Prefacio.

Aparecieron juntos, y hasta sonrientes en el Congreso del Estado, para hacer la Glosa del primer informe de gobierno, pero en el sector educativo para nadie es un secreto que la relación entre el secretario de Educación, Enrique Pérez, y el Oficial Mayor de esa misma dependencia, Abel Cuevas, existen “profundas diferencias”. *** La confrontación se da a partir de las “lealtades” que estos dos servidores públicos privilegian. Enrique Pérez Rodríguez es de los colaboradores más cercanos a Miguel Ángel Yunes Linares. Han enfrentado juntos múltiples batallas, se conocen bien, se entienden y saben cómo sacar el mayor beneficio a su relación. *** Abel Cuevas, sin embargo, es un personaje más identificado con el mayor de los hijos del gobernador, con el actual alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Se entiende que fue ubicado como responsable de la administración de la SEV, porque será esa una posición clave rumbo a las elecciones del 2018. *** La guerra es soterrada, pero tiene un impacto directo en el desempeño de la secretaría con el mayor presupuesto de la administración estatal. *** Enrique Pérez, como titular de la dependencia, tuvo que admitir que no hay ninguna mejora en los indicadores educativos. Le atribuye el hecho (como todos en el actual gabinete) a la deplorable gestión de Javier Duarte, pero nada hay hasta el momento que esa dependencia haya podido corregir. *** Y más tardarán los resultados si persisten los conflictos internos. *** Alguien tiene que llegar a poner orden.

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La Ley Federal sobre la materia explica, en su Artículo Segundo, que “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes (terrorismo, acopio y tráfico de armas; tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, contrabando, en materia de hidrocarburos, o contra el medio ambiente) serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.

El mismo lunes 20 de noviembre, luego de que se conociera la ejecución del presidente municipal electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expresó su pesar por ese atentado mediante un mensaje en Twitter: “Lamento mucho la muerte de Santana Cruz Bahena, quien fue privado de la vida por un grupo delictivo. Se hará justicia. Mi afecto a su estimada familia, amigos y compañeros de Nueva Alianza”, escribió el mandatario estatal.

En su breve texto, Yunes Linares incurrió en la imprudencia de señalar como responsable del crimen –cuando apenas minutos antes se había abierto la carpeta de investigación- a “un grupo delictivo”, otra de las formas en las que se identifica a organizaciones criminales que se encuadran en lo que define la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Entre las diversas líneas de investigación que han surgido a partir de este proditorio crimen, dos son las que destacan: La probable participación de una banda dedicada al robo de combustible (los conocidos como “huachicoleros”) o la autoría por parte de grupos conocidos como “autodefensas de Uxpanapa”, un ejército paramilitar que habría surgido desde el año pasado, que ha sido negado en forma reiterada por las autoridades estatales, pero que se le ubica operando en el Valle de Uxpanapa, la zona rural de Minatitlán y el municipio de Hidalgotitlán.

Por el número de personas que participaron en el homicidio del alcalde electo (no menos de 50), el tipo de armamento (todos con “armas largas”) y su vestimenta (muchos de ellos con ropa de tipo militar y todos con pasamontañas o trapos que cubrían sus rostros) esta última versión es la que más fuerza ha adquirido.

Pobladores de aquella zona dan cuenta de la formación de al menos dos organizaciones armadas, integradas por pobladores de la región, con el argumento de que pretenden proteger a sus comunidades de la acción de grupos delictivos, y resguardar a sus propias familias y su patrimonio.

Las comunidades donde fueron ubicados esos grupos, son Ojo de Agua, y la ruta entre Otapa y Cinco de Mayo. En este último punto, uno de estos grupos armados abatió a seis secuestradores y liberó a una mujer originaria de Uxpanapa y a su bebé de 7 meses de edad, quienes habían sido privados de su libertad.

Apenas hace dos meses, en septiembre, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, negó que la existencia de “guardias vecinales” en la entidad y atribuyó tales versiones a que los habitantes de algunas se habían organizado y se acercaron a la Secretaría a su cargo para ofrecer su ayuda.

“Hubo organización de vecinos vinculados con nosotros. Hemos tenido infinidad de reuniones con ellos y nos proporcionan información para trabajar de mejor manera", explicó.

El grupo armado que le quitó la vida a Santana Cruz no tuvo obstáculo alguno para cometer el crimen. Los ocho policías municipales que estaban de guardia nada podían hacer para evitar el ataque.

Y todavía pretende el gobernador endosarles a los alcaldes la responsabilidad de la seguridad en sus territorios. Una forma rebuscada de admitir su incapacidad para abatir la delincuencia en la entidad.

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Epílogo.

Incluso la aliada del gobernador, la rectora de la UV Sara Ladrón de Guevara, ha tenido que admitir que la inseguridad que vive Veracruz se está convirtiendo en un problema. Admite la rectora que personal docente de esa institución ha tramitado su cambio de adscripción, debido a que temen ser víctimas de la delincuencia. *** Los asaltos a instituciones bancarias habían pasado al olvido. Desde la gestión de Miguel Alemán, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano montó operativos especiales para abatir estos delitos, no se habían presentado tantos casos. Este martes, en Fortín, un par de sujetos asaltaron una sucursal de Banamex, a punta de pistola. Hirieron de un disparo al elemento del IPAX que custodiaba el local y escaparon. Como en el caso de los ayuntamientos, en el de las sucursales bancarias el gobernador pretende que las propias instituciones se hagan cargo de su seguridad, pues la policía estatal ha sido incapaz de enfrentar a los delincuentes. *** Contrario al desgastado discurso de que “el estado está en paz”, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (única fuente a la que le da crédito el gobernador) desnuda el ambiente de terror que vive Veracruz. En 2016 en esta entidad se cometieron mil 258 homicidios dolosos. Este año, cuando faltan aún cinco semanas para que concluya, la cifra ya va en mil 382 crímenes. En el robo de vehículos, el año pasado fueron mil 971, y en este año ya van 2 mil 331 casos. *** ¿Un estado en paz? ¡Pamplinas!

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