Se entendería que reporteros de las “Agencias” informativas andaban a la caza de Vázquez Jiménez hasta que dieron con los “documentos oficiales” del Órgano de Fiscalización.
Así, el despacho de Contadores y Abogados Corporativos S. A. de C. V. participó en la revisión de la Cuenta Pública 2015 con una auditoría financiera por la que cobró 280 mil pesos (no se dice si el despacho incurrió en anomalías).
Por otros 70 mil 600 pesos participó en la revisión financiera del Fideicomiso No. 1986, constituido para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, “obra que presentó un sinnúmero de irregularidades y que sólo pudo ser concluida con el cambio de administración”.
Y en 2014 su despacho fue contratado por la Contraloría General del Estado para que auditara los programas FAM 2010 y 2011, así como el FAIS 2011, “sin embargo, a pesar de haber cobrado por esos trabajos nunca presentó los resultados de la revisión” (no se dice cuánto cobró).
Con un añadido más: la nota recuerda que el investigador de la Universidad Veracruzana Víctor Manuel Andrade acusó que ese despacho incurrió en irregularidades durante la adjudicación de un contrato de auditoría a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) en la cuenta pública 2017.
“Hecho que podría derivar en daño patrimonial para ese organismo, por lo que solicitó que Vázquez Jiménez se separara del cargo”.
Si es cierta la información y si el presidente del Comité de Participación Ciudadana es responsable de alguna irregularidad o de algún ilícito, extraña que cuando asumió la administración nadie del gobierno yunista haya detectado alguna anomalía y haya hecho la denuncia correspondiente.
La denuncia alcanzaría forzosamente al Contralor General del Estado en 2014 Ricardo García Guzmán así como al actual titular del Orfis Lorenzo Antonio Portilla Vásquez (designado para el cargo por la LXII Legislatura para el periodo 2012-2019), al menos por omisión por haber permitido el presunto “maquillaje” y no haberlo denunciado o actuado en consecuencia.
Sergio Vázquez Jiménez debe ser investigado y si resulta responsable de alguna irregularidad o de algún ilícito, no solo debe renunciar a su actual cargo sino que también debe ser denunciado.
Toma en serio su papel y denuncia también
Pero pienso que independientemente de alguna responsabilidad que pudiera resultarle, eso no impide que se investiguen las diversas denuncias que ha venido haciendo en contra de la administración estatal y de diputados de la LXIV Legislatura.
En “Prosa aprisa” del 29 de agosto pasado comenté que al acto en que rindieron protesta los integrantes del Comité que preside Vázquez Jiménez el 14 de junio en el Museo de Antropología, los miembros del Comité Coordinador, representantes de los órganos de gobierno, recibieron la instrucción del Palacio de Gobierno de no asistir.
La razón fue porque ese organismo se integró y se constituyó legalmente al margen del Gobierno estatal cuando las actuales autoridades estaban ocupadas y entretenidas en imponer al Fiscal Anticorrupción y a doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ciudadanos y organizaciones de ciudadanos fueron los que decidieron. No eran incondicionales del yunismo, tanto que de hecho su primer pronunciamiento fue en contra de la imposición del ahora Fiscal Anticorrupción que responde a los intereses de la administración que ya se va.
Como respuesta, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emitió un decreto por el que se creó el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, un organismo alterno presuntamente ciudadano pero controlado por la Contraloría General del Estado.
Pero los del Comité de Sergio Vázquez han tomado su papel muy en serio, tanto que el pasado 24 de octubre, al convocar a su tercera sesión ordinaria, denunciaron que personal de la Contraloría General del Estado estaba extorsionando a funcionarios estatales, o sea yunistas a yunistas, exigiendo dádivas para evitar que los inhabilitaran por procesos administrativos que les seguían.
El presidente del organismo dijo que cuatro personas se habían quejado que les pedían un automóvil o hasta 250 mil pesos. Ese día la sesión fue cancelada al final porque no se presentaron los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, todos funcionarios vinculados al yunismo, a los que amenazó con denunciar por su incumplimiento.
