Sus errores son tan burdos, que parecieran a propósito.
Apenas el pasado sábado se dio a conocer la detención, por parte de la Policía Ministerial del Estado, de siete empleados de la Secretaría de Seguridad Pública a los que la Fiscalía señalaba como cómplices de Arturo Bermúdez Zurita, al beneficiar -en adquisiciones de la dependencia- a empresas que estaban vinculadas con su jefe.
Los brillantes fiscales respaldaban sus acusaciones, en copias de las actas del comité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en las que aparecían las firmas de los detenidos (Santiago Delgado González, Alejandro Ortiz Patraca, Gabriela Saray Sánchez Reyes, Filiberto Juvenal Palé Monsiváis, Aracely Munguía Polo, Ernesto Alarcón Guerrero y Raquel Molar).
El delito que se les atribuye a todos ellos es el de “incumplimiento de un deber legal”, que no es considerado grave y, por lo tanto, no se prevé la prisión preventiva de oficio.
Sin embargo, la juez de control Verónica Portilla Suazo, atendiendo la “línea” que les ha hecho llegar el Presidente del Tribunal de Justicia, Edel Álvarez Peña, de que todo aquel que sea imputado por probable corrupción durante la gestión de Javier Duarte, sea remitido a la cárcel, les impuso prisión preventiva hasta por un año.
Los abogados de los detenidos solicitaron la ampliación del término para llevar a cabo la audiencia de vinculación, de manera que tuvieran la oportunidad de sustentar su defensa.
Este jueves se venció el plazo y la misma juez, Portilla Suazo, determinó que no había elementos para vincular a proceso a los detenidos, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Este fue un nuevo golpe a la Fiscalía en el proceso que sigue en contra de Arturo Bermúdez Zurita, a quien se le sigue proceso por “enriquecimiento ilícito”, otro delito que no amerita prisión pero que, de forma excepcional, el juzgador ordenó que se le mantuviera en la cárcel.
Ya los abogados de Arturo Bermúdez consiguieron que el juzgador desechara documentos que la Fiscalía pretendía aportar como pruebas de cargo, pero que fueron gestionados de forma irregular, a la vez que se aceptaban testimonios que confirman que las propiedades que posee el exfuncionario en Estados Unidos, fueron adquiridas mediante la contratación de créditos hipotecarios.
Son muchos los errores que ha cometido la Fiscalía de Veracruz en el caso específico de Arturo Bermúdez. No es que ese organismo supuestamente autónomo se haya distinguido por su brillantez a partir de la llegada de Jorge Winckler, pero tantas torpezas ya mueven a sospecha.
¿Habrán llegado a un acuerdo?
No debemos perder de vista que en los procesos que se le siguen a Javier Duarte se incorporaron testimonios del propio Arturo Bermúdez.
¿A cambio de qué?
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Epílogo.
El diputado de Nueva Alianza, Vicente Benítez González llamó a evitar que se politice el asesinato del alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena y sugirió que se permita a la Fiscalía de Veracruz investigar el caso. El legislador reconoció que en este caso las autoridades han sido muy cuidadosas y no ha habido versiones oficiales que criminalicen a la víctima. Dijo que la postura de Nueva Alianza es que se esclarezcan todos los homicidios que se registran en la entidad, sin importar si las víctimas ocupaban cargos de diputados, alcaldes o funcionarios públicos. *** La declaración es, por decir lo menos, escalofriante. El presidente (hay quien insiste que “espurio”) de la Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio Hernández calificó como “natural” que se contraten militantes panista para la entrega del programa “Veracruz comienza contigo”, pues –dijo- “los priistas hicieron lo mismo”. Al bisoño legislador se le olvida que una de las banderas de su jefe político, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue el combate a la corrupción en que incurrieron los gobiernos priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte. Si su mejor argumento para justificar la “empanización” de los programas sociales, es que eso mismo hacía el PRI, podemos concluir que entonces los panistas también le meterán la mano al cajón. ¡Total, eso mismo hacían los priistas y nadie les decía nada! *** Mueve a risa, el teatro montado por viejas glorias del priismo veracruzano. Sorprende que Edmundo Martínez Zaleta se haya dejado convencer. Dice tener la trayectoria y los méritos para ser candidato al Senado por su partido, el PRI, y desde ahora amenaza al comité estatal con recurrir a los tribunales si le niegan el registro. Cumplir con los requisitos de la convocatoria no es lo único que se necesita. Muchos priistas podrían estar en el mismo caso. Lo que se requiere es que tenga posibilidades reales de competir, algo que no se da en el caso de “El Muerto”. Quizá lo que busca es el premio de consolación, el “estímulo” que le den para que decline. Al viejo estilo.
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