Era noviembre del 2017. Henchido de orgullo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hablaba de los miles de millones de pesos que había conseguido “ahorrar”, tras una “exitosa” renegociación de la deuda pública.
Explicó que 13 entidades financieras le ofrecieron refinanciar “hasta por 60 mil millones de pesos”, aunque él les aclaró que solo serían 38 mil millones de pesos los que entrarían a este procedimiento.
“Liberaremos recursos para acciones sustantivas y dejaremos de pagar recursos de una deuda que fue contratada a tasas altas (...) A largo plazo ahorraremos 40 mil millones de pesos, ese es el resultado del refinanciamiento”, anunciaba orondo el mandatario estatal.
En un evento realizado en Palacio de Gobierno, Yunes Linares explicó que la renegociación representaría dejar de pagar 2 mil millones de pesos anualmente, y de inmediato anunció en que se iba a gastar ese “ahorro”: Para sanear las finanzas del estado y lograr su equilibrio financiero.
Nunca mencionó (sería torpe de su parte) que gracias a esta renegociación había conseguido fondos adicionales para la campaña de su potencial heredero en el Trono, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
Eso, sin embargo, era algo que todos entendían.
Todavía no empieza la campaña formal y las cuentas ya no le salen al Gobernador de Veracruz.
Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a que, en un plazo no mayor de 90 días, entregue al municipio de Jalcomulco los recursos provenientes de dos fondos del Ramo 33, del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio 2016.
Estos recursos se dejaron de entregar a diversos municipios durante la gestión de Javier Duarte, lo que provocó que algunas autoridades municipales de aquel entonces (que no son las mismas de hoy) presentaran controversias constitucionales para demandar la entrega de esos fondos.
La misma medida tomada en el caso de Jalcomulco, se deberá asumir con los otros ayuntamientos veracruzanos que siguieron la misma vía: Chiconamel, Jesús Carranza, San Andrés Tlalnelhuayocan, Fortín de las Flores, Tezonapa y Lerdo de Tejada.
Y no terminaba de hacer sus cuentas el secretario de Finanzas para cumplir con esta orden judicial, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que el gobierno de Veracruz debe solventar (justificar su correcta aplicación) o restituir casi 20 mil millones de pesos del ejercicio fiscal 2016, que fueron asignados a la Tesorería estatal pero no se aplicaron en los rubros para los que estaban etiquetados.
De inmediato el Contralor del Estado, Tomás Alfonso Figuerola Piñera, salió a advertir que el Gobierno de Yunes Linares “no tiene ni la capacidad financiera ni la obligación” de regresar a la Tesorería Federal los recursos desviados en la administración de Javier Duarte.
Quizá no. Pero las reglas de operación son muy claras: Gobierno estatal o municipal que no compruebe la correcta aplicación de los recursos, no recibe un centavo más. Ya será cuestión de que Miguel Ángel Yunes y su equipo de colaboradores encuentren otra vía de financiamiento. O pagan, o solventan, o les cierran la llave.
Y mientras tanto, por su cuenta, los empresarios siguen presionando para que la administración estatal (que se está “ahorrando” dos mil millones de pesos, según el propio Yunes Linares) ya pague lo que está pendiente.
A ellos el gobernador ya salió a decirles que ya va a pagar, a partir de la próxima semana. Que ya “depuró” la lista de acreedores y que de 40 mil millones de pesos, sólo tendrá que cubrir deudas por 4 mil millones, pues el resto no fue acreditado por los acreedores.
“Dijimos que a quien intentara cobrar algo que no estuviera legalmente regularizado, lo denunciaríamos”, recordó el gobernador.
Y como “el miedo no anda en burro”, muchos de los acreedores decidieron no pelearse con quien hoy tiene a su servicio la Fiscalía de Veracruz y los jueces locales.
En síntesis, la administración estatal debe pagar en los próximos meses la deuda con ayuntamientos de la entidad, los recursos federales que no fueron aplicados en el 2016 y las facturas que no fueron liquidadas a contratistas y proveedores durante la gestión de Javier Duarte.
Y además, debe destinar recursos a la campaña del cada vez más complicado candidato presidencial Ricardo Anaya, y mantener el flujo de recursos para la coacción de votos mediante sus programas sociales, y sostener la campaña de su vástago.
Así no hay dinero que alcance.
* * *
Epílogo.
Y si acaso alguien tiene dudas de que Miguel Ángel Yunes Linares les ha declarado la guerra a todos los “enemigos de la continuidad”, baste con saber que su subalterno, el Fiscal Jorge Winckler, giró citatorio a la académica de la UV, Rosío Córdova Plaza (“casualmente” esposa del alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez y, por lo tanto, Presidenta del DIF municipal) porque ella denunció que al menos 27 estudiantes de la Universidad Veracruzana han sido víctimas de levantones, secuestros y secuestros exprés, información que obtuvo a partir de una encuesta incluida en el Proyecto “La UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”. *** Apenas se conoció lo declarado por la investigadora, de inmediato fue girado un citatorio para que comparezca ante la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, este viernes a las 6 de la tarde. El oficio que le hicieron llegar la exhorta a que se presente, “ya que en caso contrario se hará uso de la Fuerza Pública”. *** Sara Ladrón de Guevara -¡por supuesto!- se deslindó del dicho de quien fuera su contrincante en la búsqueda de la Rectoría de la UV: “La presente administración no avala tal información”, aclara el comunicado. Se nota que estuvo duro el regaño.
filivargas@gmail.com |
