La última encuesta levantada por El Universal/Buendía&Laredo, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, mantiene a Morena en la cúspide de las preferencias electorales en el país, con una intención de voto de 23 por ciento (un punto menos que su anterior ejercicio en mayo), seguido del PAN, que pasó de 23% a 19% (cuatro puntos menos) y del PRI, que pese a que subió 4 puntos y ligar 16 por ciento, se mantiene en tercer lugar. El cuarto lugar fue para el PRD, que bajo del 7 al 6 por ciento.

            Lo interesante del caso es que el próximo año podremos ver si la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de no fraguar alianzas con ningún partido, y en cambio preferir que haya desprendimientos individuales de todos ellos en apoyo a su proyecto de Nación, surtió el efecto esperado para lograr por fin la Presidencia de la República. Si el llamado, que ya ha logrado la simpatía de muchos dirigentes y militantes del PRD (pero también del PAN, el PRI y otros partidos, además de empresarios antaño distanciados de sus posturas), pega bien, es posible que logre su propósito.

            Sin embargo, como ocurrió en la elección de Gobernador en el Estado de México este año, es posible que –además de cometer actos fraudulentos– se busque atomizar la fuerza de la izquierda y que los otros dos partidos fuertes, el PAN y el PRI, logren equilibrar sus fuerzas gracias a coaliciones con partidos satélite.

Por ejemplo, todo parece indicar que, en el anunciado frente amplio opositor, el PAN logre aliarse con el PRD y el Panal. Si eso ocurre, la suma de porcentajes mostrados en la encuesta mencionada puede darle a esa coalición un 28 por ciento, para superar el 23 por ciento de Morena. Para el PRI puede resultar más difícil si bien, según esta encuesta, tiene oportunidad de incrementar sus números. De hecho, de mayo a julio subió 4 puntos, mientras los demás bajaron: Morena y PRD, 1 por ciento, y PAN, 4 puntos. Si se suma al PVEM, que obtuvo 5 %, ambos estarían en alrededor del 21 por ciento.

Hay un factor que puede afectar a Andrés Manuel López Obrador. La selección de Claudia Sheimbaum como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, gracias a una encuesta no del todo confiable, podría generar el divorcio de Ricardo Monreal, quien ha dicho que él será candidato al mismo cargo, aunque tratará de convencer a Andrés Manuel de que sea por Morena. Ya el PAN y el PRD, incluso con Movimiento Ciudadano, se soban las manos pensando en proponerle la candidatura y poder darle la batalla por la segunda entidad en número de votos, lo que tendría impacto en la elección presidencial.

Desde mi punto de vista, ganará Sheimbaum, no hay duda, aunque no logre (en caso de enfrentar a Monreal) aportarle a López Obrador los más de dos millones de votos que le harían invencible en su ruta rumbo a Los Pinos, lo que no quiere decir que pierda las posibilidades.

Desiderio Morales escribe, en SDP Noticias, que “si Monreal  emigra de MORENA y compite por alguna Coalición, el resultado sería arsénico puro, de graves consecuencias para AMLO, no sólo por el impacto en la CDMX, sino porque dañaría su aventura presidencial. Si pierde la Sheinbaum, incondicional de López Obrador (quien se decidió por una empleada y no por un aliado como Monreal), los enemigos del Peje se quedarían con el segundo botín electoral más grande después del Estado de México: la CDMX tiene 7.3 millones de electores, 8.8% del total nacional (Edomex, 11 millones, es el primero con 13.2% de los electores)”.

Y añade otro escenario: “Si gana Sheinbaum, pero Monreal se le acerca a su incondicional morenista en los resultados electorales (lo más viable en este escenario), lastima la cosecha de votos para su candidatura presidencial, y merma sus posibilidades de llegar a Los Pinos.”

Todo, por supuesto, son mera elucubraciones.

En 2018, la elección más cara y sucia de la historia

Lo que ocurrirá en 2018 será la más alta erogación pública destinada a procesos electorales en la historia de México. Aunque las leyes electorales han buscado el exclusivo financiamiento del Estado a partidos políticos para evitar la participación de facciones, grupos de poder y bandas criminales en la definición de los resultados, a todos nos queda claro que será la más corrupta, la que verá la participación más alta de dinero sucio y la más descarada utilización de recursos públicos para la compra de votos.

Según datos aproximados, es posible que participen en los comicios del próximo año más de 3 mil 300 candidatos, una cifra que no se puede precisar por la posibilidad de alianzas entre partidos y la participación de candidatos independientes, lo que haría disminuir o incrementar esta cifra.

En un escenario en que, además de la elección presidencial y del Congreso de la Unión, varios estados, entre ellos el nuestro, tendrán elección de Gobernador y de Congreso local, la concurrencia de la elección federal más reñida significará una dificultad insorteable de parte de las autoridades electorales para vigilar la legalidad de partidos y candidatos en materia de topes de gastos de campaña, desvío de recursos públicos a actividades proselitistas, uso de programas sociales y de infraestructura a favor de los partidos en el poder y participación del crímen organizado.

Según un artículo de Liébano Sáenz, publicado en Milenio, el Instituto Nacional Electoral planea solicitar 25 mil millones de pesos para la organización de los comicios del próximo año, que se dividiría en un 73 por ciento para su gasto operativo, mientras que el resto (cerca de 7 mil millones), sería para financiar a partidos y candidatos independientes.

A ello, señala quien fuera vocero de Luis Donaldo Colosio durante su fallida campaña presidencial, habría que añadir los presupuestos del Tribunal Electoral y de los órganos electorales locales, el valor de las prerrogativas de radio y televisión. “En suma, el gasto electoral es desproporcionadamente elevado y no existe país alguno que invierta tanto en sus comicios”. Y añade: “la democracia cuesta y, en México, cuesta mucho, pero más cuesta el déficit de confianza”.

La paradoja planteada por Liébano Sáenz es que, pese a que cada año se gasta más en temas electorales, la confianza en los comicios ha ido disminuyendo y, aunque partidos y legisladores buscan que el gasto disminuya, entre 2012 y 2018, el incremento sería del orden de 24 por ciento.

“En medio de todo esto, se han reducido los tiempos de campaña y también se han unificado las elecciones locales con la federal bajo la tesis de que, con ello, se disminuye el gasto, cosa que no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con la decisión de haber empleado los tiempos del Estado para publicidad de radio y tv. Los partidos y los órganos electorales se han apropiado de éstos, bajo la tesis de que era el principal rubro de gasto; sin embargo, el gasto va al alza”.

Y pasa a una parte del gasto que nadie podrá nunca calcular. “El gasto de campaña no oficial o no fiscalizable está presente y va en aumento. Los bajos topes de campaña han provocado un gasto subrepticio con efectos perniciosos en perjuicio del interés público, a pesar del esfuerzo institucional para mejorar la fiscalización del gasto de campaña y de las obligaciones de partidos y candidatos de presentar informes pormenorizados de lo que reciben y gastan. Claro, se reporta en ingreso y gasto lo fiscalizable, lo demás -que no es poco- simplemente es parte de una realidad que se impone por la lógica misma de la competencia por el poder”.

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