La sesión de este martes en el Congreso de Veracruz fue todo un compendio de las peores y más cínicas marranadas para torcer la legalidad, puestas en práctica en aras de complacer a un gobernador en decadencia, que busca cuidarse las espaldas tras esfumarse sus sueños dinásticos, luego de que los veracruzanos rechazaron en las urnas a su vástago como sucesor al “trono”.
Votos duplicados, “convenientes” fallos en el tablero electrónico y actitudes porriles marcaron las cuatro intentonas de los vasallos yunistas para aprobar, despedazando la constitucionalidad, el nombramiento de un fiscal “anticorrupción” de caricatura, cuyo nombre se daba por hecho desde el inicio mismo del proceso para su designación, el pasado mes de enero .
La artimaña fue la siguiente. Tanto en el artículo 67 de la Constitución del Estado de Veracruz como en la convocatoria respectiva, se establece que el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción “será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado”. A la sesión acudieron en total 48 legisladores. Pero como los diputados yunistas nunca obtuvieron la mayoría calificada necesaria, recurrieron a una argucia pedestre y que tendría que ser fácilmente hecha polvo en la Corte.
Para salir del atolladero, los empleados del gobernador resolvieron aplicar la base sexta de la convocatoria, que señala que “lo no previsto en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será resuelto por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia”.
Dicha comisión está controlada por la yunista María Josefina Gamboa y el ex priista y neoyunista José Luis Enríquez Ambell, quienes simplemente resolvieron que les valía madre atender un requisito constitucional y que podían nombrar a “su” fiscal con los votos que tuvieran a mano, y que al final fueron únicamente 27. De escándalo.
Los diputados del PAN intentaron engañar a la opinión pública con un argumento que más bien es un sofisma: “la Constitución establece una regla de excepción para cuando no se alcanza una votación calificada, es decir, para cuando los diputados no se ponen de acuerdo; esa regla de excepción nos remite a la convocatoria que haya aprobado el Congreso, misma que en su base sexta facultó por unanimidad a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia como órgano auxiliar del pleno a resolver lo no previsto en el procedimiento de designación de Fiscal Anticorrupción, de ahí que la resolución fue proponer al pleno el nombramiento de la persona que resultó más votada en los tres momentos de votación”, farfullaron.
En cualquier proceso legislativo, para realizar un nombramiento al que se le exige mayoría calificada para ser válido, si los diputados “no se ponen de acuerdo” simple y llanamente el nombramiento no pasa, no sucede, y se devuelve a comisiones. Y aun torciendo hasta el infinito la interpretación de una norma, es un hecho incontrovertible que las bases de una convocatoria y la “decisión” de una comisión legislativa no pueden estar por encima de la Constitución del Estado, que establece requisitos claros y sin posibilidad de aplicarles esas “convenientes excepciones”.
Hace poco más de dos años, el 17 de junio de 2016 para ser exactos, como gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares llamaba con voz encendida a no permitir a Javier Duarte nombrar “encubridores”. Dos años después, Yunes decidió convertirse él mismo en Javier Duarte y terminó de tirar al basurero de la historia lo que le quedaba de capital democrático a su fracasado y minúsculo gobierno, convirtiendo al Congreso del Estado, para mayor agravio a los veracruzanos, en su letrina.
Con su PAN se lo coman.
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