Cuentan muchas animalistas, que la CSA en sus campañas de esterilización cuando el médico Figueiras realiza las intervenciones, ha originado la muerte de caninos. Él y su pequeño equipo, instalan carpas y adentro ellas hay tan solo una mesa para realizar las esterilizaciones de perros y gatos, en condiciones realmente insalubres –mesas y material quirúrgico sin estar debidamente esterilizados-.
Desde que el inicio de sus funciones, dicho médico veterinario es uno de los que se encarga en realizar las operaciones a los animales que habitantes del municipio le llevan y en donde, para infortunio de las mascotas, muchas de ellas quedan en la plancha a causa de las constantes negligencias de este sujeto. Sin compromiso ni ética, el tipo le entrega el animal muerto a sus propietarios, quienes por ser personas de bajos recursos, con toda su pena, se llevan a su perrito para darles sepultura. Para Figueiras es trámite, no le mueve ni una fibra ser el causante de la muerte de un perro o de un gato.
En entrevista con el director de Medio Ambiente y Protección Animal del ayuntamiento de Veracruz, José Ángel Capetillo Victoriano, indicó que las campañas de esterilización que realiza el Centro de Salud Animal a su cargo, son totalmente gratuitas y que están diseñadas para que personas de bajos recursos, lleven a sus mascotas para que se les practique la esterilización, como también la atención médica de animal en el caso de así requerirlo.
Algunas personas que han asistido a dichas campañas, me denunciaron que Figueiras les cobró la cantidad de 350 pesos por realizar dicha operación y que no entrega recibos de ningún tipo. Curioso, pues el titular y jefe de este, advierte que el ayuntamiento no aplica ningún tipo de remuneración y que las intervenciones que se realizan en las colonias a través de las campañas, son total y absolutamente gratuitas.
Podemos pensar entonces, que el médico veterinario de la CSA no tan sólo es negligente con los animales al operarlos y como resultados, éstos morir en su mugrosa mesa de operaciones; sino que también, se encuentra cometiendo un fraude descomunal al municipio, luego de que el dinero recaudado no lo está reportando a las arcas y él se queda con dicha aportación que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos que han denunciado, advierten que este no da recibos de ninguna índole. Es decir, no hay un solo indicio de sus fechorías.
Una negligencia tras otra, una corrupción evidente y prepotencia en alguien que se siente realmente protegido por el propio alcalde de Veracruz. De acuerdo a la declaración del titular del Medio Ambiente y Protección Animal, comentó que en las instalaciones de la CSA se realizan operaciones de esterilización. Dichas operaciones tienen una cuota de recuperación realmente simbólica –según el tamaño del ejemplar- que oscila entre 100 a 150 pesos, pero que en las Campañas de Bienestar Animal que se realizan las brigadas en las colonias y fraccionamientos, no tienen costo alguno.
El titular de Medio Ambiente y Protección Animal, advirtió que Alfredo Fernández es coordinador de Protección Animal, figura que se incluyó en ésta administración municipal. Capetillo Victoriano indicó que Fernández, tiene que ver todo lo que concierne en la supervisión tanto de los médicos veterinarios adscritos al Centro de Salud Animal –como lo es el médico Figueiras y el médico Calva- y también tiene bajo su responsabilidad la supervisión de la administradora, que es Michel Castro y las actividades de los inspectores.
“Yo te puedo decir con relación a Figueiras, que no es protección (…) Al final quien no hace bien su trabajo o quién falla, amerita sanciones (…) En todo lugar ¿no? (…) Llámese un médico, un administrador, llámese un supervisor, llámese personal administrativo o el área que sea (…) Al final, están para prestar un servicio de una manera correcta (…) Si alguien hace mal su trabajo, esto perjudica tu función y se le tiene que decir adiós (…) En lo que a mí respecta, he visto algunas (…) Digo yo no soy una persona afecta a las redes, si las tengo, pero por la cuestión del trabajo ni tiempo me da andarme ahí metiendo (…) Si me meto de vez en cuando y si he visto denuncias que me han reportado (…) Pero a la dirección, no ha habido ni una sola denuncia en contra de Figueiras (…) Ahí que te invitaría apoyarme, a que los perjudicados lo hagan de manera formal aquí en la dirección para que en coadyuvancia con la fiscalía, se proceda en el caso de que Figueiras resulte responsable” manifestó Capetillo Victoriano.
