Primero fue con la fallida solicitud de desafuero que presentó en contra del extesorero Tarek Abdalá, actual diputado federal por Cosamaloapan.

Ahora, el fiscal general Jorge Winckler ha vuelto a errar con el mismo procedimiento legislativo para desaforar al diputado tuxpeño Alberto Silva Ramos, ya que entrevistado al respecto, el líder de la bancada del partido tricolor, César Camacho Quiroz, declaró que “ese asunto ha quedado sin efecto, justamente por la deficiencia de la actuación de la Fiscalía de Veracruz”.

Igualmente, la semana antepasada, en un artículo publicado en el diario El Universal, el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República y exembajador de México en Francia, le corrigió la plana al fiscal yunista al puntualizar que “el gobierno mexicano está impedido de juzgar a Javier Duarte por conductas distintas a las que se establecieron en la solicitud de extradición”, refutando lo que Winckler había sostenido en una conferencia de prensa sobre otros presuntos delitos que, según él, sí se le podrían imputar al exgobernador recién extraditado de Guatemala. 

“Por la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición, las fiscalías federal y local hoy se encuentra limitadas. No podrían imputar otros delitos a Javier Duarte, en consecuencia, pese a todo lo publicado y dicho, el exgobernador (impunidad) ganaría una limpieza jurídica de sus conductas al impedírsele al gobierno actuar en su contra por otros delitos no incluidos en la extradición”, precisó el exrector de la Escuela Libre de Derecho y titular de la Notaría Pública número 116 de la Ciudad de México.

A principios de mayo de este año, el senador priista Héctor Yunes Landa, en un texto que difundió con el título “Winckler y su patrón, cada día más ‘Maduros’ ” –en alusión al dictador venezolano Nicolás Maduro–, exponía que “es tan larga ya, en tan corto tiempo, la lista de agravios y actitudes despóticas que ha realizado el Fiscal General de Veracruz y el solapamiento que de éste sigue haciendo el gobernador, que sólo se puede entender por algún tipo de complicidad inconfesable o porque el empleado supuestamente ‘autónomo’ simplemente cumple órdenes de su ‘jefe’ (…)”.

El comentario de Yunes Landa había sido motivado por el exabrupto de Winckler, quien había calificado de corruptos a los diputados locales y federales, de los cuales dijo avergonzarse, precisamente porque no habían procedido los desafueros solicitados contra el legislador Tarek Abdalá y el alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, acusado de violencia familiar equiparable.

“Quienes ya lo conocían y quienes ahora lo conocen –escribió hace tres meses el senador Héctor Yunes–, opinan que el fiscal Winckler es un tipo limitado, de escasa experiencia, cuyos dislates sobrepasan los niveles razonables de torpeza propios de los políticos inexpertos que piensan que el poder es infinito e ilimitado y que sus agravios no tendrán consecuencias.

“Hay, desafortunadamente, numerosas organizaciones civiles que han sido agraviadas por este fiscal, como lo señalan los colectivos ‘Solecito’ y ‘María Herrera’, quienes a pesar de que sus peticiones se refieren, exclusivamente, al grave tema de los desaparecidos, tema significativamente sensible para toda la sociedad.

“Pero atreverse llamarle corruptos a todos los diputados, sin pruebas, a las que estaría obligado, refleja sus enormes limitaciones, ya sea porque se le ocurrió –cosa que dudo– o porque su ‘jefe’ le ordenó hacerlo. Grave de ser así.

“En cualquier caso, considero que alguien de mediana inteligencia no lo habría hecho. De tal magnitud fue la reacción de los diputados locales y federales en contra de Winckler, que la propia presidenta del Congreso Local, por cierto de su propio partido, le corrigió la plana, al declarar que la carpeta que el fiscal envió al Congreso para el desafuero del presidente municipal de Fortín estaba mal integrada.

“Similar falla garrafal han tenido otras carpetas de investigación elaboradoras por la Fiscalía ‘autónoma’ de Winckler, con consecuencias aún más graves, como el caso de los peruanos que recientemente robaron en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa y que inmediatamente después del robo fueron perseguidos y detenidos por policías estatales, para posteriormente ser liberados por una jueza, quien, al igual que la diputada Manterola, fundamentó la liberación de los detenidos a la mala integración de la carpeta de investigación por parte del fiscal ‘autónomo’.

El senador Yunes Landa remarcó que en el caso de Winckler, “el tema de fondo es que un funcionario que debe esmerarse en procurar justicia y hacer expeditos los procesos para ello, así como dar respuestas eficientes a las demandas de los grupos, personas e instituciones que demandan su atención, esté siendo usado como ‘guarura mediático’ ante la tan evidente falta de resultados de un gobierno estatal que pretende recuperar el apoyo social mediante ‘pan y circo’ y profiriendo ofensas en contra de un Poder al que debe absoluto respeto.