Entre una y otra figura hay mucha diferencia, pues de permanecer en su sentido original, Julen Rementería podría hasta ser sometido a juicio político y, en consecuencia, a la acción de la justicia por el caso del amaño en la entrega de contratos millonarios a la empresa (casi fantasma) Izal Inmobiliaria SA de CV, propiedad del líder panista José de Jesús Mancha Alarcón, cuando se desempeñó como titular de la SIOP.
No está volado pensar en que esto podría ocurrir en las próximas semanas, pues el calendario está próximo al 5 de noviembre, fecha en la que la próxima Legislatura ya tendrá a Morena con mayoría.
De ser así, a Bingen Rementería no le va a alcanzar el raquítico cabildeo que tendrá en el nuevo Congreso para impedir el juicio de procedencia contra su padre.
Vaya, ni siquiera podría frenar la andanada de cuestionamientos que seguro ocurrirán en la glosa del II Informe de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares cuando sea el turno de SIOP, comparecencia de la que tendrá que desistirse por el claro conflicto de interés.
Aquellos afectados por el yunismo comen ansias de ese momento en el que posiblemente habrá nuevos documentos que confirmen el saqueo de Yunes y camarilla.
Mientras todo eso ocurre, el que aguantó vara a la horda panista fue Lorenzo Portilla, quien respondió a los enviados legisladores que no hay marcha atrás.
Las benditas redes sociales
“En el restaurante el Churrasco de Plaza Montemagno, el senador Julen Rementería le acaba dar instrucciones, bastante molesto, a su hijo el diputado local Bingen Rementería y al diputado local Juan Manuel de Unanue, que deben protegerlo a cualquier costo, y que deben tapar su daño patrimonial de 72 millones de pesos en su paso por la SIOP y también tapar los contratos ilícitos que entregó al ex dirigente estatal panista, José Mancha Alarcón”. Jair García
Cuenta Pública 2017, una papa muy caliente
Dicen que los panistas están tratando de convencer a los diputados del PRI y Morena para que acepten hacerse de la vista gorda ante las evidencias de desfalcos en dependencias del gobierno estatal, aunque están particularmente interesados en la SIOP y la Sedesol, durante los periodos en que estuvieron al frente los actuales senadores panistas de Veracruz Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román.
Pero todo parece indicar que no han logrado su objetivo. Este viernes, el diputado priista Carlos Morales Guevara, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, encargada de analizar el tema, ha declarado que las observaciones del Orfis por el presunto daño patrimonial de más de 300 millones de pesos y las faltas graves por cerca de 800 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017, contradicen el discurso que, desde la campaña, promovió el gobernador Miguel Ángel Yunes, quien prometió un manejo transparente de los fondos del Estado.
Y calificó como seguro que en la cuenta pública del año que entra, correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, el daño patrimonial sea mucho mayor, pues el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó que a muchos de los montos -considerados faltas graves- se les dará seguimiento en la fiscalización del segundo y último año de gobierno de Yunes.
Y es que el jueves, la comisión de Vigilancia inició con la revisión del Informe de Resultados Generales de la Cuenta Pública del 2017, por lo que se estarán reuniendo con el Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla.
“Pensábamos encontrar un panorama donde no iba a existir ningún tipo de presunto daño patrimonial, ni siquiera algún tipo de interpretación que pudiese enmarcar a la administración saliente, en datos que a la sociedad los tiene cansados, que son la corrupción y abusos en el ejercicio del poder”.
En ese sentido, se dijo extrañado por el monto observado que, si bien no se compara con otros ejercicios, implica un mal manejo de los recursos públicos, y que los simples señalamientos son evidencian el doble discurso que promovió el PAN.
De acuerdo con el informe de Resultados que entregó el Orfis, el gobierno de Yunes Linares tiene observaciones por presunto daño patrimonial de 338 millones de pesos, y se determinaron faltas graves el manejo de más de 815 millones de pesos, en el que se incluyen los contratos asignados a José Mancha, líder del PAN.
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