De esta manera, en el escenario, la operación debía llenar el camino de distractores, que pudieran en su momento contener la presión mediática, misma que seguramente, terminado el mandato Peñista, se extinguirá para nunca más ser tema.
Por lo pronto, será momento de generar todos los distractores posibles para alejar los reflectores de la misma Residencia Oficial de Los Pinos, en donde su principal inquilino, el presidente Enrique Peña Nieto, habrá de concentrarse más en la selección del posible sucesor, que habrá de llevar al PRI, de nueva cuenta a retener la presidencia, ante los embates del esquizofrénico y demencial Andrés Manuel López Obrador.
Para ello, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del 2012 a 2016 del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austín, por la investigación del Caso Odebrecht.
Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.
El ex director de la petrolera compareció el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa diligencia, la Procuraduría aceleró sus actuaciones y realizó los requerimientos previamente enlistados, según señaló el Diario Reforma en una nota firmada por el reportero Abel Barajas.
El ex funcionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial.
Tres directivos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht lo señalan de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos. Lozoya ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.
Siete meses después de iniciada la indagatoria, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR hizo el pedido de información bancaria, aunque no solicitó el congelamiento de sus cuentas.
La CNBV deberá reportar a la PGR los estados de cuenta, depósitos y retiros de las cuentas de ahorro, inversión y cheques de Lozoya, así como las transacciones en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante o representante legal.
Otros requerimientos en relación a su persona son los documentos de cajas de seguridad y bursátiles que acrediten la compra de acciones o valores, incluyendo cartas de instrucción, compraventa de cheques, de caja y divisas.
Una fuente federal dijo que esperan que en un mes la CNBV rinda los informes a la PGR.
La Procuraduría sólo está a la espera de los datos bancarios y patrimoniales, y de los testimonios rendidos en Brasil por los tres ex directivos de Odebrecht, para decidir si manda a juicio el expediente.
Pero esto a su vez nos obliga a cuestionarnos, ¿Por qué este mismo procedimiento no se les practica a las cuentas de Javier Duarte o Fidel Herrera?, ¿Qué detiene a la PGR de mandarles a citar o declarar?, ¿Quién protege al menos al ex gobernador Herrera?
Recientemente, le habría sido entregado en su domicilio un citatorio por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) que encabeza Jorge Winckler Ortíz, en relación al tema de los medicamentos clonados en la Secretaría de Salud.
Sin que nada, ni nadie, de cuenta del paradero del ex mandatario.
De esta manera todo indicaría que el sacrificado por la administración federal en este tremendo entuerto será el propio Lozoya.
Al tiempo.
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