Particularmente en esto último que dice creo que no anda nada mal, si me atengo a la información que poseo.
En efecto, el interés por usurpar y quedarse con la Junta de Coordinación Política del Congreso local y, en general, con el control de las comisiones claves, fue para cerrar la pinza con la Fiscalía para, como dice Aurelio, enderezar desafueros en contra de quienes no se sometan a sus intereses y no apoyen su proyecto electoral, que no es otro que entronizar al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, como próximo gobernador.
Pero en ese entramado falta una pieza, la más importante, la que alimentaría esa máquina destructiva política electoral que se pretende: el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
Al cambio de administración, mucho se dijo que un cambio de titular que se daría sería en ese organismo, sobre todo porque se cuestionaba que no hubiera fiscalizado a fondo al gobierno de Javier Duarte ni presentado las denuncias correspondientes (en realidad sólo casi al final se aportó información a la Auditoría Superior de la Federación). Pero a nadie se movió.
Hoy se sabe que se dejó a todos, del titular Lorenzo Antonio Portilla Vázquez para abajo, para que realizaran a fondo lo que saben muy bien hacer: fiscalizar a los 212 ayuntamientos del Estado, escrutar a todo aquel que haya tenido el manejo de recursos públicos y buscar hasta por debajo de las piedras cualquier detalle que se pudiera tomar como una anomalía y entregar toda la información al Palacio de Gobierno para tenerla lista como un arma para utilizarla contra todo aquel que no “coopere”.
Así, todo aquel que apoye a Morena o al PRI podrá ser presionado para que desista siendo acusado ante la Fiscalía, la que a su vez pediría al Congreso, a la diputación panista que retiene el control a la mala, que desafuere al remolón político-electoral.
Por ello mismo, aquel domingo 17 de septiembre, cuando el gobernador Yunes se reunió en un hotel de Boca del Río con militantes del PAN y el PRD, varios de los asistentes salieron diciendo que él les presumió que ya tenía asegurado al menos el apoyo de 180 alcaldes salientes para el proyecto de su hijo, o sea para el próximo año exalcaldes, por lo que no apoyarían a ningún otro candidato o de lo contrario haría valer la información que pidió al Orfis y los denunciaría ante la Fiscalía.
La jugada está bien pensada, aunque, eso creo, hubiera dado muy buen resultado en el siglo pasado, pero se ve difícil que funcione ahora porque puede generar una gran ola de protesta como la que se estaba incubando por la detención ilegal de los ingenieros electricistas del puerto de Veracruz, máxime que los ciudadanos están convertidos en unos muy activos cibernautas y harán sonar la alarma de inmediato ante cualquier intento de atropello.
Lo que se advierte es que todavía no se dan cuenta que hoy no se puede actuar como antaño; que quieren lograr por la fuerza lo que no han querido, podido o intentado buscar mediante el diálogo, el acuerdo, el convencimiento, o mediante el trabajo efectivo con resultados; que hoy ya nadie se deja y que, además, también hay una prensa más independiente y más plural, más crítica, que denunciará cualquier aberración legislativa y jurídica que se pretenda.
Pero, además, que se sepa, muchos funcionarios municipales opositores han sido ya alertados de lo que se pretende y se preparan para enfrentar de manera legal cualquier arbitrariedad del grupo en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y en la misma Fiscalía, convertida ésta en el brazo ejecutor.
De ahí se explica porqué tanto interés en desconocer cualquier acuerdo y la voluntad ciudadana para retener por todos los medios el control del Congreso, de usurpar la presidencia de la Jucopo y agandallarse las comisiones claves, porque además pretenderán apretar también a los alcaldes que tomarán posesión el próximo 1 de enero y utilizarán al Orfis y a la Fiscalía para ello.
Eso explica también porque en el caso del priismo, todos se están uniendo y reagrupando, ahora en torno al senador José Francisco Yunes Zorrilla, para formar un solo y sólido bloque a fin de enfrentar la embestida que les llegará desde el Palacio de Gobierno, la Legislatura por parte de la bancada panista y la Fiscalía General del Estado.
¿Y el Comité Estatal de Emergencias?
Las inundaciones a causa de las lluvias han comenzado a causar daños a cientos de familias en diferentes puntos del Estado, y hasta anoche no se sabía que se hubiera instalado ya y menos que estuviera sesionando el Comité Estatal de Emergencias para acudir en auxilio de los damnificados.
El problema es anual y ha habido años en que cobra proporciones gigantescas y alarmantes, por eso extraña la pasividad de las autoridades estatales, en especial de las de la Secretaría de Protección Civil.
Hay poblados ya incomunicados y no se sabe que se esté pensando evacuar a todos los que sea necesario o que se esté armando un puente aéreo para llevar agua y víveres en caso de que se requiera.
¿Qué pasa? ¿La insensibilidad que ha mostrado el actual gobierno al despedir a trabajadores con muchos años de antigüedad y a muchos adultos mayores se confirmará no atendiendo a los afectados por las inundaciones con la urgencia que se requiere?
Fidel Herrera Beltrán tiene muchas cosas criticables, muchas, pero tratándose de este tipo de emergencias reaccionaba de inmediato y se ponía al frente de las tareas de auxilio a la población. Los afectados cada año lo deben extrañar todavía.
Fiscalía devuelve camionetas y no ofrece disculpas
Se informó que ayer la Fiscalía General del Estado continuó haciendo el ridículo. Tuvo que devolver las camionetas que había incautado arbitraria e ilegalmente a ingenieros del puerto de Veracruz que las estaban utilizando para llevar despensas a los damnificados por los sismos del mes pasado.
Primero tuvo que dejar libres a los ingenieros a los que había detenido violando todas sus garantías y sin ninguna orden de aprehensión además de que no estaban cometiendo ningún delito, y ahora les ha tenido que regresar sus unidades.
Lo reprobable es que se haya quedado con las despensas, también en forma totalmente ilegal, y ni siquiera ha anunciado que ellos se encargarán de entregarlas a los damnificados al menos para reparar de esa forma el atropello que cometieron.
Llama la atención que no hubo ninguna condena por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado ni de sus protectores los diputados panistas de la Legislatura, y el Fiscal no ha ofrecido ninguna disculpa pública.
Con la acción que ordenó, el fiscal Jorge Winckler lo único que logró fue evidenciar la inseguridad y el temor que tiene el gobierno al que sirve de perder la elección del próximo año, y por eso comenzó a tratar de inhibir a la oposición, en este caso priista, abusando del poder en su contra, cayendo en la ilegalidad y partidizando la justicia. |
