Solamente a alguien que vive obsesionado con el poder, con los asuntos electorales, que capitaliza la desgracia de sus paisanos activando un programa denominado “Yúnete” para repartir despensas con fines proselitistas, que actúa como dictador cuando está en el poder, se le puede ocurrir que todos los ciudadanos son iguales que él.
No es posible que por una fijación de esta naturaleza hacer acopio de víveres, armar despensas, organizarse para repartirlas entre los damnificados por los sismos del 7 y el 19, en distintos estados de la república, se convierta en un delito grave que amerite cárcel sin mediar explicación de por medio.
Pues así son las cosas en Veracruz. Mientras la delincuencia organizada y desorganizada se ensaña con los ciudadanos, secuestrándolos, extorsionándolos, asaltándolos dentro de sus domicilios, robando sus vehículos, quitándoles lo que cargan cuando andan por las calles en pleno día, cobrando derecho de piso y haciendo de esta entidad la más peligrosa del país, se inviertan recursos de la Fiscalía del Estado para espiar y detener a un grupo de respetables ciudadanos, miembros del Colegio de Ingenieros del Estado, por la sospecha de que dedicaron tiempo a recaudar víveres y armar despensas para entregarlas a nuestros hermanos en desgracia, con el cuento de que esas despensas son propiedad de un partido político que las repartiría con fines electorales.
El león cree que todos son de su condición.
Entre los detenidos en forma arbitraria, privados de su libertad, se encuentran el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, y seis integrantes más. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cometidos por Servidores Públicos, dio inicio a una carpeta de investigación en contra de la directora de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, por la probable comisión de un delito electoral, porque supuestamente en su domicilio particular, ubicado en el municipio de Medellín, resguardaba bolsas con despensas, y Antonio Pinilla, presidente del Colegio de Ingenieros es su esposo.
Y en declaraciones que hizo a los medios de comunicación, el director del Despacho Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, contratados para la defensa de este grupo de ciudadanos altruistas, afirmó que los siete detenidos el martes por la noche, son acusados por la FGE porque reunían despensas supuestamente con fines electorales, cuando el proceso electoral en Veracruz iniciará hasta noviembre próximo. Los integrantes del Colegio de Ingenieros pretendían llevar a cabo una acción humanitaria para ir a apoyar a los damnificados por los sismos con sus propios recursos, y la muestra es que ninguna bolsa o camioneta tiene logos de algún partido político, como sí ocurrió con los apoyos de la asociación Yúnete.
Fidel Ordóñez Solana califica a esta como “una actividad de persona moral, de naturaleza privada, con condiciones legales, establecido, y es un actuar indebido de la autoridad el tratar de buscar que tuviera etiquetas de cualquier partido político. Es una acción humanitaria mal y dolosamente interpretada por la Fiscalía General del Estado”. Comenta el abogado que el martes 26 del mes en curso, alrededor de las 23:30 horas se presentó una demanda de amparo ante el Juez Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, el cual a las 05:00 de la mañana solicitó a su actuario a que los quejosos ratificarán esta solicitud.
A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado empezó “una campaña de hostigamiento en contra de ellos, les retiraron sus zapatos, les quitaron sus lentes, les retiraron sus pertenencias, obviamente no tenían celulares porque los tienen incomunicados y les han estado diciendo que se declararan, que los iban a declarar, que van a declarar en contra de ellos y en estos momentos siguen en la misma situación”.
Se violaron las garantías constitucionales de estos ciudadanos y el artículo Séptimo de la Convención sobre los Derechos Universales del Hombre y al cual está suscrito el gobierno mexicano, afirma el abogado Ordóñez, así también se violó el artículo 1, el 11, 14 y 16 Constitucionales y les siguen la violación al debido proceso que es una garantía al derecho humano, porque los están encausando por un delito que no se puede cometer porque no se vive en Veracruz un proceso electoral, ya que este iniciará en noviembre próximo.
Juez los ampara y no los sueltan
La tarde de ayer mismo el Juez Quinto de Distrito ordenó la liberación inmediata de los 7 detenidos por el caso de las despensas en Medellín, pero la Fiscalía se niega a liberarlos. El abogado penalista Fidel Ordóñez Solana explicó que de una “forma por completo irreflexiva, la Fiscalía Regional zona centro Veracruz y el Fiscal Especializado en materia electoral, se niegan a hacerle caso a la suspensión provisional decretada en beneficio de los detenidos en el asunto de las despensas y todos son miembros del comité del Colegio de Ingenieros del estado de Veracruz”.
En ese sentido, puntualizó que la Fiscalía “se niega a liberarlos y seguir declarándolos culpables cuando realmente ya no tienen facultades para hacerlo. El Juez dijo que si no proviene de orden literal y textual, dice la resolución que si la detención no está ordenada por autoridad judicial ni se trata de delito flagrante o urgente, el agente del ministerio público deberá ordenar su inmediata libertad sin perjuicio de la investigación previa correspondiente”.
Sin ninguna duda es aberrante la actuación de nuestras autoridades, en este y en otros casos de abuso de autoridad que hemos visto. Los ciudadanos, habitantes de la ciudad y puerto de Veracruz, están completamente indignados ante este brutal atentado a nuestras libertades que habla por sí solo de la terrible situación en que nos encontramos los veracruzanos.
Lamentable, dice Renato Alarcón
Ayer mismo, el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, mediante un despacho de prensa, calificó como “lamentable la actuación de la Fiscalía General del Estado, que a pesar del alarmante aumento en los índices delictivos, está enfocada en desviar la atención e inventar delitos donde no los hay, en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes y abatir la inseguridad que preocupa a los veracruzanos”.
Dijo que es arbitraria la detención del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Pinilla Rodríguez y de 14 personas más entre ellas Gerardo Zárate Geron, José Alfredo Herrera Amaya, César Galicia Fernández y Ronnie Rogelio Geron, todos miembros del Colegio, que en una caravana transportaban despensas con destino a un centro de acopio de la Cruz Roja, para apoyo a los damnificados.
Se sabe que días antes de la detención, gente extraña tomó fotografías cerca del lugar donde guardaban parte de los apoyos que se han donado por dicho Colegio y que posteriormente para la detención, se desplegó un numeroso operativo de más de 40 elementos con armas de alto calibre, amedrentando a ciudadanos honestos que con solidaridad han apoyado en diversas labores altruistas en este y otros momentos, mientras que hay verdaderos crímenes qué atender y la fiscalía no hace nada, dijo el dirigente partidista.
"Es reprobable que la prioridad del fiscal, Jorge Winckler, sea desviar la atención de los verdaderos problemas que vive Veracruz en materia de seguridad por una cortina de humo queriendo configurar un delito donde no lo hay y afectando la imagen e integridad de veracruzanos honestos".
REFLEXIÓN
“En Veracruz persiguen a quien sólo quiere ayudar a damnificados. De vergüenza e indignación”: Emilio Álvarez Icaza. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas |
