Aunque no hay mucho qué buscarle. Javier Duarte pudo acogerse al procedimiento denominado juicio abreviado, declararse culpable y recibir una condena mínima gracias a que, en las semanas previas, la PGR se desistió de la acusación por delincuencia organizada que le imputó en un principio y que era el único delito grave que enfrentaba el ex mandatario veracruzano. Así que hubo o dolo o una incompetencia demencial por parte de la Procuraduría. Y en ambos casos tendría que haber consecuencias. Claro, en un país donde se respetase la ley.
Pero en el Senado de la República se aprobó un acuerdo que pudiera llegar a tener mayores alcances. El Pleno de la Cámara alta urgió a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar al Gobierno de Guatemala que autorice la extensión del acuerdo de extradición de Javier Duarte para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada de personas.
Hasta ahora, la petición de la Fiscalía veracruzana para que se agregue este delito a la carpeta de investigación que se le sigue al ex gobernador no ha sido atendida por el gobierno guatemalteco, ya que su símil mexicano se hizo “de la vista gorda” y no actuó en consecuencia. En buena medida, porque el Gobierno de Veracruz cometió la torpeza de politizar el tema y liberó la orden de aprehensión en plena campaña electoral. Sin que le sirviera de nada, por cierto. Las campañas ya pasaron y El PRI y el PAN fueron arrasados, con o sin Duarte de por medio.
Si el Gobierno de Guatemala acepta añadir este ilícito al acuerdo de extradición, el ex mandatario veracruzano podría ser procesado por un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada, que no le permitiría aprovechar a acuerdos legales “benévolos” como al que acaba de acogerse.
Y más allá de filias y fobias políticas, su procesamiento estaría más que justificado. La responsabilidad de Javier Duarte en la tragedia humanitaria que se vive en Veracruz por las miles de desapariciones registradas en su sexenio está acreditada tan sólo en el simple hecho de que era el jefe de las instituciones del estado. Además de que hay señalamientos directos en su contra por parte de implicados en estos hechos atroces. Por lo menos estuvo al tanto, y no hizo nada.
Si el agónico gobierno de Enrique Peña Nieto ignora esta petición del Senado, no habrá duda de su complicidad con Duarte y tendría que ser llamado a cuentas por ello. Penalmente, incluso. Pero entonces la responsabilidad de proceder recaería a partir del 1 de diciembre en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que este jueves se quejó de que el fiasco en el proceso contra el veracruzano se debe a que no ha habido voluntad para reformar las leyes y hacer de la corrupción un delito grave.
La desaparición forzada de personas no solamente es un delito tipificado como grave en la legislación mexicana. Es una monstruosidad. Así que López Obrador tendría la inmejorable oportunidad de demostrar que su discurso, en el que asegura que no va a haber corrupción ni impunidad, va en serio.
A ver si se atreve. Lo que es un hecho es que para enjuiciar a Duarte por lo peor que pasó en su sexenio y evitar que se vaya impune, ésta sí es la última oportunidad.
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