Aunque esto no tiene mucho de novedad, pues en cada inicio de sexenio federal, ocurre lo mismo, se reacomodan dependencias, desaparecen algunas y se crean otras.
La cuestión es más allá de un simple cambio de nombre, que si se va a acortar o llamar diferente, que si la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL ahora se va a llamar Secretaría de Bienestar, lo importante son las funciones que tiene que desarrollar y la forma en que tendrá que hacerlo.
Así que si los asuntos de Seguridad y Protección ciudadana van de la Secretaría de Gobernación a una nueva secretaría, o que los temas de comunicación social los tratarán desde una oficina de la presidencia de la república.
El cómo lo harán, es la clave y eso todavía se tiene que presentar y aprobar en los reglamentos respectivos.
Es también una costumbre, que la presidencia de la república envíe alguna iniciativa de reforma o creación de alguna ley, pero también es costumbre, que se entregue a algún diputado del partido en el poder, para que la presente, como ocurrió con el coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, quien así lo reconoció al presentar la iniciativa de reforma:
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de MORENA
“Por petición expresa del ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, expongo lo siguiente:
Para que la Secretaría de Gobernación cuente con las condiciones para atender sus cruciales y delicadas tareas como responsable de la política interior es necesario que las responsabilidades y tareas que en materia de seguridad pública le fueron conferidas en el pasado, sean depositadas en otra dependencia, en una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya misión y tarea central, casi única, sea la seguridad pública y la protección de la población ante cualquier riesgo o amenaza.
En el documento se aclara que “No es la intención volver al modelo que existió en el periodo 2000-2011, y que no funcionó, sino ir hacia un modelo diferente, a un paradigma y una visión en que, aprendidos los errores del pasado, podamos hacer frente a los retos del presente.
La Secretaría de Gobernación seguirá al frente de la política interior en sus diversas y complejas manifestaciones, como lo son la relación del Ejecutivo federal con los otros dos Poderes de la Unión y con los Ejecutivos de las entidades federativas, así como el respaldo a las autoridades municipales; la normatividad de los medios de comunicación, electrónicos e impresos; las políticas y acciones en ámbitos de singular importancia, como lo son la migración, tanto en lo que hace al apoyo de nuestros conciudadanos como de quienes atraviesan nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos de América.
Es por lo anterior, y para dar paso a la nueva estrategia de seguridad que devuelva a la sociedad la paz y tranquilidad, que en esta iniciativa se propone la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que además de transferir la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia, se propone confiar también las relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales, siempre con el invaluable apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, a través de los panes de auxilio que todos conocemos y apreciamos.
En esa dirección, la iniciativa que hoy someto a consideración de esta soberanía, por encomienda del presidente electo, propone la sustitución del nombre, visión y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social para dar lugar al surgimiento de la Secretaría del Bienestar, como polo articulador de las políticas sociales del nuevo gobierno, en las que habrán de confluir todas las secretarías y dependencias de la administración pública federal, especialmente las directamente vinculadas al bienestar de la población, como son la de salud, la de educación y la de cultura, para las cuales se proponen cambios y adecuaciones en el mismo propósito de alinear sus atribuciones y propósitos al objetivo común que es elevar el bienestar de toda la población, especialmente el de los más pobres.
En el tema de eficiencia, transparencia y combate a la corrupción se reconoce que si la inseguridad y la violencia son el flagelo que más lastima a la sociedad, la corrupción es la que más la ofende. La corrupción se ha extendido como un cáncer en el cuerpo del Estado, afectando todos sus órganos y afectando gravemente la valoración y confianza de la sociedad en sus gobernantes y legisladores.
La corrupción no es exclusiva del aparato público, por el contrario, se entrelaza y nutre de actividades de agentes privados que de ella hacen instrumento para la obtención de enormes ganancias e ilegales fortunas. Es falsa la visión que atribuye la corrupción a un asunto cultural o una particular forma de ser de los mexicanos.
Los escandalosos casos de corrupción de servidores públicos de que la sociedad se ha enterado en años recientes, lesionan la imagen de todos los gobiernos y eso debe ser atajado y corregido de inmediato.
Las compras del sector público son una fuente potencial de corrupción a todas las escalas y a todos los niveles, pero como ha dicho el presidente electo, “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Bajo esa visión, en esta iniciativa se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea dotada de las facultades para consolidar compras de la administración pública federal, en todos los mercados de bienes y servicios, cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas y para los destinatarios de esos bienes o servicios, como es el caso de las medicinas, de los bienes de consumo generalizado o de servicios indispensables para la marcha general de las dependencias y entidades de la administración.
En la misma dirección, se propone que la Secretaría de Hacienda refuerce sus atribuciones en materia de normatividad y regulación de los contratos de obras públicas, con el apoyo e intervención, también reforzadas, de la Secretaría de la Función Pública, la que adecua sus facultades, conforme a la presente iniciativa, al marco constitucional y legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que deberá avanzar con pasos rápidos para alcanzar los propósitos que le dieron vida.
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