La noticia voló a la velocidad del internet, en minutos muchos reporteros ya tenían la información y los detalles de la intervención de los diputados José Luis Enríquez Ambel y María Josefina Gamboa, que le pidieron que se calmara y que más adelante lo atenderían.
Cuando comenzó a hablar en voz alta el afectado, los encargados de la seguridad trataron de sacarlo, pero él se defendió sin un solo golpe, solo pidió respeto y dijo que es ningún delincuente.
En lo que estaba el jaloneo, la diputada Patricia Rodríguez Cueto se acercó hasta donde estaba el quejoso y exigió que lo soltaran los guardias, porque grito en repetidas veces “Es un ciudadano, es un ciudadano” y fue así como lo soltaron de las mangas de su camisa.
Gonzalo Vicencio Flores, responsabilizó al diputado local del Partido Verde, Francisco Martínez de ser el autor intelectual del secuestro, golpiza y el robo del que fue víctima el pasado 4 de junio.
Aseguró que existen denuncias penales por delitos electorales ante Fepade y hay denuncias en el ámbito local por el secuestro, robo y lesiones que sufrió y a pesar de que los testigos señalan a Francisco Martínez, diputado local y ex presidente municipal de Chicontepec, de haber llegado armado a la comunidad donde fue levantado, no le han hecho nada.
Su denuncia tiene 8 meses y no avanza, por eso se presentó
La víctima de ese secuestro dejó entrever que hay un pacto entre el gobierno estatal, la fiscalía y el diputado local, a quien acusó de ser cacique en la zona norte, para evitar fincarle alguna responsabilidad, porque su caso tiene 8 meses y no avanza y su camioneta sigue encerrada en el corralón de la Fiscalía.
La mayoría de las preguntas que plantearon los diputados del Grupo Legislativo de Morena, al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz quedaron sin respuestas, pese a la insistencia de los legisladores sobre cuántos homicidios, secuestros y desaparecidos, además sobre las inconsistencias en el programa de austeridad presupuestal.
Por ejemplo, el diputado Zenyazen Roberto Escobar García, cuestionó a Jorge Winckler sobre el número de homicidios que se registraron en el año 2017, respuesta que fue omitida por el funcionario justificando que no llevaba los datos consigo, esto pese a que el Secretario Ejecutivo de Seguridad pública, publicó que durante el 2017, se registraron en la entidad mil 641 homicidios.
El diputado morenista expresó que el año pasado hubo infinidad de secuestros en el estado, todos con el mismo grado de importancia para las familias que vivieron estos tristes y delicados casos, pero es muy curioso que para la Fiscalía y para el Secretario de Seguridad Pública existen unos secuestros más importantes que otros.
El legislador morenista dijo que cuando se trata de una persona con un importante cargo en el gobierno, familiar de algún personaje, político o empresario adinerado en la entidad, las fuerzas policiales y de procuración de justicia, localizan inmediatamente a la persona privada de su libertad, a diferencia de otros secuestros, dejando a la ciudadanía común en segundo plano, y no atendiendo con la misma eficacia y rapidez el presunto hecho delictivo que se persigue.
Al Fiscal se le olvidaron las respuestas o no le importaron
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, la diputada de Morena, María del Rocío Pérez Pérez le cuestionó a Winckler Ortiz, sobre cuáles son las políticas de austeridad presupuestal que se llevaron a cabo en el órgano autónomo a su cargo, y además de los estados financieros donde se encuentra un incremento de 6.83 millones de pesos en el capítulo de servicios personales, por lo que preguntó a qué se debió ese incremento.
Pérez Pérez también preguntó a cuánto asciende a deuda de la Fiscalía General por los laudos laborales, y también a qué se debió el incremento presupuestal de 98 millones de pesos, recibidos para esa dependencia en temas relacionados con ayudas sociales.
A ese respecto, el Fiscal instruyó al Oficial Mayor de la dependencia para que facilite los datos a la legisladora morenista, aclarando que los mismos deben de estar en el portal de transparencia del organismo autónomo.
En esta acalorada comparecencia hubo una denuncia de parte de la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón, quien evidencio que recibió una advertencia de que si atacaba al compareciente Jorge Winckler con preguntas, una diputada la atacaría y fue cuando dijo “Señor Fiscal no necesita defensores, ni comparsas. Ni monitos cilindreros”.
Esta denuncia es sumamente grave, sobre todo que la hace una legisladora del mismo partido en el que milita el Fiscal y segundo que la denuncia se hace en el poder legislativo, organismo donde se vigila que se respeten las garantías individuales.
Simultáneamente un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la misma forma, exigían justicia frente al palacio de gobierno por la muerte de su compañero, el trombonista José Ignacio N. Castillo, quien fue baleado por dos sujetos en el estacionamiento de la Cantina de Bartola.
Por su parte la Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara dijo el mismo sábado “Indignados, alzamos nuestra voz para exigir justicia eficiente y expedita ante el crimen que segó la vida de nuestro estudiante, José Ignacio Cortaza y demás víctimas de este artero ataque”.
El Sindicato de Músicos de la CROC que preside Jaime León Perea, exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que se haga justicia de forma inmediata y que este crimen no quede impune.
¿Hasta cuándo llegará un Comisionado Nacional de Seguridad?
Me queda claro que entre los políticos de los distintos partidos hay valores sobre entendidos, es posible que no haya llegado al estado de Veracruz un comisionado en Seguridad Pública, porque no quiere el gobierno federal afectar la imagen del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y espera a que él mismo resuelva el problema.
Sin que nadie lo declare, es lo que se ve a simple vista, porque sobran razones para enviar una autoridad de ese nivel.
Según las nuevas disposiciones lo tiene que solicitar el Congreso de cada Estado, pero viendo cómo se comportan algunos legisladores, se va a acabar este año y no lo vamos a ver llegar.
No es un asesinato ni un secuestro aislado que se hayan registrado, sino que es una constante desde hace muchos años, pero en el último año se incrementaron de manera espantosa.
El 16 de enero de 2014 por decreto presidencial se nombró un Comisionado de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, porque la gente ya no soportaba la violencia diaria.
En esa entidad era tan grave el problema de inseguridad que se organizaron guardias civiles, según para proteger a sus conciudadanos, pero se perdió el control de algunos compañeros y armados se convirtieron en un peligro, al grado que entonces había dos grupos, los malos y los más malos.
Era un verdadero momento de crisis en ese estado y los municipios más difíciles eran Apatzingan y Uruapan, pero había otras demarcaciones con problemas de asesinatos, secuestros y cobro de piso.
Quien sabe qué hace falta aquí en Veracruz, aparte de todos los muertos y secuestros que se registran con lo que nos otorgan el segundo lugar a nivel nacional, para que nos envíen un comisionado que no haga ninguna otra cosa, más que combatir la delincuencia. Parece que ya cumplimos y hasta nos sobran razones. |
