Según anticipó, para 2019 prevén solicitar ¡cien millones de pesos de presupuesto!, dizque “para dar respuesta a las diversas necesidades” del nuevo aparato burocrático anticorrupción, pues detalló que en el gasto presupuestado quedará incluida la renta de oficinas, la compra de equipo “y sobre todo pago de sueldos y salarios, tanto del personal como del Comité”.
En su caso, precisó que conforme a los tabuladores actuales, su ingreso será de 60 mil pesos mensuales, o sea, 50 por ciento más de lo que percibirá la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la cual fue electa democráticamente y tendrá la responsabilidad de gobernar a más de 8.8 millones de habitantes, casi 650 mil por arriba de los que tiene el estado de Veracruz, según cifras oficiales de 2017 del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Vázquez Jiménez explicó al reportero Ángel Camarillo que la definición del presupuesto es una parte de las primeras acciones del Comité Coordinador, a la par de la elaboración del estatuto orgánico que regirá al citado ente, supuestamente “autónomo”.
Pero habrá que ver qué hará la austera administración del gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, con este costoso Sistema Estatal Anticorrupción, cuya mayoría de sus miembros son incondicionales del gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares.
El caso polémico más reciente fue el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, quien fue impuesto por diputados locales del PAN-PRD, totalmente afines a Yunes, sin alcanzar la “mayoría calificada” que exige la Constitución Política del estado; mientras que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es presidido por el ex secretario particular del mandatario panista, Pedro José María García Montañez, el cual fue promovido por el mandatario veracruzano a la magistratura en diciembre de 2017; y como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción acaba de ser nombrado el perredista Martín Quitano Martínez, quien estaba a cargo de la Editora del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Gobierno que encabeza el ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán.
¿De veras alguien cree que van a proceder en contra de las presuntas corruptelas que la nueva administración de MORENA les impute a los funcionarios yunistas que todavía se resisten a entregar por el poder?
¿Para qué crear y sostener más burocracia dizque para “combatir la corrupción”, si ya existen otros costosos “elefantes blancos” como el ineficaz Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), otro ente constitucionalmente autónomo, y la inútil Contraloría General del Estado, subordinada al Ejecutivo estatal, que no han previsto ni sancionado oportunamente todo el saqueo que se ha dado en las arcas del gobierno de Veracruz en las últimas tres administraciones priistas, cuyos ex funcionarios, que entraron con un austero patrimonio y salieron inmensamente ricos, siguen impunes en su mayoría mientras las finanzas públicas del estado están en bancarrota por la abultada deuda institucional que además se fueron heredando?
LUCÍA LARA SIGUE EN LA FGE
Por cierto, sobre la versión que corrió este martes acerca de que Lucía Lara Carmona había renunciado a la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, nos comentan de manera extraoficial que en realidad la abogada será promovida a otra área de la Fiscalía General del Estado, dado que las funciones ministeriales del cargo que venía desempeñando ahora le corresponderá ejercerlas al ex Visitador General de la FGE, Marcos Even Torres Zamudio, recién designado Fiscal Anticorrupción por el Congreso local.
Así que no hubo confrontación y tampoco –como se rumoró– la crisis interna en la Fiscalía General que supuestamente haría “renunciar” a su titular Jorge Winckler Ortiz.
Lo que pudiera ocurrir más adelante, ya será punto y aparte. |
