En los últimos meses la comunicación ha sido campo de batalla de ideas políticas contrarias. Algunos medios se han convertido en trincheras que pelean a muerte tener la razón y otras, que no son pocas, por cierto, crean sus propias noticias.
Estas posiciones encontradas que intentan dar cuenta de una misma realidad, están polarizando a la sociedad. Los intereses de los medios a veces no son los mismos que tienen los comunicadores y esto crea choques internos en cada medio y externos no sólo entre periodistas, sino de comunicadores y miembros de la sociedad, algunos de estos con intereses muy precisos que pueden poner la integridad de los comunicadores en peligro.
La tarea de informar no se limita a transmitir una versión sobre los hechos sino un contexto que explique las razones de cada noticia y pueda alertar sobre lo que puede pasar en cada ámbito de la realidad de nuestro país.
Es en el choque de ideas en donde los periodistas corren riesgos. La verdad no siempre es agradable para quienes se ocultan tras la simulación y las sombras, de ahí la necesidad de alertar a quienes intenten agredir a los comunicadores que ahora sí serán investigados los casos y sancionados de manera ejemplar los culpables.
Ante esta situación, la diputada federal, Tatiana Clouthier Carrillo presentó una iniciativa para agilizar el tiempo de respuesta necesario para dictar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
La propuesta pretende también ampliar las medidas de protección a dichos sectores.
Los legisladores indicaron que las medidas de protección actuales y los tiempos de respuesta de poco han servido para proteger a comunicadores y activistas. Sin embargo, han servido de mucho.
La relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó en un comunicado reciente el asesinato de los periodistas Jesús Alejandro Márquez y Diego García Corona, ocurridos durante el actual gobierno.
En su condena instó a redoblar esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención y protección de periodistas.
Las presiones en México contra los periodistas no son pocas, en Oaxaca, por ejemplo, seis periodistas que presentaron su denuncia penal ante la Fiscalía General de Oaxaca debido a su preocupación e indignación por el ambiente de violencia que permea en la entidad, la cual ya ha alcanzado al gremio periodístico. Fueron amenazados a través de las redes en dos ocasiones, bajo la advertencia de que no habría una tercera llamada.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, los periodistas que coincidentemente han publicado asuntos de corrupción, opacidad y abuso de autoridad en la presente administración gubernamental, consideran que esa amenaza “pone en riesgo la integridad física de cada uno de nosotros y de nuestras familias por la simple razón de ejercer esta profesión”.
Esto sin contar la desaparición del periodista Agustín Silva Vásquez, quien trabajaba para el diario “El Sol del Istmo” y desde el 22 de enero del 2018 se desconoce su paradero.
Los firmantes responsabilizaron directamente al gobierno del Estado de Oaxaca de cualquier acto en perjuicio de los periodistas y de sus familias.
Estar a favor o en contra del nuevo gobierno se expresa en los medios. No hay más arena de luchas que los medios. Esto provoca que los periodistas sean la parte visible de una guerra que busca no sólo contrapesos sino razones, argumentos, testimonios, pero sobre todo las partes en disputa quieren convencer y para convencer necesitan arriesgar.
La toma de posiciones políticas en este momento sucede en los medios. En las cámaras no existe el equilibrio suficiente como para que haya una pelea más o menos pareja, pero en los medios cada palabra es un golpe, y hay muchos golpes bajos, tan ilegales que rayan en la mentira y a veces hacen de un rumor un hecho consumado. En estas batallas los periodistas corren mucho riesgo.
El riesgo de los periodistas no se reduce a una anécdota política ni es una broma de la guerra sucia. Es una tragedia que debe evitarse a toda costa, prevenirse y darle certeza a cada comunicador con protección en todos los sentidos. Son los que sostienen los equilibrios en la opinión pública y el sustento de los contrapesos políticos que no lograron los partidos políticos.
Cuando la polarización política no era tan notoria, cuando las diferencias de opinión no eran antagónicas, cuando había contrapeso en las cámaras hubo muchas muertes de periodistas. Ahora, que la lucha a veces parece salirse de la norma, el riesgo es mayor. Deben redoblarse los mecanismos de protección para que no haya una muerte más en el periodismo nacional. Esto debilita la democracia y a todo gobierno que no lo evita y más aún que no lo castiga. PEGA Y CORRE.- Las anomalías del fiscal General de Veracruz, el engaño que creó coludido con su jefe el ex gobernador Yunes Linares, arrinconan a Jorge Winckler Ortiz, a quien se le colocará en el banquillo de los acusados al aprobar las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, del Congreso local para que se abra un juicio político en su contra por no vigilar el destino de los inmuebles consignados a Javier Duarte que finalmente siguen en manos de Duarte, o, lo que es peor de Yunes Linares… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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