Ha sido el negrito en el arroz en las reuniones que ha empezado a realizar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el tema de la seguridad. Y, sin embargo, pese a estar en una condición vulnerable, el domingo pasado aseguró a la prensa que nadie puede obligarlo a renunciar al cargo; es más, señaló que si se enfilan contra él las baterías legales para hacerlo, tomará cartas en el asunto para echarlas atrás.
“Cada quien tiene derecho a plantear lo que quiera, estamos en un estado de derecho donde la gente puede promover lo que considere y evidentemente las decisiones no las toma una sola instancia, hay instancia legislativa, judicial y de la Suprema Corte de Justicia”, dijo, y aseguró que la intención de que salga del cargo por parte del gobernador y su secretario de gobierno son meras maniobras políticas.
Yunes Linares lo obligará a mantenerse ahí, porque su ineficacia y sus omisiones son lo que más le interesa a un exgobernador que tiene una cola enorme que le pisen en el actual gobierno.
Winckler, además, debe limpiar cientos de expedientes en la Fiscalía que implican a la dupla en maniobras extralegales que pueden implicar acciones judiciales en su contra, como ya están saliendo a la luz con las declaraciones de los abogados de exfuncionarios duartistas, obligados –según sus confesiones– a entregar propiedades y sumas de dinero a cambio de ablandar sus procesos.
Lo más doloroso de su presencia en el cargo proviene de las denuncias de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, para los que tanto Yunes como Winckler solo expresaron actitudes indolentes y omisas, al grado de que el gobernador Cuitláhuac García lanzó como acción inmediata de gobierno en el cuerpo de su discurso al tomar posesión del cargo ante el Poder Legislativo, la puesta en marcha del programa emergente en materia de desaparición de personas, apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita del domingo, pero que muchos de cuyos rubros podrían ser inejecutables al pasar por la competencia del Fiscal.
Está más que visto que Winckler se defenderá como gato boca arriba. La vía del juicio político en el Congreso local puede llevar hasta dos años para tener resultados, porque el titular de la FGE puede recurrir incluso ante instancias federales como la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo puede ocurrir con el intento por dotar al Congreso de facultades para destituirlo, lo que difícilmente puede tener un buen resultado porque no hay posibilidad de aplicar retroactivamente una ley.
Todo ello lo buscará aplicar el grupo yunista que está detrás de Winckler que, a todas luces, tiene la intención de entorpecer la aplicación de la justicia como una forma de estigmatizar al primer gobierno estatal de Morena en Veracruz.
Desestabilización política, desacreditación pública, ataques mediáticos a través de sus aliados (que se mantendrán en el caldero blanquiazul gracias a jugosos flujos económicos a través de los ayuntamientos, en particular el de Veracruz), torpedeo de los intentos por lograr justicia para los familiares de desaparecidos, bloqueo de los expedientes de denuncia contra actos de corrupción en el gobierno de Yunes, en fin, todo lo que pueda significar minar la credibilidad de Cuitláhuac García están en el atrincheramiento de Winckler en la Fiscalía General. A no ser que se investigue a fondo, sin su intervención por supuesto, de los nexos del Fiscal con actos de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada. Y puede venir el apoyo directamente del gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República.
Las benditas redes sociales
“Primer asesinato de periodista bajo nuevo gobierno. Empieza el conteo…
Legado de @EPN:
- 47 periodistas asesinados
- 12 periodistas asesinados en 2017, el año más letal
- 99.2%, impunidad en los crímenes contra periodistas
¿Cambiará con @lopezobrador_?”
Dolia Estévez @DoliaEstevez
La denuncia contra Yunes-Winckler
En este clima de animadversión contra el Fiscal Winckler, resalta la denuncia pública hecha por los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el sentido de que el exgobernador Miguel Ángel Yunes utilizó recursos públicos para comprar la casa en Woodlands, Texas, para que el exfuncionario encarcelado en Pacho Viejo declarara en contra de Javier Duarte de Ochoa.
Según el portal capitalino SDPnoticias, documentos que obra en su poder “prueban cómo Yunes Linares ordenó la transferencia de recursos públicos para adquirir el crédito vigente de la casa propiedad de Bermúdez Zurita en Texas con la financiera estadunidense AV Real State, LLC, con fondos que salieron desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado de Veracruz.
“El trato fue firmado por Miguel Ángel Yunes Linares el 21 de junio del año 2018, luego de que en compañía del abogado defensor de Bermúdez Zurita, Rodolfo Reus, viajó a Texas para personalmente cerrar los tratos económicos y obtener los derechos de la propiedad.
“Se trata de la casa ubicada en el 23 Shimmering Aspen Drive, Spring, Texas, en el área postal 77389 de Woodlands, en el Condado de Harrys, que Yunes Linares mostró en un video de 8 minutos 33 segundos de duración ese mismo día y que dijo era del también ex gobernador Javier Duarte de Ochoa”.
“Para liquidar el crédito de la propiedad que Bermúdez Zurita adquirió a plazos, Yunes Linares autorizó la salida desde la Sefiplan veracruzana de al menos 220 mil dólares estadunidenses, unos 4 millones 400 mil pesos, según el tipo de cambio del 21 de junio de este año.
“Arturo Bermúdez Zurita confirmó las operaciones en relación a la casa en Woodlands, misma que no había terminado de pagar en la visita del gobernador Yunes Linares.
“Adelantó que este lunes sus abogados presentarán una denuncia contra Yunes Linares y su Fiscal General, Jorge Winckler Ortíz, por distintos delitos que incluyen tortura, extorsión, fraude procesal, simulación de actos jurídicos, entre otros. El exsecretario de seguridad pública de Veracruz, se encuentra en prisión preventiva por el delito de desaparición forzada de personas.”
Daniela Rea y Miguel León, orgullo de la UV
Dos periodistas egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV han sido reconocidos con el máximo galardón en la disciplina, el Premio Nacional de Periodismo (PNP) 2017: Daniela Rea y Miguel León Carmona.
Este lunes, el jurado del PNP dio a conocer en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) los resultados del máximo galardón al periodismo nacional. León Carmona obtuvo el premio en la categoría “Noticia” por el trabajo “El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó”, publicado en los medios La Silla Rota y e-consulta, mientras que Daniela Rea Gómez lo obtuvo en la categoría “Entrevista”, por el trabajo titulado “Puedes ver a un niño y pensar que no hay futuro”, publicado en Pie de Página.
Rea Gómez también obtuvo este año el “Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos humanos”, otorgado por la ONU, la Universidad Iberoamericana, la Agencia France Presse (AFP) y la Embajada de Francia en México. Respecto del trabajo que le valió el PNP, el jurado destacó que visibiliza cómo la violencia de la llamada guerra contra el narco ha permeado en los niños.
En tanto, el jurado destacó la oportunidad, trascendencia y pertinencia del trabajo de León Carmona. Dijo que éste constituye un “intenso trabajo de campo y estructura narrativa para documentar el grave problema de las fosas clandestinas y la desaparición forzada”, según se lee en el acta publicada por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional Periodismo, AC.
La participación de la UV en el marco del Premio Nacional Periodismo ha estado señalada en diversas facetas: ocupa un lugar en el consejo directivo, ha ocupado la presidencia del mismo, sus académicos han formado parte del jurado y han fungido como presidentes del grupo calificador. Al día de hoy, la académica Teresa Arroyo Gopar ocupa la presidencia del jurado.
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