Por las complicidades compartidas con algunos gobernadores corruptos de su partido y su pusilanimidad para actuar oportunamente en contra de ellos –como sucedió con Javier Duarte en Veracruz, quien fue destituido del cargo y encarcelado hasta después de la derrota del PRI en 2016–, el presidente Enrique Peña Nieto y su cuestionada administración están representando un pesadísimo lastre para su candidato presidencial y para los aspirantes a las gubernaturas que actualmente se disputan en este y otros ocho estados.

Este miércoles 18, por ejemplo, Pepe Yunes Zorrilla, candidato de la alianza PRI-PVEM al gobierno de Veracruz, repudió en su cuenta de Twitter “el artero atentado” de un comando armado contra el regidor panuquense Eslim Mujadí Romero Olguín, “nuestro amigo y compañero”. El senador con licencia demandó “pronto castigo para los responsables materiales e intelectuales de este abominable hecho” y le exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “las mínimas garantías en Pánuco y que se cumpla la ley, la cual parece –dijo– haberse supeditado a conveniencias y alianzas políticas”.

Yunes Zorrilla tuiteó que “todos sabemos que la violencia en Pánuco es parte de una campaña de intimidación de cara al Proceso Electoral 2018 y una expresión de impunidad.” 

La agresión contra este regidor pepista sorprende porque Yunes Linares acababa de ser convocado el jueves anterior, junto con otros seis gobernadores del PAN, por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, precisamente para coordinarse mejor en materia de seguridad “a fin de generar condiciones de bienestar para la ciudadanía y el desarrollo de la contienda electoral”.

Y esta reunión en Bucareli se dio justamente el mismo día que en el Senado de la República los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a la PGR “a ampliar las investigaciones sobre presuntos vínculos de servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz durante la administración actual de Miguel Ángel Yunes Linares con organizaciones del crimen organizado, ante los indicios de la probable relación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con bandas delictivas que operan en la entidad y transgreden la salud, seguridad, patrimonio, integridad y vida de la población”.

En su exposición de motivos, los senadores del partido tricolor refirieron que “de acuerdo con diversos medios de comunicación, en el estado de Veracruz operan diversas bandas delictivas dedicadas a la producción y venta de estupefacientes; al comercio de vehículos robados; a la extracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos; al secuestro de personas y el robo de trenes que transitan por los estados de Puebla, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.” 

“Lamentablemente –puntualizaban–, existen indicios de que estas organizaciones del crimen organizado, se han coludido con las autoridades estatales y municipales de diversas demarcaciones, situación que resulta preocupante ya que vulnera la seguridad y patrimonio de la población.” 

“Para tener un panorama general de la situación por la que atraviesa el estado de Veracruz” señalaban lo siguiente: 

“1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación No. 6VG/2017, en ella documenta violaciones graves a los derechos humanos, la detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en el municipio de Papantla por parte de servidores públicos de la policía municipal en colaboración con personas del crimen organizado. El organismo nacional protector de los Derechos Humanos acreditó violaciones a la legalidad, impedimentos al acceso a la justicia y seguridad jurídica, por lo que recomendó el establecimiento de medidas para la reparación integral de los daños, la instrumentación de mecanismos de apertura a la sociedad civil y atender con oportunidad los índices de violencia generalizada y criminalidad imperante en el estado de Veracruz.

“2. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República tiene abierto un expediente por presuntos vínculos del Secretario de Seguridad Pública del estado con el crimen organizado, ya que se constató que hubo múltiples comunicaciones del servidor público con una de los principales líderes de una célula delictiva, quien de manera irregular la consideraba como ‘informante’. Por si esto no fuera suficiente, se identificó que el Secretario Jaime Ignacio Téllez Marié tiene una ‘larga amistad’ con la mamá y un hermano de una dirigente de un grupo delictivo, procesada en el penal de Morelos por delincuencia organizada y secuestro y cuya organización tenia influencia en el centro y sur del estado de Veracruz. 

“3. En la recomendación 5VG/2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma la desaparición forzada de cinco personas en el municipio de Tierra Blanca a manos de policías estatales en conjunción con elementos del crimen organizado. De acuerdo con testimonios, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal custodiaron a los jóvenes hasta un campo de tortura denominado ‘Rancho Trapiche o El Limón’, empleado por la delincuencia organizada para cometer asesinatos en la región de la Cuenca del Papaloapan.” 

La bancada del PRI en el Senado planteaba que “bajo estas consideraciones, es fundamental que las investigaciones que ha emprendido la Procuraduría General de la República, las amplíe contra los servidores públicos de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ante los suficientes indicios que muestran una probable colusión con organizaciones del crimen organizado.”  

Y concluía que “esta supuesta colaboración, pone en duda los programas gubernamentales de contención y prevención del delito, y abunda a la falta de certeza en las tareas de seguridad pública, ya que diariamente se denuncian la comisión de secuestros, homicidios, robos a vehículo, extorsiones y narcomenudeo.”

“Este contexto de inseguridad se traduce en altos índices de violencia y criminalidad, en la pérdida de inversiones y el menoscabo a la tranquilidad de la población quien ve vulnerada su seguridad y patrimonio”, resumían los legisladores priistas, por lo que consideraban relevante este Punto de Acuerdo que sometían a la consideración del Pleno del Senado para que se exhortara a la PGR “para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, amplíe las investigaciones sobre presuntos vínculos de servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz durante la administración actual de Miguel Ángel Yunes Linares con organizaciones del crimen organizado (…)”, y, segundo, que se exhortara también “al gobierno del estado de Veracruz y a sus municipios para que, en el marco de sus atribuciones fortalezcan sus programas de control interno a fin de identificar, sancionar y prevenir con oportunidad, la colusión y complicidad de los servidores públicos con organizaciones del crimen organizado, y en su caso establezca las sanciones jurídicas que conforme a derecho proceda.”