La historia no siempre (más bien, muy pocas veces) es como la narran nuestras autoridades.
A raíz de la cobarde ejecución de los mandos de la Policía Federa Camilo Castagné y José Rigoberto Peña, ocurrido en Cardel la tarde del sábado 24 de junio, las fuerzas federales iniciaron una fuerte ofensiva contra el grupo criminal que opera en la región de La Antigua, identificado como una facción del cártel Jalisco Nueva Generación.
El suceso causó tal conmoción a nivel nacional, que hasta el Presidente Enrique Peña Nieto censuró tal ataque y provocó que toda la maquinaria policiaca y militar se concentrara en la solución de ese atentado.
No había transcurrido una semana cuando las fuerzas federales anunciaron la captura de diez sujetos, entre los cuales identificaron a las cuatro personas que fueron captadas por cámaras de video cuando asesinaban a los jefes de la Policía Federal.
El reporte oficial mencionó que mediante un operativo desplegado en una casa ubicada en la confluencia de las avenidas Hacienda Corralejo y Corregidora de la colonia Los Ángeles Mayorazgo de Puebla, ubicaron y detuvieron a los probables responsables del atentado perpetrado 24 de Junio.
Los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz y puestos a disposición de un juez de Distrito del estado de Puebla, quien determinó que no procedía vincularlos a proceso por portación de arma de fuego y que no se acreditaron los otros cargos.
¿La razón?
“Lo narrado por los elementos aprehensores –Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR- se encuentra en oposición a los datos de prueba’’, explicó el juez.
Explicó que la captura de este comando “no ocurrió en la forma descrita’’.
Rubén Torres, reportero del periódico El Economista, sugiere que los responsables del operativo para la captura de los presuntos homicidas, usaron el antiguo sistema: “crear’’ culpables de oídas. Ahora, con el nuevo Sistema Penal de Justicia, eso ya no se vale. Los policías deben sustentar bien sus casos y cuidar hasta el último detalle los procedimientos.
“El juzgador fue generoso y calificó de ‘legal la detención’ y destacó que ‘tal determinación no tiene efectos de sobreseimiento por lo que la representación social –PGR- está en posibilidad de continuar la investigación’, y pero ordenó la inmediata libertad de los detenidos”, narró Rubén Torres.
Para evitar que los detenidos obtuvieran su libertad, la Fiscalía General de Veracruz se echó un “bomberazo” y en cuestión de horas elaboró un expediente en contra de los diez sujetos y solicitó a un juez del fuero común órdenes de aprehensión en contra de todos ellos, por homicidio. Los reos fueron trasladados del penal federal al “penalito” de Boca del Río.
Fue por eso que el gobernador de Veracruz externó su molestia y en Orizaba demandó a los legisladores que trabajaran en realizar las reformas necesarias para “perfeccionar” el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Pero el problema no está ahí.
En su colaboración para el periódico El Financiero, Antonio Cuéllar lo explica así:
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal parte del respeto puntual al derecho humano de presunción de inocencia, por el que nadie, absolutamente nadie, debe ser privado de su libertad sino hasta que auténtica y objetivamente se demuestre su absoluta culpabilidad con relación a un hecho que la ley identifique como un delito (…) Son tantas las detenciones hechas por ministerios públicos estatales en las que, habiéndose presentado al imputado, éste regresa a la calle con motivo de la liberación que le otorga el juez de control (…) que distintos órganos de gobierno local están solicitando la inclusión de un número mayor de delitos de entre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“La idea constituiría un atentado contra el nuevo sistema y la protección de los derechos humanos que tanto ha demandado y persigue nuestra sociedad (…) Es necesario que la ciudadanía sepa y esté enterada de que la liberación de sujetos de alta peligrosidad, si ocurre, tendrá lugar con motivo de la incapacidad de los ministerios públicos responsables al ofrecer pruebas y formular argumentación jurídica necesaria para demostrarla.
“El texto de la Constitución permite la solución del problema que los ejecutivos estatales y el jefe de Gobierno avizoran. No se trata de retrotraer los efectos de la beneficiosa reforma de la Constitución en materia de procuración de justicia penal, se trata, como con relación a muchos otros problemas más, de la adecuada preparación de quienes tienen bajo su encomienda el cumplimiento de la ley, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales: los ministerios públicos, los defensores y los jueces”.
En resumen: Menos lamentaciones y más capacitación.
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Epílogo.
Ya fue consignado en diversos medios, pero no se puede pasar por alto. Al encabezar la ceremonia de izamiento de banderas, en el marco del XV aniversario de la Conago, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los gobernadores a “jalar parejo” en materia de seguridad, fortaleciendo sus instituciones de justicia para atender la demanda de la población. Afirmó que la fuerza de México se sustenta en la fortaleza de sus estados, en la medida que éstos se consoliden, el desarrollo será más rápido. ¿Así o más claro? *** El regidor quinto del ayuntamiento de Cerro Azul, Rogelio Hernández Andrade, fue asesinado la noche del lunes cuando llegaba a su hogar en la calle Buenos Aires, colonia Deportiva, de la cabecera municipal. Minutos antes de las 12 de la noche, el edil de 44 años de edad, llegaba a su domicilio en su vehículo, cuando recibió varios impactos de bala. La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano lamentó y reprobó el homicidio de su compañero Rogelio Hernández Andrade y atribuyó el hecho al “clima de inseguridad, violencia y zozobra en que vivimos los veracruzanos”. *** En Córdoba, este martes, un hombre murió y una niña de cinco años resultó herida como consecuencia de una agresión por arma de fuego cuando un comando armado ingresó a una casa en la avenida 4 a la altura de la calle 2, en el Barrio de Las Pitayitas. *** En el sur, dos personas de sexo masculino fueron encontradas ejecutadas en el camino viejo Jáltipan-Texistepec, cerca del puente de la autopista. Uno de los cuerpos fue encontrado a orillas del camino, en tanto que el segundo se ubicó en un desnivel del mismo entre la maleza. Horas más tarde los cuerpos fueron identificados. Corresponden a Saúl Rueda Gómez y a su sobrino Mariano Gómez Pérez, de 36 y 22 años de edad, respectivamente, originarios y vecinos de la congregación Chalcomulco, municipio de Soconusco. Ambos se dedicaban a las labores del campo. *** Ojalá el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares atienda el llamado del Congreso local y envíe a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié para que explique las razones de tanta violencia y lo que están haciendo para frenarla.
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