Y en el cuerpo del burdo comunicado se reiteró que el órgano que encabeza Jorge Winckler Ortiz investiga “el deceso de un comunicador que actualmente se desempeñaba como comerciante de comida”.
En un estéril esfuerzo por evitar que se contabilice un asesinato más de un reportero en el estado durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la servil Fiscalía “autónoma” optó por intentar descalificar el trabajo profesional de Leobardo Vázquez “acusándolo” de tener también un negocio de comida para poder subsistir.
Uno de los problemas endémicos de la profesión periodística en México, y especialmente en Veracruz, es el de las paupérrimas condiciones laborales en las que los reporteros realizamos nuestro trabajo. Salarios de hambre, nulas prestaciones sociales, indiferencia patronal hacia nuestras condiciones de seguridad, inestabilidad laboral, son las “armas” con las que los comunicadores salimos a hacer nuestra labor. ¿Puede culparse a alguno por buscar una fuente de ingresos extra a través de una actividad legítima? Pues en la Fiscalía piensan que sí.
En realidad, la verdadera intención del gobernador Yunes Linares y de su empleado el fiscal es denigrar la profesión periodística y a quienes la desempeñan. No bien había emitido el comunicado tildando de “taquero” a Leobardo Vázquez –de la misma manera que en enero de 2015 Javier Duarte desestimó el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo porque era “taxista”-, cuando la Fiscalía difundió otro boletín consignando la sentencia a 54 años de prisión de un secuestrador en Cosamaloapan, “hijo del extinto periodista Pedro Tamayo”. ¿Por qué sería relevante destacar ese dato? Pues para criminalizar indirectamente a otro reportero -que además está muerto desde hace tiempo- por el “delito” de ser padre de un delincuente. Y de paso, relacionar al periodismo con el crimen per se ante la opinión pública. De escandalosa y delirante perversidad.
La trayectoria y la vigencia de la actividad profesional de Leobardo Vázquez Atzin como periodista están acreditadas. En sus últimos reportes dio cuenta de una invasión de terrenos en las que están implicadas autoridades anteriores y actuales del municipio de Tecolutla, conurbado con el de Gutiérrez Zamora. Por ahí tendría que llevarse a cabo en primer término la investigación. Que en su casa vendiera comida no le resta mérito alguno como reportero.
Porque sí a esas vamos, el fiscal Winckler es propietario de un negocio de venta de pizzas en el municipio de Veracruz –o sea que también es vendedor de comida-. Y el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es dueño de una gasolinera ahí mismo, de un rancho agrícola en Tierra Blanca, y participa empresarialmente en el negocio inmobiliario, como él mismo ha aceptado en más de una ocasión.
¿Eso los desacredita como servidores públicos? No, definitivamente. Lo que los descalifica es su pésimo trabajo como tales.
Asueto
Con motivo del periodo vacacional en puerta, esta columna y su autor tomarán un descanso la semana próxima, retornando a su publicación el martes 3 de abril. A sus lectores y editores, gracias.
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