Al informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas titulado “Control...Sobre todo el Estado de Coahuila”, en el que se menciona la vinculación de la clase política mexicana con el crimen organizado, hay que verlo en su justa dimensión.

Se trata de un estudio académico, no periodístico ni judicial, por lo cual, muchos de los datos que menciona y analiza son conocidos desde hace algunos años. En particular, los señalamientos sobre el presunto financiamiento del cártel de los Zetas a la campaña por la gubernatura de Fidel Herrera Beltrán en el año 2004, a través del empresario Francisco Colorado Cessa, preso en una cárcel texana desde 2012 y cuya condena a 20 años de prisión por lavar dinero del crimen organizado fue ratificada por una corte estadounidense el pasado 18 de octubre.

El informe de la Universidad de Texas retoma, a partir de las declaraciones en los diferentes juicios analizados, que “en 2004, cuando Los Zetas comenzaron a expandir su influencia en la esfera política, Efraín Torres, uno de los fundadores de Los Zetas, proporcionó grandes cantidades de dinero a un candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz. Según la declaración bajo protesta de un agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien ocupó el cargo de gobernador de Veracruz del 2004 al 2010. Durante los Juicios de Austin, varios testigos también mencionaron pagos a la campaña electoral de Fidel Herrera en el 2004”. 

Efraín Torres fue el alto mando criminal que murió baleado en 2007 en un enfrentamiento durante la tristemente célebre carrera de caballos de Villarín, a pocos kilómetros del puerto de Veracruz, a la que asistieron varios conocidos políticos veracruzanos de aquel régimen y hasta del actual. A partir de ese episodio comenzó a desbordarse la violencia en el estado.

Pues con todo y que algunos datos como éste son conocidos desde hace tiempo, no se trata de un mero “remake” del caso, pues además de que el objeto de estudio central del informe es el estado de Coahuila y la vinculación de los gobernadores Humberto y Rubén Moreira con ese grupo criminal, además de Fidel Herrera también resulta implicado el ex mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien fue mencionado durante los juicios de San Antonio por uno de los lavadores de dinero de los Zetas, Rodrigo Uribe Tapia.

Este informante detalló en su declaración que hubo “una reunión que él tuvo con (Heriberto) Lazcano, Cien, Daniel Menera (estos tres narcotraficantes) y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016. Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa”.

Asimismo, en el informe se menciona que “José Guillermo Herrera Mendoza, un político del estado de Veracruz, fue implicado en el secuestro y extorción (sic) de Alfonso del Rayo, un empresario de bienes raíces de Veracruz. Herrera Mendoza era el Subsecretario de Turismo para el estado de Veracruz durante esta conspiración la cual empezó en diciembre del 2010. A principios de diciembre, del Rayo fue secuestrado, privado de su libertad y torturado por Los Zetas durante 9 días. Los Zetas le exigían que pagara $50 millones de pesos a cambio de su libertad. Sin embargo, del Rayo fue liberado sin pagar el rescate después de que Herrera Mendoza intercedió por él ante Carlos Nayen, quien lavaba dinero para Los Zetas. Después de ser liberado, del Rayo fue obligado a comprar un caballo de carreras para regresarle el favor que Nayen le había hecho a Herrera Mendoza”. 

En su momento, algunos de esos datos fueron dados a conocer por el propio Alfonso del Rayo –quien radica desde entonces en Estados Unidos-, sin que ninguna autoridad mexicana, menos aún veracruzana, se ocupara de investigarlos ni de darles seguimiento.

Difícilmente una universidad estadounidense atendería los tiempos políticos en México, y mucho menos los del estado de Veracruz, para dar a conocer un informe de esta naturaleza. Pero aunque así fuera, los datos contenidos en este documento hacen pertinente, y debería ser hasta con carácter de prioridad, una investigación a profundidad, real, de las autoridades mexicanas sobre la implicación de todos estos funcionarios y ex funcionarios con la delincuencia organizada.

La exhibición de los nexos de la política con los más sanguinarios criminales de la historia de nuestro país demanda respuestas claras. Y sobre todo, justicia.

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