Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ocupa su tiempo librando inútiles batallas políticas con Andrés Manuel López Obrador, colocándose la medalla de la sujeción a proceso penal de Javier Duarte de Ochoa o promoviendo a su hijo el alcalde de Boca del Río como su sucesor, Veracruz se hunde en una espiral de violencia incontrolable.

De norte a sur, una estela de sangre y muerte cubre al estado y le arrebata la vida a personas inocentes. Sí, inocentes, pues a diferencia del gastado y engañoso discurso del “se matan entre delincuentes”, la realidad es que la violencia común, la que no tiene que ver con operativos contra narcotraficantes, ha despuntado de manera insufrible, sin que el gobierno estatal tenga una sola respuesta ya no digamos satisfactoria, sino siquiera convincente de que sabe qué hacer para contener un problema que se le salió de las manos hace mucho.

En los últimos días, en Veracruz la muerte ha tenido permiso absoluto de parte de autoridades indolentes, caprichosas e incapaces, que ocupadas como están de la política, han dejado al garete su principal responsabilidad: garantizar la integridad física de los habitantes del estado que buscaron gobernar, y con el cual ahora ya no saben qué hacer.

En las narices de las autoridades que debieran proteger a los ciudadanos, jóvenes son agredidos, baleados, secuestrados, asesinados. Lo mismo en Minatitlán que en Orizaba, en Xalapa, en Jilotepec y en Emiliano Zapata. Por nada. Por robarlos. O por el puro gusto de matar y saberse impune.

No hay en Veracruz quien ponga el mínimo orden. Ni el Gobierno del Estado. Ni la Federación. Mucho menos los ayuntamientos, cuya única preocupación en estos momentos es el consabido “año de Hidalgo”. La población, que se chingue.

No hay otra forma de decirlo. Es inconcebible que ante la sucesión de actos violentos como el asesinato de una joven que se resistió a un asalto en una unidad habitacional en el municipio de Emiliano Zapata, o de otra que apareció decapitada en Minatitlán, el gobierno haga mutis, se escude en justificaciones pueriles y desgastadas, o lo que es peor, se cebe en las víctimas para criminalizarlas y responsabilizarlas de su suerte. Exactamente igual que se hacía en el sexenio anterior.

No por nada, en varias ciudades, en varias de sus colonias, los ciudadanos han decidido tomar la justicia en sus manos, patrullar por su cuenta para vigilar, someter e incluso linchar a quien sorprendan cometiendo algún delito. Literalmente, es la ley de la selva, donde más que imperar la fuerza, gobiernan el miedo y la sinrazón.

Y en una muestra más de su incapacidad para ofrecer respuestas, la clase gobernante busca desentenderse de sus propias responsabilidades y transferírselas a la población. En lugar de exigir a los responsables de la seguridad del estado hacer su trabajo, los supuestos representantes de la gente, los diputados, prefieren legislar para que sean las personas las que se ocupen de defenderse a sí mismas, porque está visto que con la autoridad no se cuenta.

Y es que resulta mucho más fácil echarle de todo la culpa a Duarte o a Fidel, que aceptar que se fracasó en un tema fundamental. Por soberbia, necedad o franca incompetencia.

Sólo que éste es un fracaso demasiado sangriento, que todos los días cuesta vidas en Veracruz.

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