Si en el reciente proceso electoral municipal el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en Veracruz a su “Eva” (Cadena) –la diputada local que fue grabada en la habitación de un hotel en Coatzacoalcos recibiendo fajos de billetes para su abortada campaña a la alcaldía de Las Choapas, lo que detonó un gran escándalo nacional que repercutió en contra de otros abanderados lopezobradoristas, como la maestra Delfina Gómez, que perdió por menos de tres puntos porcentuales la gubernatura del Estado de México ante el priista Alfredo del Mazo Maza–, ahora al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se le acaba aparecer su “Adán” con tremenda manzana envenenada en la persona de Rafael Abreu Ponce, quien estaba a cargo del organismo operador del agua en el antiguo Puerto México pero el cual acaba de ser expulsado del edén gubernamental por el brete en que metió al mandatario estatal del PAN por la entrega de despensas a damnificados sureños a través de la asociación civil “Yúnete, A.C.” que apoyó la campaña electoral de Yunes en 2016 y que presuntamente comenzaba a hacer proselitismo político para la sucesión estatal de 2018, en la que el gobernante blanquiazul pretende heredarle el poder a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde de Boca del Río.       

Y es que ante la condena generalizada por el lucro político de la desgracia de la población afectada por el sismo y el huracán “Katia” –a la que se sumaron el presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y hasta el actor Diego Luna, quien en su cuenta de Twitter tachó de “sinvergüenza” al “tal Yunes”–, el gobernador de Veracruz trató de deslindarse primero de Abreu Ponce, afirmando que “yo no ordené esas acciones, yo no ando entregando despensas, ni lo haré”, y señalando como autor al director de la CAEV en Coatzacoalcos, al que inicialmente obligaron a pedir disculpas públicas a través de un comunicado y deslindando de estos repudiados hechos al gobernador y a sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, uno aspirante a la gubernatura y el otro alcalde electo del puerto de Veracruz, con los que el exfuncionario mantiene una estrecha relación.

Sin embargo, como el mea culpa de Abreu Ponce no fue suficiente para sofocar el linchamiento mediático y en redes sociales, él y otros dos exfuncionarios tuvieron que ser cesados y sometidos a investigación por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la situación de Yunes Linares se complicó ya que este martes circuló en las redes sociales un video en el que presuntamente se escucha decir a Rafael Abreu, cabeza de la asociación civil “Yúnete, A.C.”, que estaban “atendiendo instrucciones del gobernador”, lo que echaría por tierra la afirmación del mandatario panista de que “no estaba enterado” de la entrega de despensas, en cuyo operativo casualmente también participó Ricardo Cabrera Ferez, delegado regional de Patrimonio del Estado en la zona de Xalapa –que además de la capital veracruzana abarca otros 27 municipios, entre ellos los de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Perote y Teocelo–, el cual es sobrino del exregidor del PAN en Coatzacoalcos, Víctor Manuel Esparza Pérez, actual director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y jefe de Abreu Ponce. 

A Cabrera, por cierto, se atribuye también el reparto de recursos a los candidatos del PAN a las alcaldías de su circunscripción administrativa en el proceso electoral municipal de junio pasado.

Ahora, para emparejar los cartones, con base en un par de denuncias presentadas por el CDE del PAN, la Fiscalía General del Estado abrió también carpetas de investigación contra la diputada federal de MORENA, Rocío Nahle, a la que acusan de entregar despensas a nombre de su partido a damnificados de Coatzacoalcos, y contra “quien resulte responsable” del supuesto desvío de 1,300 millones de pesos del erario estatal a la campaña del candidato del PRI a la gubernatura en 2016.

A ver si el fiscal mide con el mismo rasero a Yunes Linares y a los adversarios de su jefe político.

LA JUCOPO, ¿PARA MORENA? 

El grupo legislativo del PAN, coordinado todavía por Sergio Hernández, se aferra a seguir manteniendo el control de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local porque según su interpretación del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, como fracción mayoritaria con más de 20 diputados –pues han ido cooptando y sumando a su bancada a legisladores del PRI, PVEM y ¡hasta uno de MORENA!–, les correspondería seguir presidiendo la Jucopo por toda la LIV Legislatura, cuyas funciones concluyen a principios de noviembre de 2018. 

En su intento por sustentar jurídicamente que “MORENA no debe tener la presidencia de la Jucopo del Congreso del Estado de Veracruz”, los panistas argumentan que “la ley no debe ser interpretada de forma aislada, sino en un contexto general”, para lo cual se apoyan en el artículo 28, párrafo II, de la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, que estipula lo siguiente: “Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del Grupo Legislativo comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo… El Presidente del Congreso llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realicen por el sistema de voto ponderado.”

Sin embargo, el grupo legislativo de MORENA, que por ser la segunda bancada con mayor número de diputados reclama la presidencia de la Jucopo que debió asumir desde el pasado viernes 8 de septiembre, está exigiendo que se le respete este derecho previsto en el quinto párrafo del artículo 31 de la misma ley que rige al Poder Legislativo, en el cual –vigente desde noviembre de 2010– se consigna que “para los efectos de la instalación de la Junta y la determinación de su presidente, el número de diputados integrantes de los grupos Legislativos se computará con base en el que corresponda exclusivamente a cada partido al momento de iniciar sus funciones la Legislatura, sin incluir a diputados provenientes de otros partidos, aunque hubieren renunciado a éstos de manera previa.”

Si finalmente, por ley, MORENA logra hacerse de la presidencia de la Jucopo, más que para sus diputados ignorantes va a ser un duro golpe para el PAN, ya que históricamente el partido fundado por don Manuel Gómez Morín siempre se distinguió por tener en sus filas a parlamentarios y abogados combativos por su sabiduría jurídica y técnica legislativa.

ANILÚ, PUNTUAL EN SU ACTUAR 

Muchos usan el concepto de transparencia como una moda en su discurso. Sin embargo, en política, es un valor que debe demostrarse en el actuar. Y la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, le ha dado ya ese sello a su trabajo, como lo demostró en estos días con la entrega de despensas en las zonas vulneradas por el huracán “Katia”.

La funcionaria federal acudió personalmente a los municipios afectados para constatar que la entrega de apoyos se diera de manera puntual entre quienes verdaderamente lo necesitan, por lo que incluso pidió el acompañamiento del Ejército Mexicano para dar mayor transparencia a la entrega de estos apoyos institucionales.

Con el oficio político que la caracteriza, Ingram Vallines transita con todos los grupos políticos, tanto del PRI como de otros partidos, pues esta semana incluso fue acompañada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la panista Mariely Manterola, en la entrega de despensas a los damnificados, en cuyo reparto también participó personal de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado.

Así, la delegada federal de la Sedesol, a diferencia de otros, no trata de jalar agua para su molino buscando lucrar políticamente con la desgracia, sino que, por el contrario, ha hecho gala de su sensibilidad, consciente de que cuando de Veracruz y de los veracruzanos se trata, se debe trabajar parejo, sin distingo partidista.