veracruz, firmó todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.
Arturo Bermúdez Zurita fue secretario de seguridad pública de Veracruz y muy cercano a Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones por enriquecimiento ilícito.
El ex secretario de Finanzas de Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán, renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego que el diario Reforma diera a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en Texas.
Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, acusado de enriquecimiento ilícito, está amparado para evitar ser detenido.
Moisés Mansur Cysneiros, empresario veracruzano que constituyó empresas inmobiliarias fachada para filtrar los recursos públicos en bienes raíces en Estados Unidos.
Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo invirtieron con recursos públicos en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de pesos.
Faltan algunos, pero aquí cerramos con estos nombres por falta de espacio: Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y Javier Nava Soria.
Mucho trabajo tienen sin duda en Hacienda, más habría si estuvieran todos los que resguarda una mano invisible que hace de la complicidad el puente sólido hacia la impunidad. Ese puente está construido con fuero de la más alta calidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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