La justicia en México sigue sin ser legal, no hay ejemplo de figura pública que inspire reverencia, ni siquiera respeto.
La llegada de un nuevo estilo de gobernar les infunde miedo porque saben que la gente, que menospreciaron por muchos años, ahora recobra la memoria y la amnesia aparente también exige justicia. Pero algunos piensan que con cambiarse al equipo de los nuevos los convierte en limpios funcionarios públicos.
Medraron con el puesto y ahora ven que la única oportunidad de salvarse de la sanción es perteneciendo, de nuevo, a la estructura de gobierno que puede ofrecerles fuero y, por lo tanto, impunidad.
Ahí está el caso de los Duarte, Javier y César, cada uno en su estado Veracruz y Chihuahua, implicó a un grupo de colaboradores como cómplices, pero no han podido ser detenidos, ni siquiera investigados a pesar de las pruebas en su contra.
De norte a sur la impunidad tiene su representante. El vacío de poder que significó la administración que agoniza no pudo con la tarea que desde el inicio le quedó grande, muy grande. Lo dijeron algunos analistas que después se convirtieron en los aplaudidores de ese mismo régimen que en un principio repudiaban, pero todo tiene un precio en los medios de comunicación.
Esos mismos responsables de la difusión del humo de la mentira administrativa son los mismos que ahora descalifican las acciones de un gobierno que todavía no inicia, y que una vez que comience, empezarán a publicar lisonjas en busca de las migajas de un presupuesto que está destinado a causas más dignas.
En los estados de Veracruz y Chihuahua, los sucesores de los hombres corruptos que fungieron como gobernadores no han podido castigar a los culpables, en el norte ni siquiera tienen al ex gobernador de Chihuahua preso, está todavía prófugo; en Veracruz no pueden reunir pruebas de la culpabilidad de personajes que ahora quieren cambiar de partido para alcanzar la impunidad, como es el caso de Alberto Silva Ramos, quien fuera uno de los personajes más cercanos a Javier Duarte y ahora pide ser coordinador de Comunicación Social de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador electo.
A Silva Ramos, priista de abolengo, no le interesa cambiar de piel, sólo quiere impunidad, porque el actual gobernador panista de la entidad prometió que en seis meses después de tomar el cargo, llevaría a la cárcel a todos los colaboradores de Javier Duarte, sólo está en proceso, todavía sin sentencia, el que fuera secretario de seguridad del estado, pero no es el único, de hecho puede decirse que es de los menos implicados en el gran saqueo a la entidad, donde se fabricaron empresas fantasma para embolsarse el dinero de los veracruzanos sin importar si los afectados eran ancianos, estudiantes, mujeres, niños con cáncer, etc. Es decir, se trata no sólo de un robo sino de una masacre que debe castigarse y que pareciera entrar en el hoyo negro de la justicia del régimen de Peña Nieto que otorgaba más impunidad que averiguaciones previas.
En el caso de Corral Jurado, la obsesión por la palabra pública parece enterrar la intención de hacer lo posible por atrapar a César Duarte y sus innumerables cómplices que están en todas partes del estado y de las fuerzas vivas de esa entidad. Pero sólo hay uno que otro bajo sospecha cuando en realidad los medios dieron santo y seña de las atrocidades de empresarios de la medicina, del tráfico de bienes inmuebles y una serie de anomalías que pareciera que fueron cometidas por un solo hombre.
Impunidad es la palabra que identifica al actual aparato de justicia.
Los exgobernadores priistas que están en la lista de investigaciones son muchos, algunos ya libraron las acusaciones como es el caso de Rodrigo Medina de la Cruz, a quien había dicho el actual gobernador independiente que metería a la cárcel en cuanto llegar al poder y Rodrigo ahora tiene más simpatías que el propio Bronco.
Los gobernadores han utilizado la promesa de encarcelar a los corruptos que les antecedieron como una de las mejores trampas para ganar las elecciones, no se ha sabido de un gobernador que hay encarcelado a su antecesor por méritos propios, siempre utilizó el apoyo de la federación, como sucede en el caso de Javier Duarte, quien comienza a sacudirse las acusaciones al reclasificarse los delitos de los que se le acusa.
Es decir, la promesa de justicia es la gran promesa de campaña, pero ante los hoyos negros de la justicia mexicana esa promesa, sea bien o mal intencionada, nunca se concreta y los mexicanos ven pasar los años y la impunidad frente a ellos sin que haya poder humano que los sancione ni siquiera por uno de los muchos delitos que se les imputan.
La justicia debe ser legal y la legalidad justa, la política debe tener en su promesa de campaña la posibilidad de lo real, de lo concreto. Pero ante el engaño también debiera haber castigo, si a los políticos mexicanos se les creara la mentira como delito grave las cárceles estarían llenas de ellos. Habrá que comenzar a crear los mecanismos para que la mentira sea erradicada de los políticos y será en esa misma medida en que haya un país de verdades.
En un país democrático la promesa de encarcelar a los políticos no debe ser una promesa política, siendo del orden judicial esa tarea, pero la confusión de funciones y depender de un solo poder en lugar del equilibrio de instancias arroja cómplices involuntarios. PEGA Y CORRE.- Pareciera que la impunidad alrededor de los hechos ocurridos en los terrenos de Ciudad Universitaria tiene dos factores en los que debe ponerse mucha atención: el primero el miedo, el segundo el PRD, porque en este gobierno de la capital, todavía en manos de perredistas, pueden salir libres dos jóvenes acusados de ser porros y golpear, a pesar de que fueron captados por las cámaras en plena acción delictiva, cuando los señalados como autores intelectuales también son de ese mismo partido. El miedo, es otro de los factores que impide que se haga justicia en estos hechos que no pueden menos que indignar a la población y al mundo entero… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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