Es más, en agosto del año pasado, para que no vayan a contarle mentiras Yunes y el precandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, una juez federal congeló de forma definitiva dos órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador de Veracruz, por un total de cinco delitos del fuero común que son catalogados como no graves. Con ello logró la protección de la justicia en contra de las órdenes de aprehensión libradas, dentro de las causas penales 38/2017 y 56/2017 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, lo que habla de la inutilidad de la Fiscalía General para tener en la cárcel a Duarte.
¿Qué fue lo que logró que Duarte fuera aprehendido y esté a punto de enfrentar un juicio que podría mantenerlo por años en una cárcel mexicana? Por supuesto que no las bravatas de Yunes Linares. Tampoco, lo que el domingo 7 vino a decir a Xalapa el joven maravilla que tiene en un tris de la derrota al PAN, Ricardo Anaya Cortés, para quien han sido los gobernantes de su partido quienes han logrado castigar la corrupción.
Desde el 14 de octubre de 2016 lo tenía en la mira la PGR, quien ofrecía por su localización 15 millones de pesos de recompensa. Javier Duarte fue requerido por la orden de aprehensión en su contra del 14 de octubre, girada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ambos del orden federal.
¿Sirvió de algo el grueso legajo presentado por el actual gobernador ante la Fiscalía con lo que dio inicio su campaña electoral, centrada fundamentalmente en la promesa de castigar la corrupción de Duarte y su banda de funcionarios criminales? Para nada. Sus causas fueron desechadas por jueces federales, derivadas de delitos del fuero común no considerados como graves y cuya atención habrían dado elementos a la defensa para entorpecer el juicio principal.
La corta memoria ciudadana
Al reunirse este domingo 7 en Xalapa con panistas, perredistas y miembros del Movimiento Ciudadano, el precandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, se refirió al caso Duarte y, obviamente, al supuesto de que Yunes fue el verdugo que hizo posible tanto la detención del corrupto exgobernador como el retorno de parte de lo robado.
“La gran diferencia cuando gane el Frente, cuando ganemos nosotros, es que se rompe el pacto de impunidad, es de que quienes cometen actos de corrupción terminan en la cárcel y devuelven lo robado; esa es la enorme diferencia y eso solo ha pasado en Quintana Roo donde ganamos nosotros, en Chihuahua donde ganamos nosotros y aquí en Veracruz donde ganamos nosotros”, dijo orondo, frente al junior que quiere suceder a su padre.
Lo cierto es que tanto la detención de Javier Duarte como la recuperación de parte de lo robado (cerca de mil millones de pesos), que ha sido entregado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue gracias a la labor de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuando estaba a cargo el actual candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, y no gracias a los oficios del gobernador panista.
Los delitos más graves contra el exgobernador Javier Duarte son los que la Procuraduría General de la República (PGR) le imputa por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Los que fueron esgrimidos por la Fiscalía General en la segunda audiencia del juicio de extradición, realizado en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, fueron por incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y coalición, sustentados en dos órdenes de aprehensión por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz (CAEV) y el uso de un helicóptero propiedad del gobierno del estado, cuando ya no era funcionario público. Tales delitos fueron desechados por un juez federal.
Muchos duartistas perdonados por Yunes gozan de cabal salud
¿Cuáles son los delitos federales que lo mantienen en el Reclusorio Norte? La acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) se sustenta en una denuncia realizada el 6 de octubre del 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el desvío millonario de fondos federales, a través de una red de complicidad, prestanombres y empresas fachadas.
En esa denuncia se detalla que apenas unos días después de tomar protesta como gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ordenó iniciar con la creación de empresas fachadas y prestanombres para transferir recursos millonarios de fondos federales de educación, salud y seguridad para la compra de propiedades, creación de cuentas bancarias y uso en gastos personales.
De acuerdo a esa investigación, unos días después de tomar protesta Duarte invitó a varios de sus amigos a colaborar para hacer inversiones y negocios, entre ellos se identificó a Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cisneros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora, cada uno tendría diversas actividades que realizar.
En esta acusación que fue leída durante la primera audiencia de Javier Duarte el 19 de abril del año pasado, se revela un desvío de 350 millones de fondos de la Secretaría de Educación de Veracruz en diciembre de 2015, cuando su titular era el diputado federal Adolfo Mota Hernández y despachaba como Oficial Mayor el diputado local del Panal Vicente Benítez González, ambos protegidos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
La Fiscalía General no ha emprendido acción penal alguna en contra de ninguno de los dos, aparentemente porque regresaron parte de lo robado (vómito negro) y por realizar trabajo político en favor del panista, lo último, la incorporación de Miriam Judith González Sheridan, diputada local originalmente de Morena que primero pasó a la fracción parlamentaria del PAN y hoy es precandidata del Panal al Gobierno de Veracruz, aparentemente por instrucciones del mismísimo gobernador.
Además de la creación de empresas fachada, también se reveló la declaración del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien acusó que el extesorero Tarek Abdalá le pidió a mediados de 2014 desviar recursos de la dependencia para el pago de proveedores.
La acusación incluye la vinculación de estas operaciones con el ahora diputado local del PRI, Juan Manuel del Castillo, quien fungió como Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y a quien se le encargó “arreglar” las transacciones hechas desde dependencias a empresas fachadas. Curiosamente, este personaje tampoco ha sido perseguido por la Fiscalía General de Veracruz.
Hoy, sin embargo, los panistas se arrogan todos los laureles de la lucha anticorrupción. ¡Descarados!
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