Se le han congelado 722 millones 451 mil pesos, además, un rancho en Las Mesas, Valle de Bravo, en el Estado de México; el rancho El Fulanito, en Fortín de las Flores; una casa en Tlacotalpan y dos más en Boca del Río; y un departamento en Marina de Tajín, Alvarado, 16 lotes ; un local comercial en Torre Ánimas, Xalapa; cuatro lotes de terreno en Punta Tiburón, Alvarado; cuatro lotes de terreno en Pastoresa, Xalapa; un lote en Corral Falso, Emiliano Zapata; cinco lotes en Denominados Modelo y Las Lágrimas, Xalapa y un lote en Los Tabachines, Emiliano Zapata.
Si esta recuperación de bienes no se le aplica a un culpable entonces la justicia mexicana actúa mal. Pero como se trata de un delincuente que está en la cárcel mientras se les olvida a los veracruzanos que existe y que es un hampón, pues todo acto de confiscación se convierte en un distractor social, cuando debería ser una severa condena.
Así, sus cómplices siguen el mismo rumbo hacia la impunidad con la bendición de la cúpula de su partido, las autoridades judiciales y la protección de los jerarcas del gobierno federal.
Lo anterior pudimos verlo claramente en la Cámara de Diputados, donde dos de los cómplices de Duarte de Ochoa pudieron salvarse de ser desaforados para ser juzgados como viles delincuentes comunes; sin embargo, el mayoriteo priista en la Sección Instructora salvó a sus correligionarios Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva.
La decisión creó tal inconformidad al interior de la Cámara que se abrió la posibilidad de llevar el debate sobre su desafuero al pleno.
El presidente de la Sección Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto, informó que se emitieron dos votos a favor del desafuero y dos en contra, por lo cual la Sección ya no tiene nada que hacer respecto a retirarle la inmunidad a ambos diputados federales por Veracruz.
A petición del diputado del PRD, Omar Ortega y el del PAN, Pablo Piña, se determinó trasladar a la Mesa Directiva la decisión, de si se puede someter a discusión el dictamen en el pleno de diputados, ya que en la Comisión se presentó un empate.
Los legisladores de oposición, PRD y PAN, habían anunciado que presentarían un dictamen alterno en donde exigirían el desafuero de, por lo menos, Antonio Tarek Abdalá, responsable de las finanzas durante buena parte de la gestión de Javier Duarte.
El otro cómplice, más cercano y voraz, pareciera no hacerle nada la justicia. Su carrera delictiva inició cuando ganó las elecciones como presidente municipal de Tuxpan, donde sembró la indignación de los tuxpeños por robarse 100 millones de pesos destinados al alumbrado público y otorgados a una empresa fantasma que él creo.
Ahí empezó a operar como todo un experto en la creación de empresas de fachada, que solamente simulaban que ganaban licitaciones cuando en realidad el dinero iba a parar a los bolsillos de los funcionarios involucrados en dicho concurso. Principalmente la máxima autoridad del municipio, Alberto Silva Ramos.
Al incorporarse al gabinete de Javier Duarte, como secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva, aplicó mucho de la experiencia adquirida como presidente municipal de Tuxpan, y posteriormente se convirtió en coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, donde crea también medios fantasma a los que otorgó millones de pesos en publicidad.
En 2015, dejó el cargo para postularse como candidato a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, por el principio de mayoría relativa. El 29 de marzo de 2016 solicitó licencia a la diputación federal para volver a asumir el cargo de coordinador de Comunicación Social del estado de Veracruz, con el objetivo de manipular la información de los medios de la entidad y arremeter contra el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, desde que era candidato a la gubernatura, entre otras campañas de desprestigio contra los enemigos de su jefe.
Una vez que deja la gubernatura Javier Duarte, Alberto Silva regresa a su curul.
El simple trayecto acusa complicidad, opacidad, trampa; sin embargo, los integrantes de la Comisión Instructora prefieren dejar la moneda en el aire al empatar sobre la decisión de quitarle el fuero a tan oscuro personaje.
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, solicitó el 14 de julio de 2017 el desafuero de Alberto Silva Ramos para que sea separado del cargo de diputado federal y pueda ser acusado del desvío de mil 500 millones de pesos. Nada sucede.
La maquinaria del poder, sustentada por la cúpula partidista y el silencio cómplice de la PGR hacen de los delitos contra los veracruzanos en particular y los mexicanos en general, una especie de reconocimiento a la habilidad de los funcionarios públicos que carecen de principios y sus valores personales dejan mucho que desear.
Ni siquiera por la vergüenza de verse señalados por la población abandonan su actitud de triunfadores, ante una impunidad que parece caracterizar la aplicación de la justicia en México. PEGA Y CORRE. - Miguel Ángel Yunes Linares, negó que haya ex funcionarios cercanos a Javier Duarte que estén siendo protegidos para evitar que enfrenten algún cargo penal. Aseguró que “no hay intocables y prueba de ello es que el jefe de la banda está en la cárcel” … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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