La más reciente de todas estas entramadas redes fue señalada por el alcalde electo de San Andrés Tuxtlas, Octavio Pérez Garay, quien en entrevista con este reportero reconoció que detrás de este mega fraude operó de manera ilegal la empresa Luminarias de Veracruz, S.A. de C.V., (Lumiver), quien se habría beneficiado de un contrato millonario tan solo con el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por adjudicación directa de 36 millones 934 mil 730 pesos.
El también ex legislador local, admitió que a todas luces se violentó la Ley, pues por el monto, dicha obra debió ser licitada en forma nacional, cosa que no ocurrió.
Aunado a ello, el domicilio fiscal que ofrece la empresa misma que señala ubicarse en el edificio de la calle Zamora No. 422 de Boca del Río, mismo que constan en copias de la documentación en poder del alcalde electo, no existe.
Pérez Garay solicitará al Congreso local que el ORFIS revise la Cuenta Pública 2015, ya que la adjudicación de la obra se hizo el 31 de agosto de ese año.
Cuestionado sobre si estaríamos ante la presencia de una empresa fantasma, el munícipe electo acusó que es evidente y se irá hasta las últimas consecuencias, pues en este negocio se incumplió con el proceso de adjudicación de la obra, como con la obra misma, ya que afirmó la obra ya fue pagada en su totalidad y se comprometían a dotar e instalar luminarias LED en el municipio de San Andrés Tuxtla, el contrato se hizo por cambiar las 5 mil 400 luminarias que existen en la ciudad; aunque únicamente se entregaron 3 mil 400 lámparas, todas de mala calidad.
Cuestionado si el actual alcalde Manuel Rosendo Pelayo habría sido cómplice del hecho, subrayó que el único responsable es el, quien además no hace nada por hacer efectivo el contrato que garantizaba 15 años de luminarias y que podrían ellos regresarlas en caso de que estuvieran fallando y tengo la información de que se han regresado y no las han podido componer, porque la empresa no existe”, sostuvo.
Lo grave de este asunto, está en el hecho de que para poder desarrollar este proyecto el Ayuntamiento solicitó un crédito ante el Congreso del Estado y la misma avaló un fraude al no haber licitación conforme marca la ley, esta empresa ni siquiera puede comprobarse que era la mejor opción.
¿Pero quienes son los beneficiarios de todo este entuerto?
Según se ha podido saber afirma Octavio Pérez, el representada legalmente de la citada empresa sería Jaime Eduardo Monge Maldonado, presunto presta nombres de Cecil Duarte de Ochoa, hermano del exgobernador y ahora reo Javier Duarte de Ochoa, quien habría sido operador en la ciudad de Tuxpan de la Asociación Civil “Juventud Dinámica”, misma que presidía cuando su hermano buscó la gubernatura.
El munícipe electo por la vía independiente mencionó que este desfalco es sólo la tercera parte del total de problemas económicos que heredará de la administración de Manuel Rosendo Pelayo, pues el total de endeudamiento supera los 100 millones de pesos, mismos que nadie dice dónde quedaron o quien se los llevó.
El mismo problema lo enfrentan otras demarcaciones municipales como Acayucan y Cosamaloapan en donde los tentáculos del hermano del entonces gobernador se habrían hecho presentes, con actos de intimidación e incluso amenazas aquellos que no le cedieran la posibilidad de meterle mano a sus presupuestos, so pena de que no habría mayor apoyo para ellos.
Al tiempo.
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