El morenista oriundo de Otatitlán también se ha pronunciado contra el falso Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, quien ha sido el intermediario entre el gobierno yunista y los exfuncionarios duartistas para fraguar negocios a cambio de arreglos de impunidad. Y ha expresado sus reservas respecto del pésimo trabajo desplegado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, poseedor de uno de los más largos rosarios de ilegalidades en sus casi dos años al frente del Poder Judicial.
A él se han unido los diputados locales de Morena, quienes han dado entrada en el Congreso a las demandas de juicio político contra Jorge Winckler y a denuncias por corrupción tanto del presidente del Tribunal Superior de Justicia como de jueces, instruidos para actuar en sentido contrario a la ley y mantener en las peores condiciones a exfuncionarios duartistas que enfrentan sus procesos penales en prisión, cuando la ley les permitiría hacerlo en libertad.
En capilla, funcionarios del Registro Público de la Propiedad
Lo que más recientemente se está abriendo es la enorme corrupción, ilegalidad y complicidad con que están actuando los funcionarios yunistas de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), no solo implicados en la ocultación de información sobre los bienes de la familia Yunes, sino también en el trasiego y encubrimiento de los datos relacionados con varias propiedades “recuperadas” fuera de norma por el propio gobernador, que no fueron entregadas al gobierno estatal.
Estas afirmaciones sobre bienes y recursos financieros recuperados por la vía del denominado ‘vómito negro’, que habría permitido, por ejemplo, que el Fiscal General usufructuara hasta hace poco un inmueble en el Campo de Golf de Xalapa, que estaría a su nombre (lo que no ha sido posible corroborar por la negativa del RPPC), simplemente han sido descalificadas por el gobernador con la simple frase de “eso no es cierto”.
Esta semana, Cisneros Burgos denunció que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Dirección General del Registro Público de la Propiedad han mostrado un sospechoso entorpecimiento en la entrega de información completa de sus áreas.
En el primer caso, hace tiempo que se hizo clara una intencionalidad de parte de Yunes Linares de dejar verdaderos conflictos en materia de seguridad y es posible que los archivos que contengan información sobre las áreas de mayor violencia criminal en el estado, las bandas delictivas que operan en nuestro territorio, el número de efectivos de las corporaciones policiacas estatales, incluso, la forma de operar de las centros informáticos que se alimentarían con las cámaras de videovigilancia, se las lleven a casa para que el próximo gobierno muestre serias dificultades para bajar los índices delictivos en el corto y mediano plazos.
En el segundo caso, el del Registro Público de la Propiedad, tanto Enrique Becerra Zamudio como Jorge Lince de la Peña, director general y subdirector de la dependencia, deben estar verdaderamente entrampados en un operativo para ocultar o modificar acciones registrales que implican el traslado de bienes inmuebles de exfuncionarios corruptos, a quienes se les habría amenazado con cárcel y la posibilidad de evadirla con la entrega de recursos y bienes muebles e inmuebles, hacia colaboradores y familiares del gobernador, por sí o por prestanombres.
De otra manera no se explicaría que, a menos de 10 días de dejar el gobierno, los equipos de entrega-recepción sigan forcejeando por la información tanto en el RPPC como en la SSP.
Cisneros dijo a la prensa que en áreas como el Registro Público de la Propiedad no se ha entregado información, a pesar de que es una de las dependencias donde está lo correspondiente a las propiedades que se hicieron y recuperaron en esta administración, mientras que en SSP sigue pendiente que se informe sobre el programa de videovigilancia y la adquisición de cámaras y dónde están conectadas, pues se trata de más de mil 200 millones de pesos que se pagaron y no se ha cumplido con el trabajo.
Diputados panistas podrían perder el fuero… y el foro
Lo de las labores de limpieza profunda y desinfección que los diputados panistas aplicaron al informe de la cuenta pública de 2017 en las dependencias del Ejecutivo y diversos organismos estatales, sin que tuvieran facultades para ello, está creciendo como la espuma.
A petición del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la actual Legislatura dio entrada a la denuncia para la revocación del dictamen que aprueba la cuenta pública 2017. El presidente del organismo ciudadano contemplado en la Ley Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, habría solicitado que se investigue por qué razón los diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura borraron 327 millones de pesos de las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017.
“¿A quién favorecieron y qué recibieron a cambio para haber actuado de esa manera?”, cuestionó Vázquez Jiménez, y dijo que han solicitado que se sancione a estos diputados, con el desafuero de ser necesario, con la finalidad de dar claridad y transparencia a la revisión de la Cuenta Pública del año pasado.
Y fue más allá este martes: exigió que en tanto no se aclare el tema de la cuenta pública 2017, el diputado Juan Manuel Unanue se separe de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura y ponga a la vista las 60 cajas que dijo son el soporte de la “solventación” que hicieron, así como las minutas que firmaron en las reuniones que sostuvieron para avalar la cuenta pública 2017.
La revocación del dictamen de la cuenta pública 2017 debe tener continuidad, porque es a todas luces ilegal y en una nueva revisión así se confirmará; es necesario que no quede impune la actuación de los diputados de la Comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura, expresó el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Así que por todos lados les llega el fuego a los panistas.
Unanue responde el fuego con tiritos
De inmediato, en algunos portales informativos a modo, Juan Manuel de Unanue Abascal, quien fue el presidente de la Comisión de Vigilancia en la legislatura pasada (y a quien incluso se le señala de pedir a los alcaldes hasta el 30 por ciento del monto observado por el Orfis para limpiar sus expedientes), salió en “entrevista” a comentar sobre la circulación furtiva de documentos según los cuales la empresa Contadores y Abogados Corporativos SA de CV, propiedad de Sergio Vázquez Jiménez, habría participado en la revisión de secretarías y obras del sexenio de Javier Duarte que, en la revisión de la Cuenta Pública, resultaron con diversos señalamientos.
Les duele a los diputados panistas cómo han sido evidenciados por un personaje que ellos mismos eligieron para presidir el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Por eso, haciéndose eco de un documento cuya veracidad no ha sido comprobada, el diputado panista aficionado a las apuestas y casinos dijo que quien lo ha acusado desde el SEA debe responder a esos cuestionamientos y “en caso de ser cierto, tendrá que ser investigado pues ensuciaría el cargo que ostenta actualmente”.
En su defensa, Unanue solo dijo que el actuar de los exintegrantes de la comisión de Vigilancia, en la anterior Legislatura, fue limpio y legal, lo que tendrán que demostrar ahora que el actual Congreso lleve a cabo la investigación correspondiente. Hay que recordar que incluso el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se deslindó de la “operación Detergente”, implementada por los diputados panistas para limpiarle cara, pecho y fundillo al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
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