¿Quién es Javier Nava Soria?.
Es uno de los múltiples prestanombres de Javier Duarte, quien fue detenido en España y deportado a México cuando se terminó el tiempo que podía estar en ese país.
Pero ahora es también un probable testigo en contra de Javier Duarte, aunque cuando ofertó ésta colaboración la condicionó a que se realizase en España. Su idea era quedarse en el país ibérico, pero en cuanto se le venció el tiempo de estadía legal, lo deportaron.
Todo el proceso contra Javier Nava lo ha llevado la Procuraduría General de la República, sin intervención alguna de la Fiscalía de Veracruz, para que luego no digan que lo detuvieron por la acción o presión del gobernador Miguel Ángel.
Javier Nava era el Comisario de la empresa Consorcio Brades S.A de C.V., compañía que recibió recursos de las Secretarías de Salud y Educación del gobierno de Veracruz, mediante la simulación de contratos de servicios con las empresas Solaris Technologies, Aglomerados de Concreto del Papaloapan, Gali Textil, Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos y Construcciones Enremex.
Estas seis compañías fantasma luego triangulaban el dinero a otras 9 empresas de "papel", las cuales depositaron en conjunto 348 millones 381 mil 50 pesos a Consorcio Brades.
Con ese dinero, en diciembre de 2013 Moisés Mansur Cysneiros (prestanombres de Duarte) simuló la venta de 5 parcelas ejidales de Campeche a Brades, por 253 millones 300 mil 963 pesos, pero sólo le alcanzaron a pagar 223 millones 800 mil 966 pesos, los cuales se usaron para comprar el rancho de Valle de Bravo.
Con esto se configuró el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
La empresa tenía el mismo domicilio que otras 48 personas físicas y morales, el mismo número telefónico que 32 compañías, y era una de las grandes concentradoras de los negocios de Javier Duarte.
Otra empresa en la que estaba involucrado Javier Nava – detectó la secretaría de Hacienda y la PGR- fue la empresa Servicios Profesionales Jura S.A. de C.V., en la que estaban asociados Moisés Mansur y el empresario gasolinero William Jorge Karam Kassab, según publicó Reforma el 21 de noviembre de 2016.
Para entonces Nava Soria ya se había fugado, aún cuando aparecía en varias de las empresas fantasma que utilizó Duarte.
Servicios Profesionales Jura se constituyó el 1 de agosto de 2011 ante el notario 33 del estado de México, registrándose 50 por ciento de las acciones a nombre de Comercializadora Magistral y el otro 50 por ciento a Corporativo BJMAN.
Según documentos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la primera empresa estaba representada por William Karam, y la otra por Mansur Cysneiros, ambos como presidentes del Consejo de Administración de sus compañías.
Karam es dueño del corporativo Hidrosina, que cuenta en todo el país con alrededor de 200 estaciones de servicio. Una vez que Jura fue constituida, Moisés Mansur fue designado presidente del Consejo de Administración y su socio como vicepresidente. En esa misma compañía también aparece como comisario Javier Nava Soria.
Karam y Mansur también constituyeron la empresa Hidromezclas SA de CV, donde también es socio José Juan Janeiro Rodríguez, otro operador financiero de Duarte de Ochoa.
Al igual que en la anterior sociedad, Mansur fue designado presidente del Consejo de Administración y Nava Soria recibió poderes para pleitos y cobranzas.
El abogado Alfonso Ortega López, quien aceptó ser prestanombres de Javier Duarte, confesó a la PGR que se desvió dinero del gobierno del estado para comprar gasolineras del grupo Hidrosina.
Sin embargo, inmediatamente después de que la PGR giró orden de aprehensión contra Duarte, el grupo gasolinero, regresó 421 millones de pesos, dinero recibido de los duartistas y prometió regresar en mensualidades varios cientos de millones más.
Nava aparece también como Comisario en Cine Libélula.
Esto es parte de la importancia de Javier Nava en el proceso contra Javier Duarte.
MAYL: ¿AL ATAQUE DE LOS AYUNTAMIENTOS?. El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, dijo que las manifestaciones en los municipios gobernados por Morena obedecen a la revisión que realizan las administraciones actuales a la situación financiera que les fueron heredadas, y que podrían afectar intereses previamente enquistados.
Amado Cruz también consideró que las movilizaciones realizadas por trabajadores municipales en Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica se enmarcan en la curva de aprendizaje que los nuevos gobiernos tienen al iniciar funciones.
Pero igualmente los defendió, al decir que no incurrirán en la disposición indebida de fondos públicos, ni sostendrán complicidades con el pasado.
Con las manifestaciones -prosiguió- “Lo que veo es un asunto normal cuando hay un cambio profundo de estilos y de formas de conducir el gobierno, evidentemente creo que los presidentes municipales deben de estar de puertas abiertas para dialogar y no caer en una cuestión que pueda vulnerar los principios de Morena y la responsabilidad que tienen con los ciudadanos y la ley”.
“Son producto de revisiones, son producto de que no hay complicidades con el pasado, si las hubiera pueden estar completamente seguros que no estaría pasando nada, pero lo que hay es una revisión minuciosa y profunda y yo espero que se estén tomando las decisiones con una serie de elementos muy sustentables porque evidentemente se van a afectar intereses enquistados en las administraciones municipales, también hay que decirlo claro y no le vamos temer a eso.”
COZUMEL, YA CERTIFICADA COMO “COMUNIDAD SEGURA”. La isla de Cozumel, en Quintana Roo, ya puede presumir su placa como “Comunidad Segura Internacional”, después de que la certificación correspondiente la recibió la alcaldesa de ese municipio, Perla Leticia Tun Pech, de manos de Arturo Mattiello Canales, el Presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica; tras la evaluación internacional de 31 programas sociales, enfocados a la prevención de la violencia y las lesiones.
En el país ya son varios los municipios que han recibido ésta certificación internacional, gracias a la visión y al trabajo de sus gobernantes
Paradójicamente en Veracruz no existe ningún municipio que tenga éste aval, porque los alcaldes, tanto presentes como anteriores, tuvieron una cortedad de visión que les impidió ver la importancia y la conveniencia de tener ésta certificación.
Arturo Mattiello incluso lamentó la falta de seriedad tanto de algunos alcaldes que se habían comprometido a realizar lo necesario para obtener la certificación, como del gobierno del estado.
“Cuando tu estableces compromisos de sujetarte a ciertas normas internacionales, y hacer los trámites a la brevedad para implementar tú política pública de Comunidad Segura y de repente desapareces todo lo que habías acordado, eso es falta de seriedad”, puntualizó.
Las comunidades seguras son parte de un programa internacional en donde una ciudad se certifica y compromete para crear políticas públicas y estrategias para erradicar la violencia desde su origen.
Este programa se ha aplicado en varias ciudades del país, con buenos resultados, como en Mérida, Puebla y Tuxtla Gutiérrez.
Arturo Mattielo remarcó que los Consejos de Participación Cívica trabajan con los ayuntamientos sin importar el partido que gobierne la entidad o el municipio: “Nosotros somos daltónicos en materia de seguridad. La seguridad pública no se puede politizar”, expresó.
La Asociación Nacional del Consejo de Participación Cívica en la República Mexicana elabora un semáforo nacional ciudadano, en donde surgen indicadores sobre la incidencia delictiva de cada estado En este estudio los delitos más frecuentes son robo y extorsión que de acuerdo con el entrevistado derivan en homicidio y secuestro. |
