Como en política no hay casualidades, por eso es que ahora parece entenderse por qué quienes mueven el pandero en el Congreso local decidieron quitarle a finales del año pasado la presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado al diputado pozarricense José Kirsch Sánchez, del PRD, para dársela al legislador priista de Perote, Carlos Antonio Morales Guevara, quien a su vez fue sustituido en la Comisión de Hacienda Municipal por el representante popular del distrito de Pánuco, Rodrigo García Escalante, el polémico hijo del ex contralor duartista Ricardo García Guzmán que en 2016 obtuvo la curul por el PVEM y finalmente terminó sumándose a la bancada del PAN.  

Y es que el escándalo por las concesiones del alumbrado público que en la LXIV Legislatura local pretendieron aprobar fast-track en diciembre pasado a 14 administraciones municipales salientes que sin licitación pública se pretendían asignar por 10, 12 y hasta 15 años a la firma regiomontana NL Technologies S.A. de C.V. –cuyo representante legal es Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del ex delegado de la SCT en Veracruz y actual representante de esa misma dependencia federal en el estado de Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, suegro del senador panista Roberto Gil Zuarth– y a otra sospechosa empresa “espejo” denominada A.C. Tecnology, S.A. de C.V., puso al descubierto el desaseo y el choque de intereses que motivó la renuncia del secretario de Fiscalización del Congreso, Cuauhtémoc Pola Estrada, por negarse a firmar las cédulas que conformaban los expedientes para la aprobación de los contratos entre los ayuntamientos y los concesionarios, siendo reemplazado casualmente por un ex colaborador incondicional del padre del diputado García Escalante. 

Tan solo en los casos de los municipios de Fortín, Pánuco, Atzacan, Cosamaloapan, Tuxpan, Cerro Azul, Citlaltépetl, Chontla, Altotonga, Chalma, Chiconquiaco, Espinal, Ozuluama e Ixhuacán de los Reyes, entre las próximas tres y cuatro administraciones municipales siguientes tendrían que pagar en total más de mil millones de pesos a los concesionarios, cuya inversión la recuperarían en 120 o hasta 180 meses.   

El problema es que la Comisión de Hacienda Municipal –que preside García Escalante, y de la que forman o formaban parte también los diputados Yazmín Copete Zapot, aspirante del PRD a senadora, y el panista Bingen Rementería Molina, hijo del secretario de Infraestructura y Obras Públicas del estado, Julen Rementería del Puerto–, avaló dichos contratos pese a que presentaban varias inconsistencias y violaban flagrantemente diversas leyes, entre ellas la de Disciplina Financiera y la de Asociaciones Público-Privadas para el estado de Veracruz, ya que en algunos casos la aportación municipal rebasa el 50% del costo total del proyecto, que es el máximo porcentaje permitido; no se convocó a concurso público para comparar las ofertas de otras empresas interesadas y elegir las tasas más bajas de interés, y tampoco se encontró información de estas empresas en el “padrón de contratistas” del llamado “Gobierno del cambio”.

Obviamente el sospechosismo acerca de los presuntos enjuagues de los diputados locales del PAN y PRD involucrados directamente en este turbio caso ha cundido porque existen antecedentes en otras entidades donde la misma empresa regiomontana ofreció operar el alumbrado público bajo igual esquema de concesión. Inclusive, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, munícipe de Cuernavaca, Morelos, declaró públicamente que a él le ofreció un diputado un soborno de 80 millones de pesos para que le entrara al “negocio”.  

¿Aquí cuánto le habrán ofrecido al panuquense García Escalante, quien en diciembre pasado inclusive regañó públicamente desde la tribuna del Congreso local al alcalde saliente de Citlaltépetl, Jesús Isidro Baltazar, por haber solicitado mediante oficio “la cancelación de toda la documentación que soporte la solicitud del Registro Estatal del Contrato de Asociación Público-Privada en la modalidad de Concesión” que meses antes había celebrado el ayuntamiento que presidía con la empresa NL Technologies, S.A. de C.V.?