Se beneficia a medios amigos y empresas fantasmas
Este martes, la Comisión Dictaminadora del Senado de la República, debe de presentar un informe sobre el avance del proyecto de reglamentación de la publicidad oficial en medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia ordenó que se legisle al respecto antes del día 30 de abril.
Como ya es público, luego de que ni la Cámara de Diputados ni el Senado se habrían abocado a legislar respecto a las normas para ejercer el gasto público en publicidad en medios de comunicación masiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que lo hagan antes de esa fecha, porque de no hacerlo, estaría incurriendo en desacato.
Hay que recordar que desde que el presidente Enrique Peña Nieto andaba en campaña electoral, hace ya seis años, ese fue uno de sus compromisos, no cumplidos a la fecha.
Luego de que la Suprema Corte lo ordenara, a pocos días de que venza el plazo establecido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se han puesto a tratar de analizar el asunto y los diputados han establecido el 16 de abril, como el día en que habrán de dictaminar en comisiones las iniciativas de reglamentación del artículo 134 y luego llevarlas al pleno el 19 de abril, a escasos once días de que venza el plazo.
En la primera reunión de trabajo para tratar el tema, la semana pasada, la Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Cristina Díaz, presentó un avance sobre la Ley de Propaganda Gubernamental, en el que se estableció que del 2007 al 2012, el 65.9% del presupuesto en publicidad oficial, se ejerció sin asignación y que en la presente administración hay un sobre ejercicio del 71%.
Esto significa que el gasto de publicidad de las instancias gubernamentales se ejerce sin ningún control, es decir que se entrega a los amigos, sin criterios establecidos y en muchas ocasiones, se crean medios de comunicación fantasmas, para poder facturar cantidades millonarias.
Se ha dicho que el objetivo es transparentar el uso de dinero público para la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación y limitar su ejercicio.
Martha Tagle, autora de una iniciativa legislativa al respecto, señaló que el objetivo de legislar en la materia es dejar atrás el clásico “no te pago para que me pegues”, mediante el cual el gobierno ha controlado a los medios de comunicación en México.
Aunque también la Directora General para México y Centro América de la organización civil Artículo 19, Ana Cristian Ruelas aseguró que la nueva ley no incluye cambios significativos de la forma como hoy en día se ejerce la llamada comunicación social.
Pero lo que es peor, lo que se hace con la nueva iniciativa es legalizar malas prácticas que abren la puerta a la sobreexposición de funcionarios y hasta el desvío de pagos a medios.
“La comunicación social debe ser información útil para el ciudadano para toma decisiones sobre sus derechos y obligaciones. No tiene que ver con la promoción de los logros de nadie. Esto no es definición de publicidad oficial sino sobreexposición de funcionarios” dijo.
Lamentablemente en tiempos resientes, hemos visto y sido testigos, de cómo funcionarios públicos que entienden la comunicación social, como hacer transmisiones de sus intervenciones en actos públicos a través de redes sociales como Facebook, Twitter o Periscope, en donde alcanzan un mínimo de seguidores, no se dan cuenta que no están llegando a el resto de la población, que no utiliza o se conecta con esos sitios oficiales.
En fin, el asunto es que el plazo para que los diputados y senadores legislen al respecto, se acorta cada día y habrá que estar pendientes de lo que ahora se habrá de legislar para la contratación de publicidad oficial en medios masivos de comunicación.
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