Pero eso no impidió que se presentara una denuncia ante la propia Contraloría, cuyo titular Ramón Figuerola Piñera respondió que ya se había abierto una investigación, de la que no se sabe nada en concreto.
Luego, el 14 de noviembre el Comité presentó la aplicación “¿Qué quieres qué los diputados pregunten en las comparencias?, mediante en el cual los ciudadanos pueden realizar preguntas para que los legisladores locales las hagan a su vez a los funcionarios que están compareciendo.
Acaba con la tolerancia y la paciencia oficial
Lo que al parecer acabó con la tolerancia y la paciencia oficial fue que el martes 6 de noviembre Vázquez Jiménez solicitó a la Contraloría Interna del Poder Legislativo que abriera una investigación y sancionara administrativa y/o penalmente a los exdiputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura responsables de un presunto acto de corrupción.
También pidió anular el Decreto 784 de dicha Comisión mediante el cual absolvieron a al menos 43 exalcaldes (podrían ser 64) del desvío de recursos por un monto de 325 millones 797 mil 801 pesos con 41 centavos, facultad que, afirma, correspondía solo al Orfis.
Quizá previendo el problema que se venía, el 7 de noviembre el propio titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se deslindó de cualquier situación o irregularidad que se pudiera generar luego de que había entregado los informes de resultados de fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio 2017.
El caso es que ayer Sergio Vázquez “reconoció” que la LXV Legislatura le haya dado entrada a su denuncia para revocar el dictamen que aprueba la Cuenta Pública 2017.
No solo eso. Solicitó que se investigue por qué razón los diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura “borraron” 327 millones de pesos de las observaciones hechas por el Orfis a la Cuenta Pública 2017.
“¿A quién favorecieron y qué recibieron a cambio para haber actuado de esa manera?”, preguntó y pidió que se sancione a estos diputados, “con el desafuero de ser necesario, con la finalidad de dar claridad y transparencia a la revisión de la Cuenta Pública del año pasado”.
Exigió además que en tanto no se aclare el tema de la cuenta pública 2017, el diputado Juan Manuel Unanue se separe de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura y ponga a la vista las 60 cajas “que dijo son el soporte de la solventación que hicieron, así como las minutas que firmaron en las reuniones que sostuvieron para avalar la cuenta pública 2017”.
“Es necesario que no quede impune la actuación de los diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, remató.
Digo líneas anteriores que Sergio Vázquez debe ser investigado, pero se deben investigar también sus acusaciones. Los veracruzanos queremos transparencia y cuentas claras. Se trata de nuestro dinero, de lo que pagamos en impuestos.
Por lo pronto se debe comprar un buen paraguas y un buen abrigo porque de que le va a llover lodo, le va a caer un tsunami encima. Amenaza muchos intereses. Pisó un callo. ¡Ouch!
¡Y Morgado se fue del PRI!
¡Recórcholis! ¡Y que renuncia Gonzalo Morgado al PRI!
Yo creí que primero vería cumplirse la referencia de Marcos (10:25) de que primero vería un camello pasar por el ojo de una aguja antes que él renunciara al que fue el partido de toda su vida o durante 45 años.
En carta con su firma se lo notificó ayer a Américo Zúñiga, presidente del CDE tricolor, a quien le aclaró que tomó su decisión cuando no hay proceso electoral “para evitar interpretaciones equivocadas”. Trascendió que Américo casi se cayó de su silla.
¿El motivo? Lo impulsó un “entusiasmo” por participar “junto con un gran equipo de políticos veracruzanos de varios partidos políticos” en un nuevo partido estatal (se llamará Podemos, nombre copiado de uno de izquierda que hay en España fundado el 11 de marzo de 2014) desde el que buscarán hacer política “para un Veracruz mejor”.
Se sabe que aparte de políticos de otros partidos, varios hasta ahora “exdistinguidos priistas” se irán a Podemos. Ya le ganaron el brinco a Héctor Yunes que pretende hacer de “Alianza Generacional” un partido también. Igual se sabe que no lo apoyarán en su nuevo intento de buscar la gubernatura. ¡Ah!, lo que ha provocado Morena.
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