Nada más como punto de referencia, hay que anotar que el Gobierno federal gasta 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos al año, o lo que es lo mismo: 14 millones 310 mil 301 pesos por día, o 596 mil 262 pesos por hora.
La nota principal de Reforma revela que la Auditoría Superior Federación (ASF) detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos, en las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante la gestión de Rosario Robles.
Los desvíos se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma, -igualito como ocurrió aquí en Veracruz- a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
La ASF realizó tres auditorías a recursos ejercidos en 2014 y 2015, y detectó que parte de ese dinero fue transferido a Monex y CI Banco para después ser repartido en cuentas domiciliadas en distintos países.
Monex recibió un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
Rosario Robles estuvo al frente de la SEDESOL de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. En esta dependencia, de acuerdo con Reforma, el desvío se hizo a través la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y febrero de 2015.
Mientras que en la SEDATU– que empezó a dirigir del 27 de agosto a la fecha– los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La Auditoría explicó que con esos convenios ambas dependencias evadieron los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En total, SEDESOL y SEDATU subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas.
El medio nacional explicó que las auditorías– con las claves D17002, D17011 y D17012– concluyeron el pasado 19 de enero y su realización fue autorizada en marzo, julio y agosto del año pasado tras recibir denuncias.
Las auditorías deberán ser entregadas a la Cámara de Diputados y, en caso de que no los entes fiscalizados no puedan desvirtuar las irregularidades, la ASF podrá interponer entonces una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero para no ir muy lejos, habría que empezar por transparentar el gasto -que de acuerdo al presupuesto millonario autorizado- se hace acá en el estado de Veracruz, lo mismo en las delegaciones de las dependencias federales, que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde se manejan cantidades considerables, pero hasta ahora no se ha transparentado cuales son las empresas beneficiadas, para poder saber si se trata de negocios fantasmas o realmente existen.
Se supone que el Órgano Superior de Fiscalización, el organismo descentralizado del Poder Legislativo, sería el responsable de realizar esas auditorías a las dependencias, entre ellas, las que están manejando recursos públicos, pero que nadie sabe, ni nadie supo, quienes son los beneficiados y con qué montos.
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