La gran mayoría de los secretarios de despacho apenas podrían balbucear alguna acción a su cargo, si su patrón los dejara interactuar con los reporteros, pero en general se mantienen parapetados tras las paredes de sus oficinas, dormitando, aburridos, con tan poco dinero y autonomía que hasta las giras de trabajo están prácticamente canceladas.
¿Cuáles son las oficinas estrella? Ya tuvieron su momento las secretarías de Salud y de Infraestructura y Obra Pública; en el primer año, la de Salud fue la beneficiaria de los casi mil millones de pesos recuperados por el gobierno federal de los robados por Javier Duarte. La verdad es que todavía este mes han sido inauguradas obras de diverso calibre en hospitales del estado, la última, en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, donde se modernizó el área pediátrica. Digamos que su titular, Irán Suárez Villa, ha sido muy importante en esta derivación presupuestal.
La SIOP, sin embargo, solo tuvo auge en el primer año, con la reconstrucción de carreteras que permitieron el lucimiento del ahora candidato al Senado, Julen Rementería del Puerto, como la de Banderilla a Misantla, o la del bulevar Xalapa-Coatepec, donde se han suscitado decenas de accidentes automovilísticos que ya han cobrado al menos una vida humana.
Seguridad Pública y Fiscalía, las nuevas preferidas
Las dependencias que se mantienen en la mente de Yunes Linares, y donde actúa como si fuera el titular, con todos los errores y todas las agravantes que ello ha supuesto, son la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. La primera ha sido sometida a una fuerte presión, sin muchos resultados por cierto, para tratar de contener la violencia criminal pero, sobre todo, para perseguir a los adversarios políticos del gobernador y de su pretendido sucesor, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
Pese a la coordinación con las fuerzas federales, policiacas y castrenses, o se ha actuado con torpeza y desconocimiento ante el crimen organizado (y aún el desorganizado) o solo se ha tratado de decorar el discurso con supuestas acciones persecutorias. La violencia criminal subsiste, y en algunas áreas incluso se fortalece, y la única estrategia de que se vale últimamente el gobernador es la de negarlo todo, la de señalar supuestas disminuciones en el número de delitos, la de decir que las cosas pintan de rosa.
Para su desgracia, tanto la percepción ciudadana como la contundencia de los hechos han obligado a que buena parte de los veracruzanos desoiga sus excusas, mentiras y pretextos y se irriten más que sentirse aliviados. La última ha sido este fin de semana declarar que la delincuencia en Xalapa ha disminuido, una declaración que provocó enorme molestia en unos y una larga carcajada en otros; pero antes de eso tuvo una trompicada y escandalosa defensa de su gobierno frente al descarrilamiento y robo de trenes en la zona de Orizaba-Acultzingo, el último de los cuales dejó pérdidas por 312 millones de pesos, según la empresa ferroviaria Ferrosur.
Un reporte sobre tendencia de robo de carga en el primer cuatrimestre de 2018 señala a la carretera México-Veracruz (MEX-150D) como la ocupante del primer sitio en robos, y la única en el país en el nivel de riesgo Severo, con 755 robos, lo que significa el 20 por ciento de los que ocurren en el país. Le siguen la México-Saltillo (397 robos), Circuito Exterior Mexiquense (376), México-Zacatepec (260), Copandaro-Uruapan (185), México-Acapulco (156) y Gómez Palacios-Reynosa (153), aunque todas estas están en un nivel de riesgo Alto.
Si la violencia criminal no disminuye, a pesar de conferencias de prensa y ofertas de altas recompensas cuyos montos servirían muy bien para fortalecer el trabajo de vigilancia; si no se ha hecho prácticamente nada por mantener la seguridad en las vías de comunicación, lo que aleja inversiones privadas y, por ende, impide la generación de nuevos empleos; si sobre los veracruzanos de a pie siempre pende la amenaza sobre su vida y sus bienes, todo ello es porque no se están haciendo bien las cosas en seguridad pública.
Yunes Linares trata de protegerse las espaldas y culpa a los medios de comunicación (a los que ha despreciado porque según él no tienen impacto social) de que, pese a que los niveles de inseguridad han disminuido, la ciudadanía no lo siente porque los medios de comunicación hacen recuentos de los hechos delictivos que ocurren.
“Hemos disminuido la incidencia delictiva, pero no la percepción de inseguridad, con el hecho de que se cometa un delito en cualquier lugar del estado. Por ejemplo, muchos medios suman todos los días si hubo un asalto en Pánuco, un homicidio en Jáltipan y un robo a una tienda en Córdoba y lo suman”, dijo Yunes a empresarios y alcaldes en reciente reunión celebrada en Palacio de Gobierno.
La torpe interpretación del supuesto experto en seguridad llama a preocupación: los medios enumeran los homicidios que ocurren cada día en el estado porque es un tema preocupante, y generalmente se señala: ‘este día, asesinaron a cuatro personas en Pánuco, descubren tres cuerpos embolsados en Poza Rica, dos personas son asesinadas a cuchilladas en Xalapa cuando intentaban repeler un asalto, hallan dos cuerpos en vivienda de Boca del Río, en Córdoba fueron baleadas dos personas, hallan restos de dos personas en playas de Coatzacoalcos’. Decir que los medios dan el mismo valor a un homicidio que a un robo en una tienda es como creer que los veracruzanos pueden tragarse sin crítica su absurdo palabrerío.
Que la violencia permanezca y lo resienta la ciudadanía no es culpa de los medios, sino de un uso más bien electoral de la policía estatal, enfocada en perseguir y amedrentar por todos los rumbos de la entidad a los adversarios electorales del candidato oficialista.
Fiscalía, con facultades de persecución política
La otra dependencia consentida es la Fiscalía General del Estado. Pareciera que el gobernador despacha en calidad de Fiscal, distrayendo los recursos humanos, técnicos y financieros en la persecución de sus adversarios políticos, con base en un programa maquiavélicamente diseñado para tener impacto en momentos en que, sea el gobierno o el candidato a gobernador, se ubican en el ojo de algún huracán mediático.
La última ha sido salir con el sambenito de que se ha liberado orden de aprehensión contra Karime Macías de Duarte, cuando esto debió realizarse desde el primer día de su gobierno, casi de manera paralela a que se iniciaba la persecución del exgobernador Javier Duarte.
Las mismas pruebas que hoy esgrime la Fiscalía estaban en poder del nuevo gobierno desde sus inicios, de manera que es absolutamente sospechoso que apenas ahora, a poco más de un mes de los comicios, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal aparezcan en los medios nacionales, con el costo que ello significa, dando la noticia de que la justicia se prodiga contra quien falte a la ley, cuando hay varios corruptos de la época de Duarte que siguen libres y con privilegios, solo porque han devuelto dinero o porque han jurado lealtad al panismo y prometen usar todas sus mañas para hacer ganar al junior.
Mientras esto sucede con la Fiscalía, concebida como una Oficina de Venganza Política, dependiente directamente del gobernador, los casos de impunidad se acumulan vergonzosamente por toda la entidad; no hay dinero para movilizar a los policías investigadores ni para animar a los agentes del ministerio público, porque todo se orienta a las tareas de completar carpetas contra adversarios, que serán abiertas en el momento político que el líder de la cofradía considere el mejor para sus réditos electorales.
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