Si el presidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, a la sazón secretario de Gobernación, hubieran accedido en su momento a la solicitud que por escrito les hizo el entonces diputado federal del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, para que mandaran –como en enero de 2014 lo habían hecho en Michoacán– un comisionado federal a Veracruz ante la grave inseguridad que a finales de 2015 se recrudeció en la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quizás ahora la entidad veracruzana no estaría padeciendo los niveles de violencia que se han disparado en la actual administración del panista.

Pero Peña y Osorio Chong no respondieron al reiterado llamado de Yunes –quien casualmente presidía la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja del Congreso de la Unión–, como ahora tampoco han atendido el mismo exhorto que los senadores priistas Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, así como los diputados federales de MORENA, Rocío Nahle y Cuitláhuac García Jiménez, han venido haciendo desde el año anterior luego de que el mandatario estatal del PAN no ha podido cumplir su palabra de abatir los índices criminales que con él se han multiplicado en Veracruz.

Actualmente como gobernador, Yunes Linares ha respondido a sus adversarios políticos que no se necesita un comisionado federal en el estado porque ya están aquí todas las fuerzas de la Federación: la Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Naval y la Gendarmería Nacional. Pero hasta la fecha no se percibe que su presencia haya apaciguado a la entidad. Inclusive, en junio de 2017, fue ejecutado en un restaurante de ciudad Cardel, municipio de La Antigua, el comisario de la PF, Camilo Juan Castagné, junto con otros dos oficiales. Por eso Yunes estaría incurriendo en el incumplimiento de un deber legal cuando sale a justificar la pasividad de su gobierno argumentando que es una guerra entre bandas delincuenciales y que los masacrados no eran “gente de bien”, aunque ha habido casos de personas inocentes que terminaron descuartizados porque tuvieron la mala suerte de ser vecinos o de pasar por el lugar y a la hora en que otros delincuentes eran “levantados” por sicarios de grupos contrarios.        

En Michoacán la figura del comisionado federal parece haber funcionado pues fueron desarticuladas las autodefensas y descabezados los principales grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, en ningún otro estado la Federación volvió a recurrir a esa figura política-jurídica que en opinión de algunos abogados constitucionalistas violaba el sistema federal mexicano. Se presume que por eso el presidente Peña ya no quiso ejercer ese poder metaconstitucional en ninguna otra entidad con similares problemas de inseguridad que Michoacán.

Y difícilmente lo hará ahora en Veracruz a estas alturas de su administración. Pero lo que sí podría hacer el jefe del Ejecutivo federal es ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara a los funcionarios del gobierno veracruzano que han sido acusados por los mismos grupos criminales de haber traicionado supuestos “acuerdos”.

En el caso de Michoacán recuérdese que Rodrigo Gerardo Vallejo Mora, el hijo del gobernador priista Fausto Vallejo, fue sentenciado en septiembre de 2015  a 11 meses de prisión por el delito de encubrimiento, ya que no proporcionó datos que sirvieran para la persecución de los integrantes de la organización criminal Los Caballeros Templarios, en específico de su líder Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” y/o “El Profe”, con quien apareció departiendo en un video. Y antes, en abril de 2014, el secretario de Gobierno y ex gobernador interino José Jesús Reyna García, fue detenido por la PGR por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Pero en Veracruz la PGR ha sido omisa, pues familiares cercanos de altos funcionarios del gobierno estatal han sido fotografiados en comidas con capos, como el “Comandante H” de Los Zetas en el sur del estado, y ahora los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública han sido nuevamente amenazados por incumplir sus presuntos acuerdos con uno de los grupos criminales.

CYNTHIA CONTRA OPACIDAD 

Vaya lucha la que está dando la diputada local del PAN, Cynthia Lobato Calderón, al interior del Congreso e inclusive contra el líder de su propio grupo legislativo, el diputado Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, al cual le ha exigido como secretaria de la Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Información y Parlamento Abierto que le dé respuesta al oficio número LXIV/DGGC/0182/2017, que desde el 29 de agosto de 2017 ella y la diputada Daniela Griego Ceballos, presidenta de dicha Comisión, le dirigieron para solicitarle información sobre el estado que guarda el Juicio de Amparo 475/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por Carlos Calles Alvarado, aspirante al puesto de Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

La diputada Lobato les recordó que “la razón de un Congreso es legislar, construir acuerdos respetando las disidencias”, que “una de las mayores riquezas de un Congreso es la pluralidad y la democracia con que debe vivirse”, y que “la democracia no nacerá del tumulto y de los ruidos, sino del respeto de los unos y los otros.”

Al respaldar a la diputada Daniela Griego, de MORENA, quien preside la Comisión de la que ella es Secretaria, Lobato Calderón puntualizó que “hubiera sido más transparente que se nos informara a la Comisión de Transparencia, en la que efectivamente (…) hicimos un arduo trabajo de escrutinio y selección.”

“No es justo para los demás aspirantes que se elija de esta manera a un Comisionado Provisional. Al menos se hubiera notificado a todos ellos para que manifestaran su interés por ocupar este cargo temporal, o bien, proponer a este cargo a alguien de la academia y de la sociedad civil que fungiera interinamente en tanto se destrabara el proceso”, expuso la legisladora xalapeña, quien insistió en que “los veracruzanos demandan un manejo abierto y transparente de sus diputados”, y que “por respeto a las comisiones y a las y los diputados, la JUCOPO debería al menos consultar antes de hacer acuerdos.”