Y ése parece ser, en realidad, el verdadero trato del yunismo con los duartistas que decidieron “colaborar”: no perseguirlos judicialmente en el estado –a diferencia de lo que pasa con los que no se “pusieron a mano”- y dejar que sea la PGR la que se ocupe de sus casos, eximiendo de responsabilidad a la autoridad estatal.
El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, así lo confirmó al admitir que “sí hay investigaciones, muchas investigaciones” a partir de denuncias en contra de ex funcionarios como Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez y Edgar Spinoso, diputados locales los dos primeros y federal el tercero, y quienes, por ende, cuentan con la protección del fuero constitucional.
Los tres son investigados, pero por la PGR, reconoció el fiscal Jorge Winckler, pues el Ministerio Público federal atrajo las carpetas de investigación de los duartistas “para su conclusión”.
Y ya atestiguamos cuál es la consigna en el ámbito federal sobre los duartistas acusados de desviar recursos y que cuentan con fuero legislativo: protegerlos a toda costa, como ya lo hizo el PRI en la Cámara de Diputados con Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos, cuyos procesos de desafuero quedaron formalmente anulados. Mientras que de la PGR, que en el pasado reciente ya fue omisa con todo y las denuncias que en su momento presentó la Auditoría Superior de la Federación, no se espera una actitud diferente en los meses por venir, en medio del proceso electoral de la sucesión presidencial.
La maniobra es ingeniosa. El gobierno de Miguel Ángel Yunes dejó en manos de la Federación la responsabilidad de actuar en contra, precisamente, de los duartistas señalados de proporcionar información, bienes y dinero en efectivo al gobierno estatal. Si la PGR no actúa, no es su bronca. Y así “cumple” con su parte del “trato” –que por supuesto dicen que no existe- con sus nuevos “aliados”.
Entre tanto, se han dado a conocer los resultados de la revisión del Órgano de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruz correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, el último del duartismo. Y resulta que a algunos de esos “neoaliados” del gobierno del “cambio” no les fue muy bien que digamos, como a Ricardo García Guzmán. La dependencia que encabezó durante el último tramo del sexenio de Javier Duarte, la Contraloría General del Estado, arroja observaciones por presunto daño patrimonial por 8.5 millones de pesos.
Pero mientras en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a los enemigos se les aplica la ley a secas –y en algunos casos hasta con saña-, para los “aliados” hay gracia…e impunidad.
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