Lo alarmante de su declaración, es que pide que la gente presente el cuerpo del delito ante la FGE, es decir, ante el negligente Andrés de Parra. Es decir, tenemos que esperar a que Figueiras mate otro u otros ejemplares para que las dueños de estos, lo presenten ante la FGE y de ahí se “analice” –no ha podido “analizar” los miles de cientos de cuerpos ubicados en las fosas clandestinas- para proceder en contra de este señor, y “ver” si la muerte no es culpa de las condiciones de salud del animal.
Morena traiciona, Morena comparsa del prianismo
La tipificación que el pleno legislativo realizó en lo oscurito el pasado jueves, pone el absoluto precedente la cruda realidad que persiste en la entidad veracruzana, en dónde, al ciudadano se pretende castigar con encarcelamiento de seis meses a dos años por tan sólo difundir en sus redes sociales o portales un meme con imágenes o textos que “dañen” la reputación o autoestima [cuál] de una “persona” [más bien político]. Una iniciativa ambigua y que indudablemente será utilizado en contra de los periodistas veracruzanos.
Lo curioso que a esos legisladores les parece más correcto que los miembros de su partido incrustados en el gobierno [como Pepe Mancha, Julen Rementería, por citar algunos] roben sin recato y jamás serán tocados ni con el pétalo de una rosa. En el poder existen muchos Javier Duarte, que cobijados en él, roban a manos llenas sin ninguna consecuencia.
Las leyes se “ajustan” para joder al pueblo y proteger a los delincuentes de cuello blanco. En México, estamos en un país donde los asesinos [esos que están protegidos por los políticos] y los servidores públicos, pueden orquestar las más horrendas acciones en contra de la ciudadanía. Pueden despojar utilizando a la fuerza pública quienes excedidos hasta matan. Pueden robar a manos llenos [como lo hizo Javier, Fidel, Karime, Mancha, Rementería, Poo, Yunes, Mota, Deantes, Lagos, etc.], crear empresas fantasmas, participar en desaparición forzada, pueden ser legisladores o funcionarios “a modo” como María Josefina Gamboa Torales y la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz o Jorge Winckler Ortiz, Eva Cadena o Sheridan, quienes su negligencia rayan en la cobardía.
Ésta absurda ley es similar a la que pretendía Javier Duarte impulsar, cuando ordenó encarcelar a María de Jesús Bravo Pagola. Esa misma que tanto criticaron los panistas. Esa misma que hoy pretenden promover, pisoteando no tan sólo la libertad de expresión de los ciudadanos, sino, también, imponer cárcel a los periodistas que investiguen sus actos de corrupción y los publiquen en sus medios de comunicación. Una literal #LeyGarrote.
Lo más imperdonable, es que los de la supuesta “4ª transformación” estén resultando de quinta, al ir en comparsa y ponerse en contra de la libertad de expresión. Al violentar, pisotear y pretender instaurar una “cacería de brujas” en contra de quienes evidencien todas y cada una de sus corruptelas.
Bajo el título de acoso cibernético, los diputados avalaron imponer de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad a quienes difundan por medios digitales este tipo de información (…) Los cambios al Código Penal del Estado de Veracruz es considerado por la población como una "Ley Antimemes" y es considerado como una cobardía de parte de los diputados locales sobre todo por parte del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional y por lo que no dudamos se emprendan campañas ciudadanas para abolir dicha iniciativa y que entre en vigor. Y mientras tanto, Javier Duarte con tan sólo 58 mil pesos y tres años de cárcel, logra pagar los millones y millones de pesos que desvió a sus cuentas personales.
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