El 13 de noviembre del 2007, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada una adición al Artículo 134 de la Constitución Política de México.
El octavo párrafo establece:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Diez años después, en noviembre del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia con la que obligó al Congreso de la Unión a emitir una ley que regulara dicho párrafo del Artículo 134 Constitucional, y puso como plazo para dar cumplimiento a ese mandato, el 30 de abril del 2018.
Este martes, justo cuando faltaban 20 días para que se agotara el término dispuesto por el Poder Judicial, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social.
Al presentar el Dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI) afirmó que este nuevo marco jurídico “asegura el acceso a una información completa, oportuna, veraz y prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano”.
“Se fiscaliza el gasto en comunicación social de todos los Poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos –dijo- para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia, con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social”.
El tema se presta para un amplio debate. La Ley fue aprobada con el voto de 205 legisladores del bloque que conforman el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. El PAN, Morena, el PRD y Encuentro Social apenas lograron reunir 169 sufragios en contra.
La oposición cuestionó los verdaderos alcances de este marco normativo.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, calificó como “una atrocidad” la nueva ley, pues, dijo, “tiene fallas en el procedimiento legislativo; se deja a la Secretaría de Gobernación como administradora, dándole facultades para llevar el padrón, registrar programas, autorizar planes y manejar presupuesto; se omite el principio de veracidad así como las sanciones y no se castiga a quien rebasa el tope de gastos en comunicación”.
Virgilio Caballero, de Morena, sostuvo que esta ley “legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política”.
A pesar de que ya fue aprobada, la Ley seguirá generando polémica. Quienes hemos transitado por ambos lados de la comunicación, entendemos que se deben fijar reglas muy claras acerca de lo que se puede hacer y lo que está prohibido, en la relación entre los entes públicos y los medios de comunicación.
Veracruz vive en estos momentos una de las etapas más oscuras en materia de derecho a la información y se ha caído en la satanización de todo aquel medio o comunicador que haya tenido algún vínculo –sin importar que haya sido legal- con los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Definir el tipo de promoción que se pueda difundir, los criterios para definir medios y entornos en los que deban ser difundidos y poner límites a los gastos de publicidad, son algunos de los aspectos que esta nueva Ley plantea.
Acaba de ser aprobada y es momento de que se le someta a una rigurosa revisión, para ver dónde debe ser mejorada.
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Epílogo.
La PGR ha sido lenta, pero contundente en la investigación sobre las empresas “fantasma” que utilizó el candidato presidencial Ricardo Anaya para cerrar un negocio que le redituó 54 millones de pesos. El Ministerio Público se desistió de la investigación del delito recursos de procedencia ilícita que había abierto contra Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreiro, luego de llegar a un acuerdo para reparar el daño, el cual incluye la donación al Estado de la nave industrial que vendió Ricardo Anaya. El chofer de Barreiro aceptó que firmó los documentos por orden de su patrón para construir la empresa Manhattan Master Plan que compró la construcción al candidato panista. La caída del prestigio de Ricardo Anaya es ya vertical. *** Tanto que presumió el gobernador de Veracruz de que con él, “las leyes se respetan y se cumplen”, y que en su administración, ya no habría más bloqueos de vías de comunicación. El caos provocado este martes por la organización de transportistas “Amotac”, lo desmiente. *** Un asalto bancario en Minatitlán y una balacera justo frente a las oficinas de la PGR en Coatzacoalcos, es el parte “sin novedad” de nuestro gobierno en materia de seguridad.
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