Si el partido quiere votos y si la administración pública desea tener credibilidad y confianza entre la población, debe empezar a ver hacia adentro y actuar en consecuencia.
Se dice que la lucha contra la corrupción no sólo proviene de las más altas esferas del poder sino que va en serio.
Esto alegrará a la gran mayoría de los mexicanos, a quienes afectará será a aquellos que con la esperanza de algún día obtener un cargo, un puesto y un presupuesto, insisten desde el partido en ganar candidaturas.
Otros que no tendrán entre sus emociones la alegría serán los funcionarios públicos, cuyas conductas delictivas los tienen señalados como sospechosos de actos de corrupción.
Si el PRI quiere seguir siendo un partido competitivo en las urnas y si la administración pública quiere que las instituciones cobren vigencia y solidez, debe empezarse por erradicar la corrupción. Una corrupción que por lo regular alcanza la impunidad en la gran mayoría de los casos.
Los militantes del PRI llegan a la administración pública, cometen actos de corrupción, son acusados, son investigados por otros priistas y son precisamente sus correligionarios quienes, oficialmente, determinan que no hay delito qué perseguir.
No hay impunidad sin delito real, ni administración pública sin sospecha de corrupción.
El periodista Raymundo Riva Palacio comenta acerca de la propuesta del Consejero Jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, de una estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal.
“Solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotados penal y mediáticamente, y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia”.
Para ir al origen de estas actuaciones, deben depurar también la filiación, pero para los priistas siempre ha sido más importante la cantidad de militantes que su calidad moral.
La verdad es que si esta situación se convirtiera en una orden contundente, muchos de los secretarios de Estado no sabrían por dónde comenzar, incluso no sabrían si poner su nombre al principio o la final de la lista.
Por lo pronto, en Veracruz hay mucha tela de dónde cortar y si ya empezaron por investigar a Gina Domínguez “Lady Mordaza”, seguramente seguirán con otros que la antecedieron y que continuaron su obra en detrimento de los veracruzanos y a favor de la riqueza mal habida de Javier Duarte.
Los delitos que puedan encontrarle a Gina Domínguez los continuó, corregidos y aumentados, su sucesor Alberto Silva Ramos, ahora convertido en diputado federal, quien, fuero de por medio sigue pensando que algún día podría llegar a ser gobernador de Veracruz.
Se ha llegado a tal extremo en México que la impunidad, delito de corrupción de por medio, sirve de puente para ascender en la carrera política de algunos funcionarios públicos. Esto marca una señal de advertencia que debe ser tomada en cuenta por el bien de todos los mexicanos y del propio gobierno.
El PRI carece de mecanismos para investigar la corrupción, le deja toda la responsabilidad a la PGR, pero también adolece de instancias que sancionen severamente a los corruptos dentro de sus filas, esa responsabilidad también se la deja a la procuración de justicia.
La lucha contra la corrupción anunciada desde que el presidente Enrique Peña Nieto estaba haciendo campaña de proselitismo, debe tener dos vertientes iniciales y empezar simultáneamente, desde el partido y desde la administración pública.
Es necesario crear una tregua en el fuero de muchos legisladores o exigirles licencia mientras son investigados a ciertos diputados federales, Alberto Silva es uno de ellos, pero también están ahí Jorge Alejandro Carvallo, Tarek Abdalá Saad, Erick Lagos, entre otros, por el PRI.
Desde luego que la corrupción no es privativa del PRI, también en la Cámara de Diputados debe investigarse a un par de diputados federales del partido Verde, apéndice del PRI, el primero de ellos, Javier Herrera Borunda, hijo de Fidel Herrera; el segundo, Edgar Spinoso Carrera, propietario de Transportes Ejecutivos PIZA, S. A. DE R.L. de C.V. empresa que ha sido contratada desde el 2010 por el estado de Veracruz en contratos abiertos de adjudicación directa.
Spinoso es ahora uno de los investigados por el SAT porque amasó una fortuna cuantificada en 300 millones de dólares, compró múltiples propiedades en el estado de Veracruz y en el extranjero y se hizo de una flotilla de aeronaves.
El PRI y el gobierno federal tienen mucho trabajo. Esperemos que no suceda lo de siempre, que son sancionados los funcionarios públicos de medio pelo y los grandes defraudadores del dinero de los veracruzanos y mexicanos sigan escalando posiciones políticas como si se tratara de premios por su actuación corrupta que lo único que hace es que se invite a otros a delinquir, con la garantía de que no serán castigados. CORRE Y PEGA: La tarjeta “Salario Rosa” es una de las promesas de campaña de Alfredo del Mazo. El priista entrega únicamente, los plásticos a la amas de casa y les promete que una vez que gane la gubernatura les va a depositar dinero en ellas, equivalente a 20 pesos diarios… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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