Su mayor preocupación radica en la única causal por la que pudiera pisar la cárcel en México que es por el delito de delincuencia organizada, ese es en el fondo la razón de su mal dormir, de su necesidad de ansiolíticos, de su necesidad de ingestar más de lo debido.
Duarte de Ochoa se muestra confiado, tan es así que sus abogados anunciaron su allanamiento al proceso de extradición para enfrentar el proceso legal en México, con la intensión de que los tiempos se alineen con el proceso electoral federal del 2018.
Y es que en esa sorna que exhibe va la consigna, una que fraguó con maldad maquiavélica, si realmente el reo mexicano -como le dicen los internos- preparó todo, es seguro que llegado el momento nos tenga muchas más sorpresas.
Su proclividad a resguardar evidencia que en su momento lo pudiera implicar -y a la vez exonerar extrajudicialmente- en más problemas ha quedado de manifiesto tras los video escándalos de la famosa Eva Cadena, pues como refiriese en su momento el destacado periodista Edgar Hernández, los videos incriminatorios de toda clase de cochupos quedaron resguardados por el mismo Javier Duarte, vía el hoy también preso Arturo Bermúdez, de quien se dice habrían salido muchas de las acciones emprendidas por el gobierno estatal actual, en contra de los cómplices del ex gobernador.
Quizá lo que Duarte olvida, es que, en paralelo, existen otros muchos casos y señalamientos en su contra, uno relacionado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien sostiene una batalla legal contra la Procuraduría General de la República (PGR), luego que ésta se declaró incompetente para investigar actos de corrupción del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
El punto de conflicto es que 13 averiguaciones previas iniciadas en la PGR, por denuncias de la ASF, fueron remitidas a la Fiscalía de Veracruz durante el sexenio de Duarte, donde fueron archivadas en cuestión de minutos el mismo día en que llegaron.
El órgano fiscalizador recurrió a una demanda de amparo en contra de las declaratorias de incompetencia de la PGR y la falta de notificación en la que incurrió la dependencia cuando tomó esa decisión.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, en julio de 2015 la ASF se percató que la PGR ya no estaba a cargo de algunas indagatorias que se habían iniciado por sus denuncias contra la Administración de Duarte.
Después pudo precisar que la Procuraduría se declaró incompetente en 13 expedientes, argumentando que los delitos denunciados eran del fuero común, y los remitió a la Fiscalía local.
Según fuentes allegadas al caso, el mismo día en que las indagatorias llegaron a Veracruz, el entonces Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, amigo personal de Duarte, solicitó por oficio a la Contraloría una manifestación sobre los recursos denunciados por la ASF.
En su momento, la mayoría de los desvíos por cientos de millones de pesos pertenecía a fondos del sector salud e infraestructura previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Contralor de la administración duartista, Ricardo García Guzmán, respondió en 16 minutos por oficio a la Fiscalía manifestando que los recursos denunciados fueron debidamente aplicados.
Una hora más tarde, según informes consultados, el Fiscal decretó el no ejercicio de la acción penal.
La Auditoría presentó desde entonces una primer demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, la 6793/2015, en la que reclamó que la PGR no le hizo de su conocimiento el derecho a la coadyuvancia.
También reclamó la determinación de declinar la competencia en las averiguaciones porque en su opinión los delitos y recursos imputados en sus denuncias son del orden federal, no del fuero común.
Cuestionó que la PGR no recabara su opinión antes de que determinara enviar las investigaciones a Veracruz, decisión que tomó a sus espaldas.
Por ello, solicitó invalidar los acuerdos de incompetencia dictados por la Dirección General de Asuntos Especiales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
A ello, habrá que sumarle la denuncia realizada por el diputado local por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García quien lo denunció por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda.
Según afirmó el legislador que tras haber estudiado Derecho Internacional Público y Privado en esa misma ciudad, hace ocho años, adquirió las herramientas legales para ahora poder presentar un juicio penal ante esta misma corte contra Javier Duarte por crímenes de lesa humanidad en el sector salud al haber dado quimios falsas a niños, a madres y pruebas de VIH piratas a jóvenes”, precisa en su cuenta de Facebook.
En ese sentido, informó que este domingo “se reunió con ex compañeros parisinos que ya son abogados litigantes en la materia penal y penal internacional y perfeccionamos la denuncia (writ of prossecution) misma que se presentó este lunes y en la que vayan bien adminiculadas las pruebas, las pretensiones y sobre todo los requerimientos que la fiscal hará al gobierno federal, al gobierno de Veracruz, PGR, AFS, ORFIS, y Secretaria de Salud. De esta no te salvas Javier Duarte.”
El legislador regio dijó que Duarte desvío 751 millones de pesos del sector salud de Veracruz, lo que puede ser tipificado como un delito grave, que pudiera ser suficiente para procesarlo en los tribunales internacionales.
A ver si con esto se le desfigura la sonrisa de la maldad, tras el cumuló de estratagemas delictivas que emprendió, que por cierto, tan solo por el delito de delincuencia organizada prescribirán en marzo del 2076.
Al tiempo.
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