En su desplegado, Yunes Linares le reprochó a Peña Nieto que “cuando usted recibió el Gobierno Federal de manos de un gobierno emanado de otro partido político el período de transición se caracterizó por la responsabilidad y el respeto a la vida institucional”, y se quejó de que “Javier Duarte ha tomado la decisión de orillar a Veracruz al precipicio, provocando una reacción de la sociedad que puede salirse de las vías institucionales”.
“Es por ello que solicito su intervención urgente. Su gobierno no puede, no debe encubrir a quienes llevaron a Veracruz a la crisis social más grave de su historia como consecuencia de una corrupción que brota por todos lados y que se debe sancionar severamente, tanto en el orden federal como en el local. La exigencia de los veracruzanos de sancionar a quienes saquearon las arcas públicas —y devuelvan los recursos robados— es creciente. Hay que escuchar la voz popular. No se nieguen a hacerlo. Impidan las últimas acciones que Javier Duarte pretende llevar a cabo contra los intereses superiores de Veracruz”, concluía el desplegado. El resto de esa historia es conocido.
Pues dos años después, luego de que su hijo perdiera las elecciones de Gobernador y se esfumara su “sueño” de una sucesión dinástica, Miguel Ángel Yunes Linares pretende hacer lo mismo que Javier Duarte: blindar su salida del gobierno con el nombramiento de incondicionales en cargos estratégicos.
Uno de ellos es el de Fiscal Anticorrupción, a donde se ha perfilado desde hace varios meses a un empleado de la Fiscalía General, cuya autonomía ha sido pisoteada durante este bienio. Los magistrados “anticorrupción” ya fueron designados a principios de año, y entre ellos se encuentra Pedro José María García Montañez, ex secretario particular del mismísimo Yunes Linares, y quien funge como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Asimismo, inmediatamente después de que le fue entregada su constancia como gobernador electo a Cuitláhuac García Jiménez, el todavía presidente del Poder Judicial del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, “urgió” al gobernador Yunes Linares a presentar sus propuestas para sustituir a doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con el mismo objetivo: colocar personeros afines a su grupo e intereses.
Ante las airadas críticas que han merecido estas maniobras, Yunes Linares grabó un mensaje que difundió a través de redes sociales en el que arremete contra quienes lo cuestionan, a los que llama “ignorantes”, ya que “la Constitución determina que el Fiscal Anticorrupción lo nombra el Congreso del Estado de Veracruz. Yo no lo nombro”. Tampoco Javier Duarte lo iba a nombrar, sino la Legislatura en la que el gobernador tenía el control de la mayoría de los diputados. Exactamente como sucede con la actual.
Sobre el caso de los magistrados del TSJE, Yunes Linares ni siquiera disimuló y adelantó que “yo haré uso de mi facultad, previa consulta con universidades, con colegios de abogados, con grupos interesados en que la justicia en Veracruz cada día sea mejor”.
Sin embargo, el prestigiado y acucioso jurista Juan José Llanes alertó sobre las verdaderas intenciones del régimen derrotado en las urnas el pasado 1 de julio, pues lo que pretende es “colonizar” el Poder Judicial para, además de controlarlo y contrapuntear al Legislativo y al Ejecutivo -que estarán en manos de Morena en unos meses-, evitar que el actual fiscal general, Jorge Winckler, sea destituido e inhabilitado vía un juicio político.
A pesar de la derrota electoral, Yunes Linares busca mantener un coto de poder transexenal: intenta seguir gobernando a Veracruz a través de uno de los tres poderes del estado y usar a la Fiscalía General como arma contra el próximo gobierno. Igual que Duarte, de quien no se diferencia en absolutamente nada.
También él debería escuchar la voz popular.
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