Pero, además, agregó, porque el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez recibirá en diciembre siete mil millones de pesos de participaciones federales y de ahí puede tomar para pagar.
Le dio la razón en el sentido de que el ejercicio fiscal concluye el 31 de diciembre aunque insistió en que él recibe recursos hasta el 30 de noviembre.
Aceptó también que su gobierno ha venido recibiendo mensualmente los siete mil millones de pesos de participaciones federales, pero que ya no estará en el último mes del año.
No sería válido su argumento
Un técnico, no un rudo; un experto financiero dedicado a la academia, no un político, tercia en el diferendo entre los gobernadores y su opinión induce a pensar que el gobierno saliente cayó en irresponsabilidad al no prever la obligación y al no proveer lo necesario.
Para el licenciado, maestro y doctor Arturo Francisco Gutiérrez Góngora, a este mes de octubre todos los empleados del gobierno estatal han devengado casi 10 meses de aguinaldo.
Opina que por ello, las reglas contables indican que se deben realizar provisiones, es decir, se debe guardar un monto mensual para que al final del año no resulte que no se cuenta con recursos.
“El aguinaldo es una obligación exigible y cierta y que se va devengando como trascurre el ejercicio fiscal”, señala.
Expresa que entonces si se cumplió con las normas contables, “debemos estar tranquilos”.
Gutiérrez Góngora, actual director del Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP-VER) escribió un artículo sobre el tema para el portal referente.com.mx y en él opina todo lo anterior.
En la disputada verbal entre Miguel Ángel y Cuitláhuac en la que ya terció antes el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, Carlos Morales Guevara, la pregunta es: ¿se cumplió con dichas normas contables y se guardó el monto mensual? Si no se hizo, ¿por qué?
Gutiérrez Góngora es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana (UV), cuenta con maestrías en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP-VER) y tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente.
Recuerda que la Ley de Ingresos del Estado dice:
“Artículo 1. Durante el Ejercicio Fiscal de 2018, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave percibirá los ingresos por los conceptos señalados en la presente que se destinarán a cubrir los gastos públicos, en las cantidades estimadas en peso...”.
Agrega que establece un monto de recursos a recibir por parte del Estado de 92.2 miles de millones de pesos, esto es, el 80 por ciento del total, y que el resto corresponde a los municipios.
También comenta que el Código Fiscal de la Federación indica lo que es un ejercicio fiscal, en su artículo 11:
Artículo 11.- Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate.
Precisa que el ejercicio fiscal es un año calendarizado empezando el primero de enero del año de que se trate.
“Entonces al mes de noviembre deberán recibirse 11 doceavos del presupuesto aprobado y estará pendiente por recibirse solo un doceavo correspondiente al mes de diciembre, mes en el que el (gobernador) actual ya no estará en funciones”.
Me atrevo a opinar que no es exactamente el mismo caso de los impuestos retenidos a los trabajadores, que no pagó al SAT el gobierno de Javier Duarte, pero si no se previó y no hay dinero entonces se dispuso de un recurso que ya estaba comprometido.
Cabe pensar que confiados en que retendrían la gubernatura, los responsables de la administración que se va se confiaron y no cuidaron detalles como el anterior.
Es indudable que a uno o a más de uno le resulta responsabilidad.
Otro experto, que me pidió omitir su nombre, me comentó que el pago no solo debió haberse presupuestado sino provisionado, como opina Gutiérrez Góngora.
“Si no se hizo, desde hoy el Contralor General del Estado, Ramón Figuerola Piñera, puede iniciar procedimiento al Secretario de Finanzas, al Subsecretario de Egresos, al Director de Contabilidad y al Tesorero, entre otros”.
Independientemente de las consecuencias legales del diferendo, desde el pasado día 10 Cuitláhuac dijo que “nosotros ya tenemos cómo resolver el problema económicamente, pero sí vamos a entablar denuncias para lo que corresponda contra Miguel Ángel Yunes Linares si no deja en caja lo que corresponde a diciembre” (alcalorpolitico.com).
La presión del tiempo está a todo lo que da contra los que se van. Parece que ni la contratación de prestigiados despachos del país y hasta del extranjero para tratar de limpiar el manejo de recursos salvará a algunos.
Empieza el juicio al gobierno saliente
A 43 días de que concluya la actual administración, ayer leí (alcalorpolitico.com) el primer juicio de un investigador serio sobre porqué el gobierno yunista se va con el juicio crítico de los veracruzanos: por la falta de resultados.
Alberto Olvera Rivera, investigador de la Universidad Veracruzana, señala que el peor error del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue prometer lo que no podía cumplir (a lo mejor prometió mucho porque tenía la seguridad de que su proyecto político sería de ocho años, me atrevo a pensar).
Concluye que deja Veracruz igual que como lo recibió: azotado por la violencia y en medio de una crisis fiscal.
Coincido con él en que el reto que tenía al frente del Ejecutivo “era formidable” (acoto: como lo tiene ahora Cuitláhuac García, quien llega con las mismas expectativas de los veracruzanos, con la diferencia de que tendrá seis años para cumplir con lo que sigue ofreciendo).
Le critica haber pasado por encima de los acuerdos que se habían tomado en el Congreso para hacer rotativa la mesa.
Su juicio es inapelable: fue una imposición política, “un juego muy rudo e innecesario” que además rompió las alianzas políticas entre los partidos, “que eran indispensables para las reformas constitucionales”.
Creo que eso fue tan grave o más que no haber cumplido lo que prometió porque creó desconfianza y falta de credibilidad en su palabra, fantasmas que ahora lo persiguen y con los que se va a ir encima. Por más que diga, explique u ofrezca, aunque a veces le asista la razón, mi percepción es que difícilmente alguien le cree.
Cuestiona también que en lugar de conformar un frente estatal para exigirle a la Federación que respondiera por el desastre que dejaba el gobierno anterior, prefirió la negociación en corto, en privado, no transparente “y que le resultó ineficaz”.
Tiene razón. El único asomo de reclamo lo hizo al rendir protesta pero de ahí se olvidó del asunto. Pronunció esa única vez: “Nos parece totalmente indebido que a Veracruz se le quieran escatimar recursos para resolver una crisis humanitaria, que se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras y acciones que no tienen un sentido de urgencia como sí lo tienen los retos y las necesidades que hoy enfrentamos en Veracruz. No estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales, la Federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa justa y solidaria”.
La conclusión general de Alberto Olvera es letal: “En vez de que hubiéramos aprendido algo, terminamos no saliendo del problema y echando a perder un régimen de Gobierno muy corto”.
Seguramente vendrán otros juicios, aunque creo que no variarán mucho. Y, claro, falta el juicio de la historia, que a veces es demoledor. |
