Hasta donde se sabe, este tipo de traslados se hacen de manera muy discreta, tanto que a veces ni el director del penal es informado. Para cuando se da cuenta es porque el reclusorio que dirige está rodeado de uniformados bien armados que en cuestión de minutos sacan a los reos de sus celdas y vámonos.
Los policías encargados de hacer el traslado saben menos. Simplemente los llaman a formar, les comunican que van a un operativo, los llevan al reclusorio y una vez ahí les dicen de qué se va a tratar el asunto.
Es decir, todo es sigilo, discreción y sorpresa.
Quienes verdaderamente saben son muy pocos, acaso cuatro o cinco funcionarios de alto nivel, repito, de alto nivel. Ninguno es de bajo rango.
Un funcionario de bajo rango lo puede ser un jefe de custodios, al que nunca le dirán nada de una operación de esa naturaleza por dos razones: por el trato cotidiano que tiene con los presos y por la desconfianza que despierta.
En el presunto operativo de La Toma hubo fallas de origen, ¿qué hacían en el interior del penal dos policías municipales de Orizaba, dos más de Veracruz, un custodio de Coatzacoalcos y un cadete de la policía que desconocen los protocolos para el traslado de delincuentes de alta peligrosidad? ¿Por qué no se envió a policías más fogueados o incluso a soldados?
¿Cómo es posible que un “funcionario menor” supiera del operativo y le alcanzara el tiempo para dar el pitazo a los delincuentes?
De acuerdo a los pocos datos que se tienen y que por provenir del gobierno estatal le restan credibilidad a los sucesos que desencadenaron este crimen múltiple, uno deduce que el traslado se planteó sobre las rodillas, al “ay se va” y sin el menor cuidado. De otra manera no se explica el asesinato de seis policías municipales y dos internos.
Miguel Ángel Yunes negó que haya autogobierno en La Toma pero éste existe no sólo en ese penal sino en la mayoría de los penales estatales. Si sigue soslayando este problema el cohetón le puede explotar en la cara. Y en tiempos electorales como los que se viven eso sería fatal para su gobierno y para su candidato a sucederlo en el cargo.
La ONU condenó el hecho y exige una investigación a fondo. Pero ésta no se llevará a cabo porque el gobernador, convertido en diligente y veloz fiscal ya investigó y sentenció: fue una deslealtad, una infidencia de un funcionario menor y punto.
Y después este anuncio no tarda en aparecer el chivo expiatorio que tras ser exhibido en los medios, cargará con ocho muertos y otros “milagros” que servirán de parapeto para cubrir la perfidia y falta de responsabilidad de los verdaderos culpables.
Ni hablar, así es esto.
bernardogup@hotmail.com |
