A diferencia de hace 47 días, cuando a mediados de julio acudió a la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador –sobre la que no emitió entonces ningún comunicado oficial y mucho menos grabó un video para difundirlo en las redes sociales haciendo alusión a dicho encuentro–, ahora, después de asistir este lunes 27 a la segunda sesión de la CONAGO, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a escasos tres meses de entregar el poder, pregonó con singular alegría que había “buenas noticias para Veracruz”, al anunciar que AMLO les había confirmado que el Ejército y la Marina continuarán “apoyando las tareas de seguridad pública en nuestro estado”.

“Hoy lo confirmó Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, en la reunión que tuvimos en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es una buena decisión, hay que reconocerla; da tranquilidad a los veracruzanos. Seguiremos trabajando con nuestras Fuerzas Armadas en beneficio de Veracruz”, expresó Yunes, quien debilitado políticamente tras el fracaso electoral de su primogénito, ha tenido que digerir tremendo sapo sin hacer el menor gesto, pues en otras circunstancias seguramente habría polemizado y exhibido al tabasqueño como solía provocarlo y denostarlo públicamente cada vez que visitaba el estado como dirigente nacional y aspirante presidencial de MORENA.

 Sin embargo, lo que no puntualizó Yunes es que esta decisión la tomó López Obrador luego de reunirse en privado,  el miércoles y viernes de la semana anterior, con los secretarios de la Defensa y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, quienes le dieron un amplio diagnóstico sobre la seguridad pública nacional.

Por ello, luego de su encuentro con el titular de la SEMAR –tres días antes de su reunión con los gobernadores–, el Presidente electo declaró en conferencia de prensa que “sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados y los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión”.

López Obrador tuvo que reconocer que “la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó”.

“No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad: no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina”, reiteró, pero apuntando que el despliegue de las Fuerzas Armadas será “transitorio”.

 “Va a ser un proceso para que, en el mediano y largo plazo, ya tengamos una Guardia Nacional”, afirmó.

 Pero más que festinar el anuncio de AMLO, Yunes debió incomodarse ante su doble fracaso en esta materia, ya que ni como subsecretario de Seguridad Pública federal ni ahora como gobernador fue capaz de contribuir a consolidar cuerpos policiacos confiables y eficaces para enfrentar a la delincuencia, lo que ha obligado a las Fuerzas Armadas a realizar labores ajenas a las castrenses, atropellando inclusive derechos humanos que López Obrador se comprometió a no permitir que continúen vulnerándose, aunque no dijo cómo.   

 Ahí está el caso, por ejemplo, del general de brigada José Luis Sánchez León, quien apenas el pasado 1 de agosto tomó posesión de la Comandancia de la Sexta Región Militar en Veracruz pese a que estuvo sujeto a investigación por el presunto encubrimiento de la muerte de 22 personas, víctimas de una presumible ejecución extrajudicial ocurrida en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, caso por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 51/2014 en contra de la Sedena, de la PGR y del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, pues la indagatoria de la CNDH concluyó que la escena del crimen había sido alterada para aparentar que se había dado un enfrentamiento.

A Sánchez León, quien sustituyó al general Juan Manuel Rico Gámez, le tomó protesta en el cuartel de La Boticaria en Boca del Río, el subsecretario de la Defensa Nacional, Roble Arturo Granado Gallardo, uno de los cinco candidatos más fuertes que se mencionan para la titularidad de la Sedena en la administración de López Obrador, quien ha tenido que aceptar que para dicho cargo sea nombrado un militar de alto rango en activo.

Después de ser removido como comandante de la 22 Zona Militar en el Edomex, Sánchez León pasó a hacerse cargo de la Quinta Región Militar, donde participó en la “fallida” operación para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes (a) El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Y es que el jefe militar tenía como función dar apoyo táctico, específicamente los movimientos en tierra para la persecución del capo del CJNG, sin embargo “salieron a la luz las deficiencias de planeación y tácticas” reflejadas en los 39 narcobloqueos, las afectaciones en por lo menos 25 municipios, 19 personas heridas, 19 detenidas, y 9 oficiales muertos tras la caída de una aeronave Cougar, derribada por sicarios de la organización criminal jalisciense. Además, alrededor de 40 personas desaparecieron en fechas posteriores.

Sánchez León también estuvo cerca del “escándalo” tras un anuncio de la Presidencia de la República que dejó en evidencia que el grupo de los Beltrán Leyva, entonces parte del Cártel de Sinaloa, había cooptado a integrantes de su personal.