A Jorge Winckler, titular de la Fiscalía General del Estado, siempre le ha costado trabajo dialogar con los integrantes de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos.
No las entiende (la mayoría son mujeres, madres, hermanas o hijas de los desaparecidos) y por lo tanto no tiene idea de la urgencia que todas esas familias tienen de conocer el paradero de tanto tantos seres humanos de los que ya no se supo nada.
A principios del 2016, cuando eran botín de campaña, Miguel Ángel Yunes Linares se sentó con ellas, escuchó con atención sus historias, los problemas que enfrentaban para continuar con la búsqueda de sus familiares, y la falta de apoyo de las autoridades estatales.
Les prometió (porque en eso era experto, en prometer) que estaría a su lado en las tareas de búsqueda, que a partir de que asumiera el encargo de gobernador, se estaría sentando una vez al mes con todas ellas para conocer los avances y auxiliarlas en los temas que se convirtieran en obstáculo.
En abril de este año, Lucía Díaz Genao, representante del Colectivo Solecito denunció que la administración de Yunes Linares había abandonado el tema de personas desaparecidas en Veracruz y había asumido una actitud de rechazo hacia los familiares.
Dijo también que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler, era “elitista y grosero”, además de que había tomado también una actitud de rechazo hacia al colectivo, al que incluso bloqueó en su cuenta de Twitter.
“El gobernador no se reúne con nosotras, no le importamos ni un quinto, por eso no queremos que vuelva gente como él. Qué tal si su hijo sale igual”, remató la activista.
Esta semana, las organizaciones de familiares de desaparecidos encontraron nuevos restos humanos en el rancho “La Gallera”, en el municipio de Tihuatlán, una zona en la que la Fiscalía General del Estado abandonó la búsqueda el año pasado.
En un comunicado, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD) pidió a la Fiscalía de Veracruz le dé prioridad al proceso de identificación de restos y proporcione respuestas concretas sobre el mismo, señlando pasos y tiempos específicos.
Eso, por supuesto, no va a suceder.
En una nueva búsqueda en La Gallera, los miembros de esta organización hallaron decenas de fragmentos óseos calcinados, ropa, zapatos y objetos personales, justo en una zona donde la Fiscalía de Veracruz ya había realizado lo que esta organización denominó como “una búsqueda pasiva” a inicios de 2017 y que abandonó sin explicar los motivos.
Los restos encontrados en esta nueva incursión serán remitidos al catálogo ya existente de fotografías para que los familiares de personas desaparecidas puedan revisarlo.
La diligencia fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la PGR y se consiguó a partir de que un Juez de Control extendió una orden de cateo.
Aunque las evidencias halladas fueron embaladas por el personal de la PGR, la obligación de realizar los análisis periciales recae en la Fiscalía de Veracruz, y a los familiares de desaparecidos les preocupa que no haya una respuesta oficial, pues hasta la fecha no se ha dado prioridad al proceso de identificación.
En algo tienen razón los integrantes de estas agrupaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos: Su tema no es hoy prioridad, ni de Miguel Ángel Yunes Linares, ni de su subalterno, Jorge Winckler.
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Epílogo.
La candidata a la gubernatura por el partido Nueva Alianza, July Sheridan, se reunió este jueves con las integrantes de la orgasnización Veracruzanas Líderes de Opinión y de Acción (VELOA). Ante ellas se comprometió a que, de ganar la elección, las mujeres tendrán una mayor representación en la administración y en la sociedad. Ofreció que durante su gobierno se empoderarán aún más en sus diferentes ámbitos de trabajo, en el apoyo a la sociedad y para generar bienestar y cambiar los núcleos en donde se toman las decisiones. *** La Coalición de Pensionistas del Estado entregó en el Congreso local una iniciativa popular que plantea dar autonomía financiera al Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Con 14 mil 667 firmas de respaldo, esta organización plantea que el IPE deje de ser la “caja chica” del Gobierno y se les permita el manejo y resguardo de sus ahorros. Los pensionados que integran esta organización llevaban el acompañamiento jurídico del abogado Juan José Llanes. La mala noticia es que los pensionados olvidaron que son tiempos de campaña. Ninguno de los 50 diputados estaba disponible para atenderlos.
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