En el caso de Leobardo Vázquez Atzin, ejecutado el pasado mes de marzo en Gutiérrez Zamora, lo redujeron a la condición de taquero -oficio que desempeñaba para ganar un poco más de dinero ante la miseria que pagan en los medios de comunicación-, con todo y que hay evidencia de que continuaba trabajando como reportero y acababa de publicar información sobre un caso de invasión de terrenos en el que están involucradas autoridades actuales y anteriores del Ayuntamiento de Tecolutla. Que se sepa, nunca se investigó nada más allá. También, del mismo modo que en el gobierno de Duarte se trataban estos casos.
Pero Yunes Linares se aventuró a asegurar que no hay ataques hacia los medios de comunicación, y que en el estado de Veracruz hay “plena libertad de expresión”. Afirmación que fue respaldada en coro por sus amanuenses y textoservidores, que “celebraron”, ahora sí, el “día de la –supuesta- libertad de expresión” el pasado 7 de junio.
Sin embargo, el panorama real de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Veracruz es bastante menos idílico de lo que el régimen está dispuesto a reconocer.
En su informe “Diagnóstico de la Libertad de Expresión de los Periodistas en Veracruz”, presentado el mismo 7 de junio, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) refirió que en 2017 se contabilizaron 46 agresiones contra reporteros en los primeros cinco meses de ese año, y 48 en el mismo periodo del presente.
“Las agresiones a periodistas son diversas y van desde homicidio, robo, agresiones físicas, privación ilegal de la libertad, acoso u hostigamiento, hasta daños materiales y amenazas. En estas últimas, especialmente en años recientes, se han generado en nuevas modalidades, tanto por vía telefónica o por redes sociales y mensajería, a través de las cuales se propaga el miedo a los comunicadores en lo individual y en lo colectivo”, explica el reporte.
Y la muestra de cuál es la “voluntad” del actual gobierno para atender las agresiones contra periodistas la da, para no variar, la Fiscalía General del Estado. La CEAPP dio a conocer que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias que involucren Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez, se ha negado “a entregar copia de declaraciones y de expedientes a periodistas que comparecen ante la misma a presentar denuncias y siendo omiso igualmente en el acorde de las solicitudes por escrito. Esta práctica no sólo dificulta la identificación, el rastreo y seguimiento de los expedientes, tanto para los propios comunicadores como para la Comisión, sino que viola disposiciones constitucionales, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Víctimas”.
Asimismo, la Fiscalía se resiste a entregar la información que le requiere la CEAPP. “La información remitida por la Fiscalía a esta Comisión, ha sido escasa o insuficiente, pues no aporta datos relevantes sobre el estado real de las investigaciones y en la mayoría de los asuntos no brinda ninguna información”, sostiene el organismo en su informe.
De los 12 homicidios de periodistas registrados en Veracruz desde 2013 a la fecha, la CEAPP informa que sólo en uno de ellos se ha obtenido una sentencia condenatoria. “En este periodo, el 92 por ciento de los asesinatos de periodistas están impunes (…) La calidad de las investigaciones dista mucho de garantizar el acceso a la justicia y prevalece un modelo de simulación”, acusa.
El informe concluye señalando que “el periodismo veracruzano necesita condiciones dignas, decorosas y de seguridad, para realizar una labor de relevante interés social. Los periodistas merecen justicia”.
Justicia que no existe en Veracruz. Pero ahora nos dicen que ya hay mucho qué celebrar. La memoria suele ser tan corta como grande la conveniencia.
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