En resumen, la tarde del 31 de diciembre los uniformados de la Fuerza Civil detuvieron a la familia del señor Abraham Rosado Zárate en la comunidad Santa Rosa municipio de Actopan, de donde son originarios pero ya están nacionalizados en Estados Unidos, presumiblemente porque les marcaron el alto a un vehículo en el que viajaban “con actitud sospechosa” pero no se detuvieron y “metros adelante descendieron lanzando disparos”.
Un menor de edad de la familia logró filmar con la cámara de su teléfono el momento en que los policías entraron a la casa en la que estaban y difundió las imágenes antes de que fueran detenidos y se lo quitaran, con lo que echó por tierra la versión que ahora defiende el jefe policiaco.
Según Gutiérrez Maldonado, “los oficiales sometieron a los agresores” y les “aseguraron armas de fuego largas y cortas”, 178 cargadores útiles y un cargador desabastecido. No las mostró.
La pesadilla de la familia terminó la madrugada de ayer jueves cuando el Ministerio Público Federal, ante el que fueron puestos a disposición, no encontró pruebas, al contrario comprobó que se habían violado sus derechos humanos, además de que salió negativa la prueba para verificar si habían disparado.
Ninguna novedad de la policía en Veracruz: los despojaron de todas sus pertenencias de valor, de sus pasaportes y de dos camionetas de su propiedad, además de que les “sembraron” las armas para inculparlos.
Ayer antes de redactar estas líneas consulté varias fuentes oficiales que sé que son creíbles, aunque me solicitaron anonimato, y no me dejaron ninguna duda de que sí se cometió la arbitrariedad y el abuso policiaco, así como de la violación de los derechos humanos de las víctimas.
Con su boletincito, Gutiérrez Maldonado piensa que va a impresionar a los veracruzanos, curtidos como están de tanto abuso policiaco y de la impunidad de la que han gozado los uniformados, protegidos además por los propios gobernantes como en el pasado inmediato por Miguel Ángel Yunes Linares.
No se demerita el trabajo de los buenos policías, que los hay, pero el nuevo titular de Seguridad Pública seguramente no se ha tomado la molestia de investigar el pasado de varios elementos, su actuación, como los que ejecutaron a dos hermanas en marzo pasado en Río Blanco, de acuerdo a imágenes que se difundieron entonces en las redes sociales.
En ellas se ve a una de las dos mujeres (Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 16 y 14 años de edad, respectivamente) sentada en el piso, con la cabeza agachada, sin armas y con un policía al lado pistola en mano, y enseguida desangrándose ya sin vida. Testigos citados por la prensa local dijeron que tenían tiros de gracia. Se demostraba que no había sido muerta en un enfrentamiento, como dijeron los policías.
Como reacción, en conferencia de prensa el fiscal Jorge Winckler Ortiz exculpó a los agentes y calificó de “irresponsables” a los medios que difundieron las imágenes (por fotos y video), en las que se veía además que la escena de los hechos había sido alterada. El gobernador Yunes Linares, a su vez, justificó a su fiscal.
Pero no fue el único caso en el bienio panista pasado.
Los hechos, los testimonios y la impunidad lastraron la falta de credibilidad en las policías aunque, más grave, dañaron irreversiblemente la declaración oficial del gobernador Yunes Linares, a quien los ciudadanos dejaron de creer y además le crearon desconfianza, lo que contribuyó también a la derrota de su hijo en las urnas en julio pasado, tan graves fueron las consecuencias.
Hoy el señor Gutiérrez Maldonado dio el primer paso para ir por el mismo camino y comprometer seriamente al gobierno de Cuitláhuac García, a quien además podría estarle creando un conflicto diplomático con el gobierno de Donald Trump.
En lugar de mostrarse cauto, ofrecer que se investigaría para tener la certeza de lo que realmente pasó, el nuevoleonés se apresuró, fue contundente y metió las manos al fuego por sus elementos. Las imágenes y la determinación del fiscal federal lo han puesto en serio predicamento porque desmienten la versión que avala.
Y cuando todo indicaba que por el momento el asunto quedaba hasta ahí, ¡zas!, que sale el Secretario de Gobierno Eric Cisneros dando su propia versión sin ser autoridad ministerial, que difiere de la del titular de Seguridad Pública, asegurando que los paisanos gringos ¡“tenían fusiles de asalto”! (válgame Dios), “más de 500 cartuchos y pistolas del uso exclusivo del Ejército”. No aclaró si sustituyendo al Fiscal hizo su propia investigación o en qué se basó para afirmarlo, que su testimonio puede complicar la investigación del proceso. Ya me imagino a Jorge Winckler botado de la risa.
A sus dos colaboradores los tuvo que poner en su lugar el propio gobernador Cuitláhuac García, quien prudentemente dejó el esclarecimiento de los hechos a una investigación, anunció la suspensión y detención de los policías en tanto se determina su responsabilidad y fue muy claro al declarar que en su gobierno no se permitirán excesos. ¡Ah! Y aclaró que sí se encontraron armas ¡pero para la caza de venados!, porque uno de los agredidos practica la cacería. ¡Vaya lío!
La peor plaga que sufren Veracruz y los veracruzanos es la de la violencia, que no puede empezar desde adentro mismo de las instituciones. Los veracruzanos tienen al titular del Ejecutivo en la etapa de la observación para darse una idea de cómo será su gobierno. No puede darse el lujo de fallar. Debe pasar la prueba y ganarse la confianza y la credibilidad ciudadanas, que es lo que además está en juego, ni más ni menos, actuando sin titubeos contra los policías si se les comprueba su responsabilidad (mis fuentes me aseguraron ayer que sí la tienen) y no permitiendo la impunidad, se trate de quien se trate. Los ciudadanos se lo reconocerán. |
