Lorenzo Antonio Portilla se debe haber orinado de la risa.
¿En serio pensaron que lo iban a agarrar con documentos firmados de su puño y letra, en los que quedara plasmado que había recibido dinero a cambio de su complicidad?
Él es el especialista en fiscalización. Él -como muy pocos- sabe lo que se puede, y lo que no se debe hacer para ocultar dinero mal habido. Él ha sido el encargado de maquillar decenas –¡quizá cientos!- de auditorías, tanto a municipios como a los llamados “entes fiscalizables”.
Pero, lo más importante: Cuenta con el aval y la protección del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Y no es que la palabra del mandatario estatal sea garantía de cumplimiento, pero Lorenzo Portilla sabe que, en la medida en que le siga siendo útil, él mantendrá su blindaje.
Apenas la semana pasada, justo cuando se discutía si el Gobierno del Estado estaba en la obligación de “solventar” (que en este caso sería “devolver”) los recursos federales que fueron desviados (utilizados para rubros distintos a su destino original) durante la gestión de Javier Duarte, surgieron señalamientos acerca del papel que habría jugado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en aquella oscura etapa.
De pronto, en medio de ese debate, circularon en redes sociales fotografías de cuatro supuestos recibos de la Secretaría de Finanzas estatal, cada uno por cinco millones de pesos y con la firma del titular del Orfis. Con eso pretendían demostrar que Lorenzo Portilla había cobrado 20 millones de pesos a Javier Duarte para dejar pasar el gran cúmulo de irregularidades en las que incurrió la pasada administración.
Diversos medios hicieron notar que las denuncias del Orfis en contra de funcionarios del pasado gobierno de Veracruz, todas, se dieron en el 2016, pero luego de que se conociera que el ganador de la elección de gobernador había sido Miguel Ángel Yunes Linares.
Este martes, durante la sesión extraordinaria celebrada por el Congreso local, el Presidente de la Comisión de Vigilancia (y, en teoría, jefe de Lorenzo Portilla), el panista Juan Manuel de Unanue, dijo estar satisfecho con el desempeño del Auditor Mayor:
“Yo en lo personal avalo su trabajo hasta el día de hoy (¿mañana no?) y no he visto nada extraño. Si no (o sea, si sí hubiera visto ‘algo extraño’) ya lo hubiera denunciado”.
De Unanue dijo que fue informado de los recibos que circularon en internet y que el propio titular del Orfis había denunciado ante la Fiscalía la falsificación de documentos y firmas para involucrarlo en falsos casos de corrupción:
“Efectivamente, aparece la firma, pero al analizar esta rúbrica se nota que es una copia o una falsificación. Tiene el mismo error de caligrafía y este recibo trae sellos de otras dependencias”.
Sin embargo, otro legislador panista (este de reciente cuño) Rodrigo García Escalante, quien también integra la Comisión de Vigilancia, consideró que lo pertinente en este caso sería que el titular del Orfis renunciara, para permitir que se investigara a fondo la denuncia de corrupción:
“Creo que tenemos que ser honestos. Si él dice que es totalmente transparente, pues entonces que renuncie, no creo que tenga miedo”.
Esta postura no es casual. La hizo Rodrigo García, hijo de Ricardo García Guzmán, uno de los Contralores que tuvo durante su administración Javier Duarte.
Los que de esto saben advierten que atrás de estos documentos, atrás de esta pretendida campaña en contra del titular del Orfis, está la mano de Iván López, el auditor al que sustituyó Lorenzo Portilla al frente del órgano fiscalizador.
Cuentan que el misil habría sido lanzado en represalia por “los malos informes” que Lorenzo Portilla envió a la ciudad de México, en los tiempos en los que Iván López concursó para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Bien dicen que en política es muy peligroso ir dejando heridos en el camino; tarde o temprano sanan y se convierten en enemigos a muerte.
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Epílogo.
Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Ávarez Peña, le traicionó el subconsciente. Mientras se defendía de los señalamientos de corrupción en la construcción de las 20 “ciudades judiciales”, advirtió que lo realmente importante en estos momentos es “lograr que las cosas cambien” y “apoyar al gobernador Miguel Ángel Yunes”. ¿Dónde quedó el respeto y la prudente distancia entre Poderes? No existe. Edel Álvarez Peña se asume como un soldado más del Ejército de Miguel Ángel Yunes Linares. Con un lacayo en la Fiscalía General del Estado y otro en el Poder Judicial, lo que impera en Veracruz es la Ley Yunes: “¡Ay de ti si no te unes!”. *** Imagine por un momento que usted le prestó dinero a un amigo; que este se tardó en pagar su deuda y al momento de llegar con “un abono”, le indicó a usted en qué debería gastarlo. Suena absurdo ¿no? Justo eso fue lo que hizo Miguel Ángel Yunes Linares con la Universidad Veracruzana (UV). No sólo no le cumplió con el pago de los pasivos que tiene el gobierno estatal, sino que además le ordenó (no se puede entender de otra forma) a la rectora de la “autónoma” UV que firmara un convenio en el que se comprometía a utilizar los 50 millones que le aportaría, en la mejora de la infraestructura de la casa de estudios. *** No es que no hagan falta esas obras, pero no es el gobernador quien debe definir en qué invierte la Universidad sus recursos. También hay rezagos en investigación, en salarios, en estímulos y en muchos otros rubros. *** Está claro que en el diccionario de Miguel-Gobernador, no aparece la palabra “autonomía”.
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