Precisamente una de las razones por las que Javier Duarte se volvía incómodo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era la de que este en su afán desesperado de encontrar un salvoconducto que lo librara de la aplicación de la justicia, fuera a declarar ante cualquier autoridad los datos que el implicaran en el contubernio de sobornos con la empresa brasileña Odebrecht.
Fue así como a Herrera Beltrán se le encomendó retornar, en ese afán por intentar librar de cualquier posible implicación al gobierno federal, pero especialmente al mismo Peña Nieto, pues los asesores estimaban que de no librarle los embrollos legales, los señalamientos llegarían a la misma puerta de la Residencia Oficial de Los Pinos.
Por desgracia, las premoniciones se hicieron realidad, las acusaciones llegaron, pero al menos todo indicará que las referentes a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) habrá de difuminarse entre mientras se pueda escalar mediáticamente la relación soborno Duarte-Odebrecht, es así como ahora se da a conocer que esa entramada red de actos delincuenciales llegó y operó en Veracruz.
Según hiciera público el Diario El Financiero, dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “de fachada” del estado de Veracruz, revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según la nota de Raúl Olmos, el dinero se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte –detenido en Guatemala acusado por delitos relacionados con actos de corrupción- así como a la oficina de Odebrecht en México.
Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua, detalla el reportaje firmado por Raúl Olmos.
MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio –quien funge como administrador único de la empresa- es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica.
Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a fluir al mes siguiente de que Javier Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66% (pasó de 634 millones de dólares a mil 055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.
Los documentos consultados por MCCI y presentados por El Financiero forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil.
En el expediente al que se tuvo acceso hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa “fachada” ubicada en Poza Rica.
Blunderbuss Company de México -la empresa veracruzana a la que Odebrecht transfería dinero- se constituyó el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada.
En el acta aparece como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años de edad, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en el callejón Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica.
También funge como socio el vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien tiene su casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín de Papantla, Veracruz.
La empresa tiene once objetos sociales, que incluyen la construcción, la asesoría en administración y mercadotecnia; intermediación en toda clase de negocios, servicios de computación, contratación de personal para otras empresas (el llamado outsourcing), gestión de créditos y compra, venta y renta de inmuebles.
El 19 de diciembre de 2012 se realizó una asamblea extraordinaria para ampliar el objeto de la sociedad a la prestación de servicios “llave en mano” en las áreas administrativa, servicios operativos y procesos de producción, así como la comercialización de todo tipo de mercancías, incluyendo la exportación e importación.
Pese a su amplia variedad de servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa que sólo existe en el papel.
Ahora la pregunta será ¿cuánto tiempo más habrá de pasar para conocer a los demás implicados? ¿Dónde y cómo pudieron mantenerse en el anonimato por tanto tiempo? ¿Qué papel de protección jugo el gobierno federal en todo esto? ¿Cómo es que hasta ahora se pudo conocer el uso de estas empresas fantasmas para dichas operaciones?
La red de complicidad continúa exhibiendo sus telarañas al punto tal de que en sus redes habrán de terminar atrapados muchos más personajes que se ostentaron como garantes de la transparencia y el orden público y si no ya se verá.
Al tiempo.
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